Exigen comunidades mayas "zona libre de transgénicos" - Aristegui Noticias
Exigen comunidades mayas “zona libre de transgénicos”
Colectivos consiguieron que la Senasica revocara un permiso a Monsanto para la siembra de soya transgénica en la zona de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
(Foto: Especial)

Representantes de más de 30 comunidades mayas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán exigieron este miércoles el establecimiento inmediato de la “zona libre de transgénicos”  para toda la península de Yucatán y expresaron su rechazo “a la imposición de proyectos que los gobiernos federal y de los estados están promoviendo, tales como las eólicas, los transgénicos y parques solares, entre muchos otros”.

En la ciudad de Campeche, los representantes también se reunieron para trazar una agenda conjunta a fin de presentar un frente unido contra “las continuas violaciones a sus derechos humanos y la discriminación que viven los miembros de sus comunidades, sus mujeres y sus líderes de forma sistemática”.

El 17 de septiembre del presente año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), –misma instancia que emitió el permiso para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada a favor de la empresa Monsanto Comercial S. de R. L. de C.V. (evento MON-04032-6) en 7 entidades del país, incluyendo los tres estados de la península de Yucatán– determinó revocar dicho permiso argumentando que esa empresa ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”. 

A 5 años de haber otorgado el permiso, este acto administrativo del Senasica es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos han realizado por la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la Península, esto a pesar de que el permiso se encontraba suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, agregó el comunicado.

La suspensión hecha anteriormente por la SCJN se dio a raíz de las sentencias emitidas en diversos momentos en las cuales se determinó la inconstitucionalidad del permiso hecho por la Senasica, por la ausencia de consulta libre, previa informada y culturalmente adecuada a favor de las comunidades mayas cuyos territorios han sido afectados.

Frente a la decisión del Senasica, que aún no es definitiva, las comunidades mayas de la Península solicitaron la suspensión de los diversos procesos de consulta hasta que no se confirme en la última instancia la revocación del permiso y hasta que no se detengan las innumerables violaciones a los derechos de los pueblos que se han venido suscitando en el proceso iniciado en marzo de 2016 en Hopelchén, Campeche.

También se aseveró que aún y cuando la suspensión opera desde principios del 2016, “tanto en la región poniente de Bacalar en Quintana Roo, como en el estado de Campeche, se ha podido comprobar la presencia de soya transgénica sembrada durante 2016 y el 2017”.

De acuerdo con el texto, “se han detectado miles de hectáreas de soya genéticamente modificada lo cual implica no sólo la violación a una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte y al proceso de consulta mandatado por el Máximo Tribunal, sino también es clara evidencia de que en México no existen medidas adecuadas de bioseguridad que garanticen la siembra de transgénicos sin que exista riesgo de contaminación y dispersión”.

En las precisiones hechas por las comunidades y organizaciones respecto a la revocación del permiso a Monsanto, se destaca que, las instituciones han omitido investigar otras consecuencias derivadas de la siembra ilegal de la soya transgénica, como la contaminación del agua, el uso masivo y descontrolado de agrotóxicos con su consecuente afectación a la apicultura y a la salud humana de las comunidades, así como la rampante deforestación de la zona.

Además, señalaron que la investigación de la siembra ilegal debe incluir a toda la cadena de distribución de la semilla, incluyendo las bodegas donde se almacena y distribuye el grano.

“Dichas investigaciones deben establecer no solo responsabilidades administrativas, sino también penales, dado que la distribución y siembra de organismos genéticamente modificados no autorizados es también un delito. Al respecto es preciso recordar que se encuentran abiertas dos carpetas de investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que hasta la fecha no han sido determinadas”, señalaron.

Finalmente, las comunidades insistieron en que “es obligación de todos los órganos e instancias del Estado mexicano hacer efectivos los derechos que como pueblo originario tenemos a decidir en nuestros territorios, a vivir en un ambiente sano, a la salud, nuestra autonomía y libre determinación”.



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