Una reforma constitucional para garantizar el derecho a la dignidad humana | Artículo
El autor analiza la ruta de aprobación de una de las cinco reformas constitucionales de mayor trascendencia de las tres últimas décadas en México.

Rogelio Muñiz Toledo

“El progreso es la realización de las utopías”: Oscar Wilde*

En las próximas semanas podría aprobarse una de las cinco reformas constitucionales de mayor trascendencia de las tres últimas décadas y, con la de derechos humanos de 2011 y la de paridad entre géneros de 2019, una de las tres más relevantes en lo que va del siglo XXI.

El dictamen aprobado el miércoles pasado en comisiones de la Cámara de Diputados tiene varios aspectos debatibles que debieran ser modificados cuando se discuta en el Pleno de los diputados o en el Senado, para que la reforma al artículo 4o. constitucional garantice el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la dignidad humana y contribuya a cerrar las brechas de desigualdad, a erradicar la pobreza y a avanzar en el imperativo de la justicia social en el país. Sin embargo, el sentido del dictamen es el correcto: reconocer a nivel constitucional un conjunto de derechos sociales inherentes al derecho fundamental a la dignidad humana.

La deficiencias del dictamen derivan fundamentalmente de que, como suele suceder cuando las mayorías parlamentarias son afines al titular del poder ejecutivo, en las comisiones no se modificó sustancialmente la iniciativa del Presidente de la República, se mantuvieron las imprecisiones que contenía y no se subsanaron los faltantes; además, al aprobarla sin el consenso de las oposiciones, no fue posible enriquecerla para establecer las bases constitucionales de una política social, o de bienestar, que sirva de marco al ejercicio de estos derechos.

La iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador en noviembre de 2019 propone incorporar al artículo 4o. constitucional el derecho universal a la salud, establecer la obligación del Estado de garantizar el goce de un apoyo económico para las personas con discapacidad permanente, reconocer el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva y establecer un sistema de becas para estudiantes en condiciones de pobreza, en todos los niveles educativos.

Sin embargo, tanto la exposición de motivos como el texto de la iniciativa tiene un problema de fondo: aunque en algunas partes se hace referencia al derecho convencional, la propuesta de reforma está construida fundamentalmente con el objetivo de llevar a la Constitución los programas sociales de la 4T, como lo ha mencionado expresamente el presidente López Obrador, y no para reconocer a nivel constitucional los derechos sociales cuyo ejercicio se garantiza con esos programas.

El reconocimiento de estos derechos en la Constitución Federal tiene bases sólidas en el derecho constitucional y convencional, existen suficientes criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la reforma y hay un precedente relevante en el proceso constituyente que concluyó con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 2017.

El derecho fundamental a la dignidad humana se encuentra en los artículos 1o. y 25 constitucionales; además, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981, establecen “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” y “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

En una tesis de jurisprudencia publicada en 2016, la Suprema Corte estableció que el derecho fundamental a la dignidad humana no es un precepto meramente moral ni una simple declaración ética, sino una norma jurídica que establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso a los particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo y que este derecho es la base y condición para el disfrute de los demás y para el desarrollo integral de la personalidad, por lo que merece la más amplia protección jurídica.

Con base en este criterio jurisprudencial, los tribunales federales han definido a la dignidad humana como un derecho humano que es la base de los demás derechos reconocidos constitucional y convencionalmente y a partir del cual se establecen la superioridad de la persona frente a las cosas y la garantía de su existencia material mínima.

En 2013 la Suprema Corte estableció las bases del derecho al mínimo vital en relación con la dignidad humana y señaló que uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado puede garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la dignidad humana, en las condiciones prescritas por el artículo 25 constitucional, es el derecho a un mínimo vital que no solo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal y cuyo contenido incluye un conjunto de medidas estatales para una más justa distribución del ingreso y la riqueza e implica que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital y asuma la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona.

