El Congreso de EE.UU. ante "Mr. Veto": qué podrían hacer los demócratas tras el "tsunami azul"

Por Marcos Martínez Chacón

Ante la mayoría obtenida por los demócratas en el Congreso estadounidense en las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump ha dicho que buscará negociar, pero que recurrirá al poder de veto cuando no esté de acuerdo con las propuestas de la oposición.

Los demócratas asumirán la mayoría el 3 de enero próximo, luego de un intenso periodo de campañas en el que propusieron, entre otras cosas, obstaculizar la agenda de Trump, impedir nombramientos clave y fiscalizar las acciones de su administración.

Hasta ahora, han sido confirmadas las victorias de 54 demócratas en el Senado, frente a 44 republicanos, y de 253 demócratas, frente a 157 republicanos, en la Cámara de Representantes. 

Aún se cuentan los votos para el Senado en Alaska y Mississippi, donde los demócratas mantienen una estrechísima ventaja, mientras que 25 escaños de la Cámara Baja siguen sin un triunfador declarado. 

Robert García, quien se perfila para encabezar el poderoso Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, enlistó cuatro ejes de fiscalización del gobierno de Trump.

En primer lugar, dijo que planea activar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción de Trump y su familia; abusos cometidos contra inmigrantes; corrupción empresarial y contratos gubernamentales, así como el presunto encubrimiento de los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

“Búsquense abogados”, escribió en X poco después de las victorias demócratas, sin dirigirse a una persona en particular.

Pero, además de las acciones de fiscalización, el Congreso bajo control demócrata también podría activar otros mecanismos legislativos ante el descontento ciudadano por el alto costo de vida y los precios de la gasolina, así como por la preocupación sobre el futuro de la democracia.

Hey @WhiteHouse: https://t.co/D7Mq5jtUXM

— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) November 4, 2026

A continuación, un recuento de lo que los demócratas podrían hacer y de las limitaciones que enfrentarían tras su contundente victoria electoral, calificada como un “tsunami azul”, en medio de la advertencia de Trump de convertirse en “Mr. Veto”.

Qué puede ocurrir en materia de fiscalización

En Estados Unidos, la fiscalización parlamentaria permite al Congreso supervisar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, investigar posibles abusos y examinar cómo se utiliza el dinero público.

La Cámara de Representantes y el Senado pueden abrir investigaciones independientes, sin necesidad de que el presidente autorice su realización.

Para investigar las acciones del Ejecutivo, existen distintas vías que en el pasado han sido utilizadas por legisladores de ambos partidos para examinar presuntos actos de corrupción de varios mandatarios o irregularidades en sus administraciones.

Cuando un partido obtiene la mayoría, sus integrantes normalmente asumen la presidencia de los comités en el Congreso.

Las investigaciones pueden desarrollarse a través de los comités permanentes del Congreso, de los cuales el de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, que podría encabezar García, es uno de los más poderosos.

Las reglas de la Cámara de Representantes permiten que los presidentes de los comités permanentes inicien investigaciones dentro de sus respectivas competencias, sin necesidad de una votación del pleno.

Pero, además de esos mecanismos, también existe la posibilidad de crear comités especiales a partir de una propuesta presentada por cualquier legislador. Para constituirlos, las resoluciones correspondientes deben aprobarse por mayoría simple de los votos emitidos en una sesión con el quórum necesario.

¿Qué comités han sido creados para investigar a Trump en el pasado?

Durante la primera gestión de Trump, de 2017 a 2021, los republicanos controlaron ambas cámaras del Congreso durante los primeros dos años, lo que facilitó la aprobación de medidas y leyes en materia fiscal y presupuestaria.

Sin embargo, tras los comicios de medio término de 2018, los demócratas recuperaron la Cámara Baja y activaron mecanismos de fiscalización y sanción en torno a las acciones de Trump.

El primer caso consistió en una investigación realizada por tres comités permanentes sobre las presiones que ejerció Trump sobre el gobierno de Ucrania para que abriera investigaciones relacionadas con Joe Biden.

Esa investigación resultó en la aprobación de artículos de impeachment, o juicio político, contra el entonces mandatario en la Cámara Baja.

