opinión*
Morena retrasa el cambio político en la CdMx | Artículo de Rogelio Muñiz
por Rogelio Muñiz Toledo

Siempre dices, Póstumo, que empezarás a vivir mañana. Dime, Póstumo, ¿cuándo llegará ese mañana?  Marco Valerio Marcial *

Hay dos palabras con las que se pueden caracterizar los primeros seis meses de funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México: el verbo procrastinar y el adjetivo transitorio.

Pareciera que el Gobierno de la Ciudad y su mayoría en el Congreso se sienten más cómodos con un régimen jurídico transitorio -en el que por definición nada cambia- que en un proceso de cambio político. Lo que es un hecho es que, por displicencia, por falta de perspectiva de futuro o por cálculo político, se rehúsan al cambio y no se deciden a darle paso al nuevo régimen, con el riesgo de regresión autoritaria que eso implica cuando el poder político está altamente concentrado.

Al amparo de artículos transitorios modificados a conveniencia, el Congreso ha aplazado decisiones fundamentales para el cambio de régimen en la Ciudad de México. El bloque mayoritario de Morena y sus aliados, en ocasiones secundados por las minorías opositoras, han asumido una posición conservadora -por decir lo menos- respecto del cambio político en la Ciudad, lo que les impide emprender la ruta para construir la nueva institucionalidad y desarrollar el régimen de derechos que establece la Constitución Política de la Ciudad de México.

La procrastinación con la que ha actuado la mayoría parlamentaria en el Congreso, es un síntoma de su temor al cambio y de su incomodidad con los nuevos equilibrios institucionales que se derivarán de la reglamentación e implementación de la Constitución.

El bloque mayoritario ha decidido que el Congreso aplace la ejecución de trascendentales competencias de ejercicio obligatorio, con lo que ha impedido la efectividad de los derechos de sus habitantes y ha pospuesto el cambio del régimen político.

Cuando por la pasividad o la resistencia al cambio del bloque mayoritario, el Congreso han incurrido en omisiones legislativas -o está muy cerca de volver a hacerlo, como ahora- o cuando por cálculo político el Gobierno de la Ciudad y su mayoría parlamentaria han querido posponer el ejercicio efectivo de derechos o postergar la integración de instituciones que significarían un contrapeso al poder que detentan, el bloque mayoritario en el Congreso ha acudido al recurso fácil -y en ocasiones de dudosa constitucionalidad- de reformar o adicionar artículos transitorios para diferir el cumplimiento de un mandato constitucional o legal.

Así lo hicieron el 14 y el 26 de marzo al aprobar y dictaminar, respectivamente, reformas a los artículos transitorios de la Constitución y el 28 de marzo al adicionar un artículo transitorio a la Ley de Participación Ciudadana, con lo que se difieren el acceso a la justicia constitucional y a la procuración de justicia autónoma, la elección de los órganos de representación ciudadana y la consulta en materia de presupuesto participativo; se pospone la creación de los sistemas de derechos humanos y de planeación y evaluación; y se aplazan la regulación de los organismos con autonomía constitucional y la reglamentación de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes.

Parece que el bloque mayoritario en el Congreso está más interesado en borrar de los muros de Donceles las referencias a etapas de la historia política de la Ciudad de México y en aplazar la vigencia de leyes que garantizan el ejercicio efectivo de derechos, que en adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la Constitución, en el plazo que esta señala. Con esa actitud, el partido en el poder se ubica más cerca del inmovilismo que caracteriza a los regímenes autoritarios que del cambio político y del progreso social que enarbolan los gobiernos democráticos.

Parece que en Morena olvidan que la Asamblea Constituyente aprobó los artículos transitorios de la Constitución, y con ellos la ruta y los plazos para la transformación del régimen político y del orden jurídico de la Ciudad de México, con el consenso de todas las fuerzas políticas -incluida Morena-, por 74 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.

Convendría que recordaran las palabras de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena: “La Constitución de la Ciudad de México no es sólo un nuevo marco jurídico, es también una nueva mirada, un proyecto compartido de ciudad y un nuevo horizonte que busca movilizar las energías sociales, políticas, económicas y culturales de esta centenaria urbe en función de una sociedad igualitaria, justa y sostenible en la que florezcan las libertades y donde nadie se quede atrás”.

Al aplazar la reglamentación e implementación de la Constitución, al diferir el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a la justicia constitucional para su defensa, al aplazar la creación del Sistema Integral de Derechos Humanos y del Sistema de Planeación y Evaluación de la Ciudad de México y al posponer el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, Morena y sus aliados no solo le cierran el paso a la movilización de la energías sociales e impiden que florezcan las libertades a las que se refiere Bárcena, sino que retrasan el cambio político y el desarrollo y consolidación del proyecto de ciudad contenido en la Constitución.

* Marcus Valerius Martialis, poeta latino de la Hispania Tarraconense (40-104 d.C.)

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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