Hasta ahora la reforma propuesta por el Presidente ha recibido poca atención, pero es previsible que en los próximos días esté en el centro del debate nacional y que enfrente fuertes resistencias de los sectores más conservadores de la sociedad, a pesar de que existen fundamentos jurídicos sólidos para defenderla y de que las cifras sobre la pobreza, la distribución del ingreso, el gasto social y el acceso a la educación y la salud en México aportan evidencia empírica suficiente para sustentarla.

Conforme a los datos del CONEVAL, en 2018 había en nuestro país más de 52 millones de personas en situación de pobreza y más de 9 millones en situación de pobreza extrema. Desde el año 2000, la desigualdad en los ingresos ha aumentado considerablemente en México y somos el país de la OCDE que presenta las mayores desigualdades en el ingreso de la familias.

En 2015, el 3.5% de la población de entre 6 y 14 años no asistía a la escuela y el 35.2% de la población de 15 años y más no había completado el ciclo de educación básica. En 2017, veinte de los treinta y seis países de la OCDE tenía una cobertura del 100% en la protección de la salud y otros 8 se encontraban muy cerca de lograr la cobertura universal. Mientras, en 2018, en México más de 20 millones de personas no tenían acceso a los servicios de salud, el 16.2% de la población del país, y solo se destinaba al gasto público en salud el 3% del PIB, la tercera parte del gasto promedio de la OCDE, que fue del 8.8% ese mismo año.

México es el país de la OCDE que dedica el menor porcentaje del PIB al gasto público social, en 2018 destinó solo el 7.5%, mientras que, en promedio, los países de la OCDE gastaron el 20.1% y los de América Latina el 11.3%.

En el fondo de las resistencias a esta reforma se encuentran no solo la defensa del modelo neoliberal de desarrollo -a pesar de que este año el consenso sobre su fracaso llegó incluso al Foro Económico Mundial de Davos- sino las posiciones ideológicas contrarias al Estado social y a los mecanismos de redistribución del ingreso y de la riqueza a través del gasto público destinado a financiar políticas para la protección social, la salud, la educación y la vivienda; resistencias que aumentan cuando se trata de servicios públicos gratuitos o de transferencias monetarias a sectores vulnerables de la sociedad, mediante políticas públicas o programas sociales de carácter universal destinados a garantizar el ejercicio de derechos conforme a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos económicos y sociales.

Seguramente estas resistencias se agudizarán en este proceso de reforma constitucional por la insistencia del presidente de la República y de las y los legisladores de Morena en presentarla como una reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador, en lugar de promoverla como lo que debe ser: el reconocimiento de derechos constitucionales inherentes al derecho fundamental a la dignidad humana, el establecimiento de las garantías para su ejercicio y uno de los mayores avances en materia de derechos humanos en México. El voto del PAN en contra y las abstenciones del PRI, PRD y MC en la aprobación del dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados podrían explicarse, en muy buena medida, por esta circunstancia.

Es muy probable que la errónea estrategia de presentar la reforma como la incorporación de los programas sociales del gobierno de la 4T a la Constitución Federal sea utilizada por las oposiciones parlamentarias para cuestionar la viabilidad de la reforma y para desvirtuar los términos del debate; y por los opositores al reconocimiento constitucional de estos derechos, para trasladar el debate del terreno constitucional al campo político e ideológico y centrar la discusión en la pertinencia o no de las políticas públicas del actual gobierno -y en la ineficacia del gobierno para implementarlas- y no en la viabilidad de reconocer derechos que encuentran sustento en el propio texto constitucional y en el derecho convencional.

Sería muy lamentable que la reforma no se aprobara debido a una inadecuada estrategia de negociación de la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, a la resistencias del gobierno a ir a un debate parlamentario sin cortapisas sobre los contenidos, las deficiencias y los faltantes de su propuesta o a los cálculos político electorales de las oposiciones.

*Escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés

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