opinión*
Negligencia e impunidad en el sector salud
por Araceli Damián

Por Araceli Damián

Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles son dos de las casi 500 víctimas que, durante los noventa y la primera década del S. XXI, fueron utilizadas como conejillos de indias en una institución mexicana de salud pública: el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN).

Ambos padecían hidrocefalia y les implantaron una válvula experimental para drenar el exceso de agua de su cabeza. Al momento de ser sometidos al experimento, existían válvulas que funcionaban adecuadamente y que eran exitosas para el tratamiento requerido; sin embargo, les fue implantado indebidamente el modelo diseñado y patentado por el médico cirujano Julio Everardo Sotelo Morales, quien en ese momento era el director del INNN.

Según publicaciones de Sotelo (1), el modelo experimental, denominado “sistema de derivación ventrículo-peritoneal para el tratamiento de la hidrocefalia” (SDVP), tenía beneficios para los enfermos. No obstante, diversos pacientes se quejaban de problemas y complicaciones inherentes al mismo, como dificultad para conciliar el sueño, severos dolores de cabeza e inestabilidad en el cuerpo. En el INNN se tiene registro de 474 pacientes que recibieron el implante, la mayoría de los cuales ni siquiera sabe que su condición de salud se pudo deteriorar a consecuencia del mismo.

Algunos de los afectados, como Yolanda Guerrero Caballero, tomaron cartas en el asunto; sin embargo, como en muchas otras ocasiones prevaleció la impunidad. Para Yolanda todo inició en 2004, cuando indebidamente médicos residentes, no adscritos al INNN, le implantaron el SDVP sin informarle que se trataba de un dispositivo experimental. A pesar de que el SDVP mostró no tener utilidad durante más de dos años, el personal médico adscrito al INNN determinó mantener el tratamiento experimental. Fue hasta mayo de 2007 que se decidió instalar una válvula de derivación clínicamente aprobada como reemplazo del SDVP.

Debido a la afectación a su condición de salud, en 2009, Yolanda interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que el Ministerio Público solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) un dictamen médico respecto a la atención que recibió Yolanda Guerrero en el INNN. El documento concluyó, a grandes rasgos, que hubo mala praxis al implantar un dispositivo experimental sin protocolo de investigación, sin la aprobación de las autoridades sanitarias y sin la autorización de la paciente (2). Existen otras denuncias de afectados, con dictámenes emitidos por la CONAMED en el mismo sentido (3).

Las irregularidades en la investigación del INNN constituyen una violación grave a los derechos humanos, no sólo de Yolanda, sino de los 474 pacientes (posibles víctimas) que recibieron el implante.

Además, la investigación del Dr. Sotelo violó las normas que regulan la provisión de servicios de salud y de control sobre la investigación clínica. De acuerdo al Art. 100 de la Ley General de Salud (fracción IV), para la investigación en seres humanos, “se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud…” En el reglamento de investigación derivado de esta ley, se especifican requisitos adicionales para poder proceder con la investigación en seres humanos (Art. 20, 21 y 22).

Por ejemplo, debe constar que el consentimiento por escrito del paciente o representante legal, debe ser un consentimiento informado, que le permita elegir libremente, al conocer molestias o riesgos y los procedimientos alternativos; se debe garantizar su libertad de retirar el consentimiento, y debe estar enterado de que podrá contar con tratamiento médico e indemnización en caso de daños causados por la investigación, etc. Además, el consentimiento tiene que ser redactado por el investigador principal, revisado por el Comité de Ética de la Institución y firmado por dos testigos. El INNN no ha presentado pruebas de haber cumplido con estos requisitos. Además, según la Auditoría Superior de la Federación, el experimento careció de registro ante la Secretaría de Salud (4).

Desde 2007, la Cámara de Diputados aprobó un Punto de Acuerdo (PA) presentado por el Dip. Ricardo Cantú en el que se solicita una investigación debido a que, según el PA, está amplia y profusamente documentado que la negligencia médica llevó a la muerte a algunos pacientes según consta en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los familiares (5).

De igual forma, el 28 de junio pasado fue aprobado, por la Comisión Permanente, un PA que presenté para exhortar a la PGR a retomar las investigaciones, a la Secretaría de Salud a que atienda a los pacientes con secuelas derivadas del experimento y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que asista, atienda y garantice el derecho de las víctimas a la reparación de daños.

Es lamentable que, mientras que las víctimas no han encontrado justicia y que muchas de ellas desconocen las repercusiones del experimento, el responsable, Julio Sotelo, sigue colaborando como jefe de la Unidad de Neuroinmunología en el INNN, goza de fama nacional e internacional. La PGR me ha negado, en mi carácter de diputada, darme información sobre el estado de las investigaciones. Si no se aclara este caso, el Procurador General de la República Raúl Cervantes y la subprocuradora de Derechos Humanos Irene Herrerías Guerra deben renunciar.

*Con información sistematizada por Johan Gordillo García.
1) Registrado en 1992 y con patente 184039, otorgada en 1997 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, véase Catálogo de inventores, México, Secretaría de Economía, p. 280.
2) Dictamen Médico 227/09, que forma parte del Expediente CONAMED 895/09.
3) Véase con mayor detalle en el Punto de Acuerdo que presenté y se aprobó recientemente, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al respecto: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71560
4) Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2006, México, Vol. 4, t. 5, p. 462. http://www.asf.gob.mx/trans/Informes/IR2006i/Tomos/T5V4.pdf#page=420&zoom=100,0,185
5) “Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 13 de marzo de 2007, (Anexo III).

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.


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