Prisión preventiva para Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' por multihomicidio en Atizapán

Una jueza de control impuso prisión preventiva a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por el multihomicidio del músico Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y de su familia, el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Ambos fueron imputados por por homicidio calificado, interrupción del embarazo, y a Diego “N” además por maltrato y crueldad contra seres sintientes.

Ambos permanecerán recluidos en Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, mientras continúa el proceso judicial.

Durante la audiencia inicial realizada el sábado, la Fiscalía formuló la imputación contra ambos detenidos y presentó más de 60 datos de prueba, entre ellos elementos visuales, periciales, balísticos y entrevistas.

Los imputados se reservaron su derecho a declarar, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas, en el distrito judicial de Tlalnepantla.

Será en esa diligencia cuando la jueza determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

La Fiscalía sostuvo en la audiencia que ambos habrían actuado en coautoría y con alevosía, ventaja y premeditación. Señaló que Diego Sebastián, quien era socio de Jonathan Meléndez, habría ingresado al departamento, mientras Gerardo presuntamente permaneció en el exterior y posteriormente habría ayudado a su escape.

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público se encuentran videos de las cámaras de vigilancia del inmueble, como el que muestra presuntamente a Diego entrando al condominio y subiendo hasta el departamento en el elevador.

Jonathan había informado previamente a un amigo que esperaba reunirse con su socio aproximadamente a las 17:30 horas del 1 de septiembre. El músico le pidió que avisara a la policía si dejaba de tener comunicación con él durante media hora.

Tras perder contacto con Jonathan, su amigo alertó a las autoridades. Elementos de la policía municipal acudieron al inmueble después de que personal de seguridad del fraccionamiento reportó haber escuchado detonaciones y gritos provenientes del departamento.

Al ingresar, los agentes localizaron los cuerpos de las cuatro víctimas. Además de Meléndez, de 38 años, fue asesinada su esposa Ana Paula, de 35 años y embarazada de cuatro meses; su hija de tres años; y Aleyda Romero, de 21 años, trabajadora de la familia. El hijo del músico, de seis años fue localizado con vida dentro del inmueble.

El perro de la familia también fue asesinad0, por lo que en el caso de Diego Sebastián “N”, además de los cargos relacionados con el homicidio, se investiga su posible responsabilidad por maltrato y crueldad contra seres sintientes.

De acuerdo con la información disponible, el móvil del crimen habría sido una posible disputa económica entre Jonathan y Diego. La Fiscalía mexiquense investiga si Diego Sebastián habría intentado apoderarse de una inversión en criptomonedas que pertenecía a Jonathan y si, después del multihomicidio, esos activos fueron transferidos.

El Ministerio Público expuso que Jonathan tenía una inversión de alrededor de 3 millones de pesos en criptomonedas y que presuntamente almacenaba en una memoria USB los datos necesarios para acceder a esos activos.

El pasado jueves, el periodista especializado en seguridad pública Antonio Nieto señaló en Aristegui en Vivo que la principal línea de investigación apuntaba a un conflicto económico entre Diego y Jonathan, quienes eran socios de una empresa dedicada a la renta de espacios y cabañas.

Nieto explicó entonces que Diego habría permanecido más de una hora dentro del departamento después de los asesinatos mientras buscaba un dispositivo electrónico para acceder a las criptomonedas. “No sabemos hasta el momento la cantidad por la que hubo esta disputa”, señaló el periodista, quien agregó que tampoco se había recuperado el dinero ni otros objetos que presuntamente buscaba el agresor.

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que un familiar de Jonathan aportó información sobre la presunta inversión en criptomonedas, al tiempo que declaró que Diego había solicitado al músico un préstamo de 300 mil pesos y que Jonathan tenía dudas sobre si entregarle ese dinero.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía aseguró una caja fuerte localizada dentro del automóvil gris que presuntamente utilizaron los imputados para escapar. De acuerdo con la hipótesis expuesta ante la jueza, la memoria USB que contenía los datos de acceso a las criptomonedas habría estado dentro de ese contenedor metálico de seguridad.

En el mismo vehículo fueron encontrados diversos elementos como cinta guantes y bridas que habrían sido utilizados para atar y someter a las víctimas. Los peritos también localizaron al menos seis indicios balísticos dentro del departamento, todos correspondientes a una pistola calibre 9 milímetros. Además, fueron identificados dos impactos de bala en las paredes.

Entre los testimonios presentados por la Fiscalía se encuentra el de un amigo de Jonathan, quien confirmó que el músico le había comunicado que se reuniría con Diego Sebastián “N” y que el encuentro le generaba preocupación. El amigo declaró que Jonathan le pidió que, si no se comunicaba con él después de determinado tiempo, avisara a la policía.

También fue presentada la declaración de un elemento de vigilancia del condominio, quien afirmó haber identificado a Diego y Gerardo tanto al llegar como al salir del inmueble. De acuerdo con su testimonio, ambos la amenazaron con una pistola con silenciador.

Según los primeros reportes de la investigación, Diego habría salido aproximadamente a las 19:40 horas y posteriormente se habría trasladado hacia la Ciudad de México. Los dos imputados fueron detenidos alrededor de las 23:50 horas en distintos puntos de la capital.

Durante la audiencia, la defensa de Diego “N” presentó una incidencia relacionada con el cumplimiento de la orden de aprehensión. Argumentó que presuntamente faltaban datos sobre la manera en que fue ejecutada la orden y solicitó que se diera vista a la FGJEM para investigar la actuación de cinco servidores públicos.

La jueza rechazó la petición al considerar que no advertía la irregularidad señalada ni un acto que pudiera constituir delito. Sin embargo, dejó a la defensa a salvo su derecho para hacer valer posteriormente esa cuestión.