Axe Ceremonia | A un año de la muerte de Berenice y Miguel Ángel, la justicia no ha llegado

Por Brandon J. Celaya Torres

El pasado domingo 5 de abril se cumplió un año del fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, tras el desplome de una estructura metálica durante el festival Axe Ceremonia 2025, sin que hasta ahora se haya podido celebrar la audiencia inicial debido a lo que denuncian como tácticas dilatorias por parte de una de las empresas imputadas.

Como un acto de memoria y para exigir justicia, el colectivo ‘Hoy Somos Todo Por Miguel‘- conformado por familiares de Miguel Ángel Rojas y defensores de Derechos Humanos- realizó un “anti-concierto” afuera del Parque Bicentenario, donde se llevó a cabo el fatídico evento musical.

“A un año de su muerte no hay justicia. Nos han tratado bien, sí, pero la judicialización no ha llegado, eso duele y también indigna. Indigna ver cómo se atrasa el proceso, cómo se presentan recursos para retrasar la audiencia. Indigna saber que mientras nosotros seguimos con este dolor todos los días, hay empresas que siguen ganando dinero y que siguen actuando como si no tuvieran responsabilidad”, dijo Graciela Hernández, mamá de Miguel, durante el evento.

Por su parte, la familia Giles realizó una ceremonia privada en Aguascalientes, donde yacen los restos de Berenice.

Miguel Ángel y Bere no solo eran colegas, sino amigos cercanos. “Él la llamaba su Sensei. Era su amiga, su compañera y nunca imaginamos que ese día les costaría la vida a los dos“, recordó Diana Rojas, hermana de Miguel.

Entre el dolor por la pérdida, ambas familias han emprendido caminos distintos para llegar a una exigencia compartida: justicia para los jóvenes fotógrafos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha imputado formalmente a tres empresas por la muerte de los jóvenes periodistas: Operadora Eclectic, la encargada del Programa Especial de Protección Civil del festival; O.N. Producciones Creativas (Obra Negra), responsable de colocar las decoraciones; y Agencia de los Socios, mejor conocida como Grupo Eco o Eco Live, dueña del Axe Ceremonia.

Además se encuentra imputada María del Pilar “N.” quien era la persona autorizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para supervisar el cumplimiento de los planes de seguridad del evento musical.

Los asesores jurídicos de la familia de Berenice también buscan que se impute formalmente a Ocesa y su empresa de seguridad, Servicios de Protección Privada Lobo, al haber participado en el festival.

Estos abogados, Fabián Alejandro Victoria Rangel y Gerardo Guzmán Jiménez, han asegurado que sus esfuerzos son para que la fiscalía capitalina investigue a todos los posibles responsables de las muertes, pero al mismo tiempo han interpuesto recursos para deslindar a una de las imputadas: Operadora Eclectic.

Justamente, la familia y representación de Miguel Ángel ha acusado que Operadora Eclectic ha tramitado aproximadamente 15 juicios de amparo, de los cuales 13 han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial.

Además, en virtual sincronía con la empresa acusada formalmente, los abogados Victoria Rangel y Guzmán Jiménez han interpuesto recursos legales no solo para retrasar la audiencia, sino incluso para se le quite la calidad de imputada en el proceso penal, pese a que ellos tendrían que velar por los intereses de las víctimas.

Una revisión hecha por Aristegui Noticias a documentos judiciales contenidos en el expediente muestra que tanto Fabián Victoria como Gerardo Guzmán han ingresado escritos que buscan eximir de responsabilidades a Operador Eclectic, propiedad de los antiguos administradores del Parque Bicentenario, a pesar de que esta compañía fue la encargada del Programa Especial de Protección Civil del festival y se encuentra entre las imputadas.

La propia jueza que encabezó la audiencia de omisiones del pasado 6 de febrero, Adriana Ivette Morales Chávez, observó que la estrategia legal para defenderse de Eclectic se basa en querer imputar Ocesa y Lobo, igual que la parte acusadora de la familia Giles.

“Advierto que lo que la empresa pretende es que se impute a otras personas o se investigue a otras personas morales. Mi deber y obligación es decirle a la Fiscalía que continúe la investigación y la investigación debe ser objetiva… Yo no voy a dar la calidad de investigado a nadie. No es mi deber, no es mi obligación y no es mi facultad. El código nacional no nos faculta a decir los jueces quiénes deben ser investigados”, afirmó la jueza Morales Chávez en la audiencia.

El Código Penal de la CDMX castiga con hasta cuatro años de prisión y la suspensión para ejercer abogacía a quien “asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos” en un mismo proceso.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 23 de marzo, la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya existen investigaciones en contra de los abogados de la familia Giles.

“Tenemos presentadas denuncias por el actuar desleal de asesores jurídicos de una de las partes ya que han estado presentando recursos notoriamente improcedentes y retrasando la audiencia inicial que se quiere tener”, afirmó la fiscal.

Para el colectivo “Hoy Somos Todo Por Miguel”, esto muestra “el uso de estrategias alineadas con posibles conflictos de interés para retrasar el inicio del proceso”, así como “posibles actos de corrupción para proteger a empresas”.

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Mientras tanto, los abogados de la familia Giles han acusado reiteradamente sufrir de  “violencia institucional” por parte de la Fiscalía capitalina, a la cual señalan de querer encubrir a Ocesa y Lobo.

Uno de los abogados que dice representar a la familia de Berenice y ha presentado escritos para que no se celebre la audiencia inicial, también es funcionario de la Ciudad de México.

Se trata de Gerardo Guzmán Jiménez, quien trabaja en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, adscrito a la Unidad Departamental de Mantenimiento, desempeñándose como Administrativo de Control Presupuestal.

Según los representantes de la familia de Miguel Ángel, Guzmán Giménez se ha presentado a audiencias por el caso del Axe Ceremonia en lo que serían horarios laborales del servidor público.

Por lo anterior, los abogados de la familia Rojas exigieron a la Secretaría de Aguas y a la jefa de gobierno, Clara Brugada, una explicación.

“Que un funcionario público en ejercicios de sus funciones esté protegiendo a una de las empresas, además de que puede ser un delito, habla de corrupción”, señaló el abogado Alan Piñón durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 17 de marzo de este año.