Sánchez aprueba medidas de vivienda tras convocar elecciones; justicia avala amnistía catalana
Las medidas incluyen préstamos de hasta 50 mil euros para primera vivienda, prórrogas de contratos de alquiler y límites a los aumentos de renta.
- Redacción AN / MDS

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes nuevos decretos en materia de vivienda, con 21 medidas que buscan hacer frente a la situación de inquilinos, luego de que el lunes el presidente Pedro Sánchez anunció la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 29 de noviembre.
Sánchez compareció ante los medios desde el Palacio de La Moncloa, para explicar las medidas aprobadas, entre las que se encuentran el préstamo de hasta 50 mil euros para la adquisición de una primera vivienda, así como la prórroga de dos años de los contratos de alquiler actuales para inquilinos que estén al corriente de pago y con un tope a los aumentos en el precio de la renta.
“Los decretos que aprobamos hoy van a servir para crear más oferta de vivienda, en concreto, con 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada y 400 millones para ayudar a los proveedores de vivienda social”, señaló el presidente español.
Si bien el primero de los decretos entrará en vigor de inmediato, los dos tendrán que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, órgano equivalente a la Comisión Permanente mexicana. Este órgano está conformado por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts -partidos que votaron en contra de los primeros decretos- no representa mayoría absoluta.
En concreto, de los 69 diputados integrados en la diputación los partidos que se prevé aprobarán el primer nuevo decreto tienen una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.
Sin embargo, el decreto que regula la prórroga automática de los alquileres podría no llegar a ser aprobado por la Permanente, ya que el PNV lo rechazó en días pasados, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.
El pasado viernes, Sánchez abrió un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara dos primeros decretos sobre alquiler de vivienda. Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.
Los independentistas catalanes de Junts, dirigidos por el expresidente Carles Puigdemont, habían posibilitado el gobierno de Sánchez, al haber votado a favor de su investidura tras las elecciones presidenciales de 2023, luego de firmar un pacto.
El acuerdo entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez incluyó la aprobación de una ley de amnistía para las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista de Cataluña entre 2012 y 2023, en el que incluso se llegó a declarar la independencia de la región en el Parlamento catalán.
Justicia avala amnistía a los independentistas catalanes
En ese contexto, el Tribunal Constitucional (TC) avaló este martes amnistiar el delito de malversación que pesa sobre los dirigentes del proceso independentista como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.
Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista respaldó la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se negó a perdonar ese delito, según confirmaron a la agencia Europa Press fuentes jurídicas.
Al ser cuestionado por la decisión del Constitucional, Sánchez celebró la decisión. “Todas estas medidas que puso en marcha el Gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes”, dijo.
La decisión del TC de avalar la amnistía para la malversación puede acelerar el regreso de Puigdemont tras nueve años huido de la justicia.
Conde-Pumpido incluyó en su ponencia críticas a la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación al apreciar un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Constitucional.
Para el presidente del TC, el Supremo realizó una “interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad” de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que “no puede apreciarse que los intereses financieros” comunitarios “se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica”.
Las resoluciones que no perdonaron la malversación, según su borrador de ponencia, “han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables”, dice el Constitucional en una sentencia a la que tuvo acceso la agencia Europa Press.
Y, “además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía”, señaló.
Una vez oficializada la decisión del Constitucional, el Tribunal Supremo decidió dejar sin efecto la orden de detención por el delito de malversación contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.
El magistrado que instruyó la causa del denominado ‘procés’ catalán, Pablo Llarena, levantó con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados pero no juzgados porque huyeron.
(Con información de Aristegui Noticias, EFE y Europa Press)

