Preocupa a 6 instancias de la ONU “esquema de seguridad pública militarizado” en minuta sobre Guardia Nacional
Altos funcionarios de la ONU alertaron sobre la expansión de la jurisdicción militar que contempla el texto que actualmente se discute en el Senado.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Isaac Esquivel).

Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaron este miércoles que “prevalecen elementos muy significativos de preocupación” en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para crear la Guardia Nacional y que actualmente se discute en el Senado.

“Reiteramos hoy nuestra grave preocupación ante un proyecto de reforma constitucional que daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado“, dijeron en un texto dirigido al Congreso de la Unión los relatores especiales sobre Tortura, Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y Protección a la Libertad de Expresión, Nils Melzer, Michel Forst y David Kaye; la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el presidente relator del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, Bernard Duhaime, y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Elina Steinerte.

Los funcionarios de Naciones Unidas reconocieron que el dictamen recogió algunas de las preocupaciones externadas durante las audiencias en San Lázaro, como la necesidad de expedir leyes nacionales del uso legítimo de la fuerza y del registro de detenidos, así como el fortalecimiento de los cuerpos policiales.

Sin embargo, “prevelacen elementos muy significativos de preocupación, sobre todo con respecto a la participación permanente de elementos militares en tareas de seguridad pública y su involucramiento en tareas de investigación criminal”, alertaron los funcionarios de la ONU.

Permanecen en la minuta componentes del orden militar como el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y funcionamiento de la Guardia Nacional en la Junta de Jefes del Estado Mayor y lo relacionado con el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de los integrantes de la Guardia bajo mando militar.

Además, criticaron la expansión de la jurisdicción militar que se ve reflejada en que los delitos cometidos por los integrantes de la Guardia Nacional serán conocidos por autoridades civiles sólo cuando sean cometidos “en el ejercicio de sus funciones”, mientras que las faltas contra la disciplina militar serán juzgadas por autoridades militares.

Aunque la minuta establece que la puesta a disposición de las personas detenidas por la Guardia Nacional debe efectuarse en instalaciones civiles, la redacción podría legitimar la detención de personas en instalaciones militares, pues el concepto de “privación de la libertad” es distinto al de “puesta a disposición” y en los hechos podría realizarse la segunda en instalaciones civiles previa detención en instalaciones militares.

Los altos funcionarios de la ONU también recordaron al Congreso que el Estado mexicano ha firmado pactos y acuerdos internacionales que se contradicen con algunas disposiciones de la reforma constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1981.

También mencionaron distintos llamados y recomendaciones realizadas por comités de la ONU, como el de Derechos Humanos o el establecido contra la Desaparición Forzada, que en 2010 y 2018 sugirieron a México que adoptara todas las medidas necesarias para que la seguridad pública fuera mantenida por fuerzas de seguridad civiles y no militares.






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