Al no contar con el número de votos necesarios para destituirlo en el Senado, Trump fue absuelto en la Cámara Alta.

El segundo momento en el que la Cámara de Representantes aprobó un impeachment ocurrió el 13 de enero de 2021, a raíz del episodio conocido como el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de ese año. Trump entregó la presidencia a Biden siete días después del segundo impeachment.

Durante el ataque a la sede del Congreso, cientos de simpatizantes de Trump irrumpieron en las instalaciones legislativas de la capital estadounidense con el fin de impedir la certificación de la victoria de Biden.

Trump había alegado, sin presentar pruebas, que fue víctima de un fraude generalizado, pese a que agencias y funcionarios de su propia administración afirmaron lo contrario.

Posteriormente, cuando Trump ya había abandonado la presidencia, la Cámara Baja creó un comité especial para investigar su responsabilidad y la de sus colaboradores en los hechos que derivaron en el asalto.

Ese comité fue creado a iniciativa de la demócrata Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, con el respaldo de dos republicanos clave, Liz Cheney y Adam Kinzinger, para sumar un total de 222 votos a favor.

Luego de entrevistar a más de mil personas, el comité emitió, entre otras conclusiones, recomendaciones para que el Departamento de Justicia (DOJ) investigara penalmente a Trump.

Steve Bannon y Peter Navarro, quienes eran asesores de Trump cuando ocurrió el asalto, fueron condenados a cuatro meses de prisión cada uno por desacatar citatorios del comité especial que investigó ese episodio. Otros colaboradores, como Mark Meadows y Dan Scavino, no enfrentaron cargos penales pese a haber sido declarados en desacato por el Congreso.

Los posibles delitos por los que recomendó abrir investigaciones penales fueron obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para presentar declaraciones falsas y conductas que podrían constituir incitación o apoyo a una insurrección.

“Reconocemos a estos valientes legisladores por aportar claridad de conciencia a nuestra labor de defensa de la democracia y ofrecer una ‘hoja de ruta hacia la justicia’ que ayudará a prevenir futuros ataques”, dijo Pelosi tras la presentación de las conclusiones de las investigaciones legislativas.

Cuando el comité aprobó esas recomendaciones, el DOJ ya tenía en marcha una investigación penal contra Trump que posteriormente derivó en la presentación de cargos federales contra el expresidente.

El proceso finalmente fue desestimado por una jueza federal, a solicitud del entonces fiscal especial Jack Smith, después del triunfo electoral de Trump en 2024, debido a la política del DOJ que impide procesar penalmente a un presidente en funciones.

Tras el segundo triunfo de Trump, los republicanos obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Posteriormente, los legisladores republicanos de la Cámara Baja aprobaron la creación de un subcomité especial para revisar las investigaciones realizadas por el comité anterior, creado a iniciativa de Pelosi, en torno al asalto al Capitolio.

Por su parte, el gobierno de Trump comenzó a despedir a fiscales que habían participado en las investigaciones federales sobre el presidente y a investigar a algunos de sus antiguos responsables, entre ellos Smith.

Biden y Obama también fueron blanco de escrutinio

Aunque ninguno de estos procedimientos culminó en un juicio político contra los mandatarios, las administraciones de Obama y Biden también fueron objeto de investigaciones legislativas sobre sus decisiones y posibles irregularidades.

En 2014, por ejemplo, los republicanos crearon un comité especial para investigar el ataque de 2012 contra instalaciones estadounidenses en Bengasi, Libia, y la actuación del gobierno de Obama.

Una de las acciones de mayor impacto mediático fue el interrogatorio legislativo de más de ocho horas a Hillary Clinton, en octubre de 2015, por su actuación como secretaria de Estado durante el ataque. La investigación no encontró pruebas que demostraran responsabilidad penal de la exfuncionaria.

La investigación sobre Bengasi también reveló que Clinton había utilizado un servidor privado de correo electrónico para asuntos oficiales como secretaria de Estado, lo que desató un escándalo político que marcó su campaña presidencial de 2016 frente a Trump.

Los republicanos también investigaron la operación denominada Rápido y Furioso, mediante la cual autoridades estadounidenses permitieron la adquisición de armas con la intención de rastrear su tráfico hacia México. Las autoridades perdieron el rastro de numerosas armas.

