Primer Informe: obediencia y encubrimiento | Artículo por Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar.

El ritual autocomplaciente realizado en Palacio Nacional el 1 de septiembre, paralelo a la entrega del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, confirmó el cabal cumplimiento del nuevo régimen impuesto por el jefe máximo de la 4T a su sucesora y a la nación.

Durante los once meses de la administración actual se ha implantado el proyecto de gobierno del obradorato, concebido para demoler la institucionalidad democrática del país a fin de prolongar el dominio político del caudillo escondido y garantizar la hegemonía de Morena por tiempo indefinido.

Producto de la venganza del macuspano, el régimen de la 4T se ha consolidado gracias a la operación eficaz de la Señora Presidenta. Ambos mandatarios comparten la responsabilidad política e histórica de una regresión autoritaria de medio siglo.

El daño está hecho y es irreversible, al menos en el corto plazo: La cancelación del equilibrio de poderes mediante la imposición de una supermayoría ilegal en el Congreso y la captura del Poder Judicial tras un burdo fraude electoral rechazado por el 90% de los ciudadanos; la vulneración del Estado de Derecho, el dominio presidencial de la Fiscalía General de la República y la supresión o control de las demás instituciones autónomas que pudieran representar un contrapeso al poder autocrático del Ejecutivo (INAI, CNDH, Coneval, INE y TEPJF, entre otros). Y aun falta la reforma electoral.

Claudia Sheinbaum es cómplice de la devastación de la democracia mexicana. Fue el precio que tuvo que pagar para llegar al cargo que ocupa y, hasta ahora, para mantenerse en él. La pregunta es si esa condición de obediencia (¿obligada?) tiene fecha de caducidad.

La estrategia de seguridad pública del actual gobierno muestra importantes avances, además de un claro distanciamiento de los abrazos al crimen organizado establecidos por López Obrador, presuntamente confabulado con los carteles del narcotráfico.

El encubrimiento de los políticos, militares y empresarios de alto rango asociados con dichos carteles es el mayor defecto del combate al crimen organizado emprendido por la presidenta Sheinbaum. Acabar con dicho encubrimiento es el reto más grave que enfrenta la jefa del Estado Mexicano y comandante de las Fuerzas Armadas del país.

La impunidad de los narcopolíticos de alcurnia morenista, claramente ligados con los delincuentes, es tan ominosa como insostenible. Baste con mencionar dos escandalosos ejemplos: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y Adán Augusto López, presidente de la la Junta de Coordinación Política del Senado; ex secretario de Gobernación (2021-2023) y ex gobernador de Tabasco (2019-2021).

El signo distintivo de esos representantes de la podredumbre cuatroteísta es su amistad íntima con López Obrador, garante de la impunidad mantenida hasta ahora. Todo indica que dicha impunidad sí tiene fecha de caducidad, debido al cúmulo de pruebas irrebatibles de presunta culpabilidad, así como por las exigencias del gobierno estadounidense.

¿Por qué esos y otros maleantes no han sido removidos de sus cargos, investigados, procesados y sancionados por los delitos derivados de su complicidad con el crimen organizado?

Por dos motivos relacionados entre sí: La Fiscalía General de la República depende de la voluntad presidencial, en este caso, del jefe máximo que habita en Palenque. Además, si se juzgara al senador López o al gobernador Rocha, la colusión de ambos con su amigo y protector, conduciría a fincarle responsabilidades al exmandatario.

Todos los caminos de la narcopolítica conducen al patriarca de la cleptocracia nacional, aunque él se crea invulnerable y poseedor de una impunidad vitalicia, extensiva a sus allegados. Dicha certeza se está desmoronando; a pesar de que el asunto es sumamente complejo y delicado.

La determinación del gobierno de Donald Trump de abatir el narcoterrorismo de los carteles mexicanos, así como la “intolerable complicidad gubernamental” que lo hace posible, significa que la impunidad ya no está asegurada.

Menos aún con las recientes revelaciones de Ismael “El Mayo” Zambada, de sus hijos y los de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como de Rafael Caro Quintero y cincuenta capos más ante la justicia estadounidense.

Marco Rubio en México

Marco Rubio, Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump sabe bien quién es López Obrador. Lo ha criticado severamente desde su época como senador, acusándolo de haber entregado amplias zonas del territorio nacional al crimen organizado, de haber recibido dinero del narco para sus campañas presidenciales, así como de “apoyar a los tiranos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Rubio es creador de la idea de clasificar a los carteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas que representan una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Dichos conceptos forman parte central de dos decretos presidenciales emitidos por Trump en el primer día de su mandato. Constituyen prioridades inamovibles de su gobierno.

No obstante, la guerra emprendida contra el narcoterrorismo, así como la “intolerable complicidad” del gobierno mexicano con el crimen organizado no fueron mencionados públicamente durante la visita del secretario Rubio a México el 3 de septiembre.

Tampoco se aludió a la declaración de culpabilidad del “Mayo” Zambada anunciada con bombo y platillo el pasado 25 de agosto por la Fiscal General Pam Bondi, acompañada por los encargados del FBI, la DEA y de Seguridad Interior (HSI).

“Zambada García ha operado con impunidad desde fines de los 1980s. Ubicado en los más altos niveles del narcotráfico mexicano y de todo el mundo, operaba con libertad y la seguridad de no ser arrestado debido al pago de sobornos a funcionarios del gobierno y autoridades de justicia de México”, señala el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

En contraste, las declaraciones públicas del secretario Rubio fueron de una sorprendente suavidad diplomática: “Tuvimos una reunión excelente con la presidenta Sheinbaum y el secretario de Exteriores De la Fuente. De hecho, hemos mantenido una muy buena relación con el Gobierno de México durante estos ocho meses de presidencia de Trump. Es la cooperación en materia de seguridad más estrecha que hemos tenido nunca, quizá que con cualquier país, pero ciertamente en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México”, indica textualmente el comunicado del Departamento de Estado norteamericano sobre la conferencia de prensa conjunta entre los cancilleres Rubio y De la Fuente.

Sin duda, el saldo diplomático de la visita de Marco Rubio fue muy positivo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se aceptaron los principios establecidos por México: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación. Se estableció un Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, que será evaluado periódicamente mediante un mecanismo de coordinación de alto nivel. La posibilidad de una intervención militar unilateral disminuyó de manera importante.

No obstante, si el gobierno actual no enfrenta la narcopolítica con hechos contundentes; la guerra contra las drogas emprendida por Donald Trump para proteger la seguridad nacional de su país, tendrá graves consecuencias para México.