Financiamiento que destruye la naturaleza supera los 7 billones de dólares al año: informe global

Mientras los ecosistemas del planeta enfrentan una pérdida acelerada de biodiversidad, un nuevo informe global advierte que cada año se destinan billones de dólares a actividades que dañan la naturaleza, muy por encima de los recursos invertidos en su protección.

Se trata del State of Finance for Nature 2026, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en donde se emite alerta sobre un desequilibrio estructural en las finanzas públicas y privadas a nivel global.

El reporte señala que en 2023 las inversiones con impacto negativo directo sobre la naturaleza alcanzaron los 7.3 billones de dólares, más de 30 veces el monto canalizado hacia Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que fue de aproximadamente 220 mil millones de dólares. El documento fue elaborado por una coalición internacional de instituciones especializadas en finanzas y medio ambiente.

De acuerdo con los autores, este desbalance limita de forma significativa los esfuerzos de conservación y restauración, y constituye una barrera para la transición hacia una economía sostenible. El informe advierte que, mientras persistan los incentivos financieros que favorecen actividades extractivas y de alto impacto ambiental, las inversiones positivas seguirán siendo insuficientes frente a la magnitud de la pérdida de biodiversidad.

Una de las principales fuentes de financiamiento negativo identificadas son los subsidios públicos perjudiciales para el medio ambiente, estimados en 2.4 billones de dólares anuales. En el sector agrícola, alrededor de 400 mil millones de dólares en apoyos fomentan prácticas intensivas asociadas a la deforestación y la degradación de suelos. A ello se suman los subsidios a los combustibles fósiles, que ascienden a 1.13 billones de dólares y reducen los costos de actividades con alto impacto ecológico.

El sector privado concentra la mayor parte del financiamiento que daña a la naturaleza, con 4.9 billones de dólares dirigidos a industrias de alto impacto ambiental. Los servicios públicos representan 1.6 billones de dólares, seguidos por el sector industrial con 1.4 billones, además de los sectores energético y de materiales básicos. El informe indica que gran parte de estos flujos se canaliza mediante préstamos bancarios corporativos que sostienen infraestructuras dependientes de combustibles fósiles y del uso intensivo de recursos naturales.

Aunque la agricultura es uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad, el reporte señala que su peso financiero aparece fragmentado en otras categorías, como la producción de fertilizantes, químicos y alimentos procesados, lo que tiende a subestimar su impacto real y dificulta una respuesta integral.

Frente a este escenario, los autores proponen un cambio estructural denominado el “Gran Giro de la Naturaleza”, basado en la llamada Curva de Transición en X. Este enfoque plantea reducir de manera progresiva el financiamiento negativo y acelerar la inversión positiva en naturaleza, con el objetivo de que los flujos favorables a los ecosistemas superen a los que los degradan antes de 2030.

El informe subraya que redirigir el capital hacia Soluciones Basadas en la Naturaleza —como la restauración de ecosistemas, la protección de humedales o la gestión sostenible de paisajes— puede generar beneficios económicos. Según el documento, la restauración de tierras degradadas puede ofrecer retornos de entre 7 y 30 dólares por cada dólar invertido, además de contribuir a la mitigación del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

El reporte concluye que avanzar hacia este giro financiero requerirá reformas a los subsidios perjudiciales, mayor transparencia sobre los impactos ambientales de empresas e instituciones financieras y la participación de comunidades locales y pueblos indígenas. Aunque no define rutas específicas para cada país, el documento señala que integrar la salud de los ecosistemas en las decisiones económicas es una condición necesaria para la estabilidad ambiental y financiera a largo plazo.