Gobierno otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO
La CFE, el ISSSTE y el IMSS son las tres entidades con más riesgo de caer en corrupción al hacer sus compras o contrataciones.

Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017. 

“Solamente el 22 por ciento de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente”, apuntó.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

“De los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación en los últimos 5 años, los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9 por ciento del total) representan el 80 por ciento del monto asignado en procedimientos de contratación pública”, agregó.

Ante esto, el Instituto planteó una serie de propuestas:

  • Una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones, establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, y regulen la planeación y la ejecución de manera integral.
  • Estudiar la conveniencia de convertirlas en leyes generales y eliminar los 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas.
  • Una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución.
  • La plataforma debe ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente, interconectada a otros sistemas y amigable al usuario.
  • Reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas, así como consolidar su función de globalizador de políticas públicas en este rubro.
  • Focalizar los esfuerzos de detección, investigación y sanción en aquellas unidades, dependencias y entidades de más riesgo.
  • Utilizar las herramientas y la información de este estudio para enfocar los esfuerzos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción.
  • Usar esta metodología para el análisis de los sistemas locales de contrataciones públicas.
  • Creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.
  • Establecer un vínculo permanente con el sector privado para mejorar las condiciones del mercado, aumentar su tamaño y potenciar la inversión internacional.






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