La investigación derivó en una declaración de desacato contra el entonces fiscal general Eric Holder.

Durante la presidencia de Biden, los republicanos promovieron una investigación de juicio político por sus presuntos vínculos con los negocios de su familia y crearon un subcomité para investigar el supuesto uso político de las instituciones federales.

El proceso no culminó en la aprobación de artículos de impeachment.

Además, investigaron la gestión de la pandemia y la retirada militar de Afganistán, durante la cual murieron soldados estadounidenses.

Bloqueo de nombramientos

El Senado tiene entre sus atribuciones la aprobación de nombramientos para cargos clave del gobierno federal, así como de jueces federales y magistrados de la Corte Suprema.

Durante su primer mandato, Trump, respaldado por las mayorías republicanas, logró nombrar a más de 230 jueces federales, incluidos Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, quienes llegaron a la Corte Suprema.

Expertos han señalado que, con estos tres nombramientos, Trump y los republicanos lograron una reconfiguración ideológica hacia la derecha del máximo tribunal.

En 2016, último año del gobierno de Barack Obama, la mayoría republicana que controlaba el Senado bloqueó el nombramiento de Merrick Garland a la Corte Suprema, tras la muerte del magistrado Antonin Scalia.

El entonces líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, justificó su negativa a considerar el nombramiento por la cercanía de las elecciones presidenciales de ese año. Trump resultó vencedor en aquellos comicios frente a Clinton.

“El pueblo estadounidense debería tener voz en la selección del próximo magistrado de la Suprema Corte”, dijo McConnell en ese entonces.

Actualmente, los magistrados de mayor edad de la Suprema Corte son dos conservadores: Clarence Thomas, de 78 años, y Samuel Alito, de 76. Antes de los comicios habían circulado rumores sobre el posible retiro de alguno de ellos.

Si alguno se retirara antes de enero de 2027, fecha en la que asumirán sus cargos los legisladores electos o reelectos el 3 de noviembre, los republicanos todavía podrían intentar confirmar a un magistrado propuesto por Trump. Sin embargo, no está claro si se producirá algún retiro.

En medio de esos rumores, Chuck Schumer, quien será el líder de la mayoría demócrata que asumirá el control del Senado en enero, dijo a la agencia The Associated Press que su partido no permitirá la confirmación de un magistrado conservador en la Suprema Corte.

“La conclusión es que no vamos a permitir que llegue un derechista a la Corte”, declaró a la agencia.

Qué pueden hacer los demócratas ante “Mr. Veto”

Tras el “tsunami azul”, Trump ha dicho a la prensa que podría negociar con los demócratas para alcanzar acuerdos, pero que, si no está de acuerdo con sus propuestas legislativas, ejercerá su poder de veto presidencial.

“Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos, pero tengo el poder de veto”, dijo Trump a la prensa durante un recorrido por las obras de construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, después de las elecciones.

El veto permite al presidente rechazar una ley aprobada por el Congreso, que solo puede superar ese bloqueo con el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras.

La última vez que un partido político tuvo por sí solo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos fue entre 1965 y 1967, durante la presidencia del demócrata Lyndon B. Johnson.

Sin embargo, acuerdos bipartidistas alcanzados en años recientes han permitido anular vetos presidenciales y evitar que los mandatarios impongan su decisión sobre determinadas leyes.

Por ejemplo, en enero de 2021, el Congreso anuló un veto de Trump contra la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2021, que establecía políticas y autorizaciones presupuestarias para el Departamento de Defensa.

La anulación fue posible después de que republicanos y demócratas de ambas cámaras reunieran los votos necesarios para superar el veto.

El Congreso también logró anular uno de los 12 vetos emitidos por Obama.

La anulación ocurrió en septiembre de 2016, después de que el entonces presidente intentara bloquear una legislación que facilitaba determinadas demandas judiciales contra gobiernos extranjeros por actos de terrorismo cometidos en territorio estadounidense.

Biden emitió 13 vetos entre 2021 y 2025. El Congreso intentó anular varios de ellos, pero ninguno de esos intentos reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras, según los registros legislativos.