Suprema Corte atrae amparos que ordenaron crear 'Comisión de la Verdad' para Caso Ayotzinapa; Centro ProDH advierte que fallo viola derechos de víctimas
El gobierno de Sheinbaum argumentó que crear una Comisión de la Verdad podría violar el principio de división de poderes; mismo razonamiento que usó el expresidente EPN para incumplir el fallo judicial
- Redacción AN / JOF
Sin debate y en votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó ejercer su facultad de atracción para revisar de manera extraordinaria cuatro sentencias de amparo en las que se ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno de México la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer a fondo el caso Ayotzinapa.
A petición de la Consejería Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, ocho de los nueve ministros aprobaron cuatro proyectos de resolución para que el Pleno de la Corte reabra los juicios de amparo que ya habían sido resueltos a favor de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y desaparecidos el 26 de septiembre del 2024.
De acuerdo con la resolución, la Solicitud de Facultad de Atracción (SEFA) tiene como propósito revisar si la orden dictada por un tribunal federal para la creación de una “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” viola los principios de división de poderes y de relatividad, debido a una presunta invasión a la esfera legal del Poder Ejecutivo.
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Impedimento de ministra
Previo a la votación, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para votar este asunto, debido a su desempeño como Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República en el sexenio del expresidente Peña y como Fiscal en la misma materia cuando la PGR se convirtió en fiscalía autónoma a partir del 2019, impedimento que fue aprobado por el resto de ministros y ministras.
Tras la resolución, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) advirtió que este fallo viola los principios de seguridad jurídica y cosa juzgado, derivado de la Suprema Corte va a revista el fallo de un tribunal federal que desde el 2018 había emitido su sentencia a favor de las víctimas del caso Ayotzinapa.
El Centro ProDH agregó que la determinación de la nueva Corte “lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, va a provocar más retrasos para el cumplimiento de una sentencia firme en la que se reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con una participación activa de las víctimas”.
El organismo que lleva la representación jurídica de un grupo de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sentenció que el fallo judicial sienta un precedente en contra de las víctimas al revisar una sentencia dictada hace 8 años, generando incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilitando la certeza jurídica de una sentencia que debería ser definitiva.
Además, se acusa al gobierno de Sheinbaum de recurrir a los mismos argumentos que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para impedir el cumplimiento de la sentencia que ordenaba a la PGR y luego a la FGR dar el reconocimiento formal de víctimas a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Por lo anterior, el Centro ProDH dijo que a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el fallo de la Suprema Corte retrasara más el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias; además de colocar un nuevo obstáculo que se suma a la negativa de las Fuerzas Armadas para la entrega de información de inteligencia que ayudaría a esclarecer los hechos.
El fallo del 2018
En mayo del 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó a la Procuraduría General de la República reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades y torturas detectadas en las indagatorias, además de ordenar a esa instancia y al gobierno de México la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación) para garantizar una investigación independiente y efectiva.
En el fallo que derribó la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa se concluyó que la PGR no exploró las líneas de investigación que apuntaban a presuntas omisiones y vínculos del Ejército Mexicano con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, por lo que se recurrió a pruebas maniulpadas y la tortura de imputados para apuntalar la versión oficial de que los 43 jóvenes fueron privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula el mismo día de los hechos.
La sentencia de estos amparos se derivan de procesos legales iniciados por los propios acusados, pero lejos de darle cumplimiento a la misma, el gobierno de Peña las impugnó con el argumento de que las autoridades debieron haber sido llamadas a juicio.
Pese a que las cuatro impugnaciones fueron promovidas desde el 2018, es decir, hace 8 años, fue hasta hasta octubre de 2025 que se admitieron y ya en 2026, a petición del gobierno de Sheinbaum, se presentó ante la Suprema Corte la petición de ejercer la facultad de atracción, argumentando la imposibilidad de una Comisión de la Verdad sin violar la división de poderes.
