Periodista venezolano narra tortura y persecución sistemática bajo el régimen de Nicolás Maduro

El periodista y defensor de derechos humanos venezolano, Luis Carlos Díaz, relató durante Aristegui En Vivo su experiencia tras ser detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en 2019.

Díaz describió su detención como un evento violento, equiparable a un rapto: “Me detuvieron como si fuese un secuestro en la calle, de forma violenta, me encapucharon y me llevaron a un centro de tortura clandestino”.

Según relató, su captura ocurrió al salir de su jornada laboral en el principal medio privado de Venezuela, donde colaboraba con el reconocido periodista César Miguel Rondón.

Díaz explicó que su detención fue ejecutada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), organismo que en ese momento se encontraba bajo la estructura de mando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El motivo oficial fue su supuesta responsabilidad en el apagón nacional que paralizó a Venezuela durante cinco días en 2019.

“Decían que yo era el hacker del sistema eléctrico… un sistema construido en los años 70 que no tiene computadoras. Lo que quería el chavismo era que yo me autoinculpara de haber provocado el apagón”, compartió.

Durante las horas iniciales de su desaparición, Díaz fue trasladado a un centro clandestino donde, asegura, fue sometido a torturas físicas brutales y presión psicológica para grabar un video de confesión.

El periodista también describió como es El Helicoide, una estructura arquitectónica icónica de Caracas que originalmente fue proyectada como un centro comercial de lujo y que hoy funciona como sede policial y prisión.

“El chavismo es tan sádico que en El Helicoide hay una cancha de básquet profesional donde hacen campeonatos nacionales y llevan escuelas con niños […] incluso transmiten por televisión los juegos, mientras en los pisos de abajo están nuestros compañeros siendo torturados”, señaló.

En este contexto, el defensor de derechos humanos mencionó el caso de Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos, quien cumplirá próximamente dos años de reclusión en dicho centro bajo condiciones similares de opacidad procesal.

Más allá de la violencia física, Díaz describió un proceso de asfixia económica y social. Durante el allanamiento a su hogar, las autoridades no solo confiscaron herramientas de trabajo, sino que sustrajeron los ahorros familiares.  Mientras esto ocurría, su esposa se encontraba en pleno ciclo de quimioterapia para tratar un cáncer.

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“Le robaron todo el dinero de su tratamiento. Eso te demuestra el nivel de sadismo. Sanamos en conjunto, pero me hicieron vivir como un leproso durante tres años de juicio”, afirmó.

El periodista detalló que el Estado impuso una prohibición absoluta a sus abogados para declarar sobre el caso, buscando evitar que se hicieran públicas las evidencias de tortura. Esta restricción de movimiento y de expresión lo mantuvo en un estado de “muerte civil” hasta que finalmente pudo salir del país, apoyado, en parte, por su nacionalidad española.

Díaz explicó que poseer un pasaporte europeo le otorgó un nivel de protección y visibilidad internacional que muchos otros presos políticos venezolanos no tienen.

La nacionalidad española facilitó que su caso fuera discutido en Bruselas, generando una presión política directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro.