Cultura y cohesión social en tiempos de recortes | Artículo de Mario Luis Fuentes

La cultura en México ha sido históricamente uno de los ámbitos más golpeados por los recortes presupuestales. En la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 en la Cámara de Diputados, nuevamente aparece la propuesta de reducir los recursos destinados al sector.

Ello ocurre en un contexto complejo: altos niveles de violencia, persistencia de la corrupción y un debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones. Frente a ello, resulta crucial reflexionar sobre por qué el fortalecimiento cultural debería ser un eje estratégico de la política social y de la cohesión comunitaria.

Los tabulados del Módulo sobre Eventos Culturales (MODECULT) del INEGI muestran la evolución de la asistencia de la población adulta mexicana a distintas manifestaciones culturales entre 2020 y 2024. Aunque los porcentajes varían de un año a otro, la tendencia general evidencia que la asistencia se mantiene en niveles bajos respecto del potencial poblacional.

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En 2020, la asistencia a algún evento cultural estuvo profundamente afectada por la pandemia y las restricciones sanitarias. En 2021 y 2022, se observó cierta recuperación, pero sin alcanzar niveles previos a la crisis sanitaria. Para 2023 y 2024, los datos sugieren una estabilización, aunque con claros signos de estancamiento: la proporción de personas que asisten regularmente a museos, conciertos, obras de teatro o ferias culturales sigue siendo minoritaria.

Esto no se explica únicamente por la falta de interés: el factor determinante es la desigualdad en el acceso y la oferta insuficiente. Quienes viven en zonas urbanas, cuentan con mayor escolaridad o disponen de mayores ingresos, tienen más posibilidades de asistir. En contraste, amplios sectores de la población -sobre todo en regiones rurales y en los estratos más bajos de ingreso- permanecen prácticamente excluidos de la vida cultural institucionalizada. En este escenario, los recortes presupuestales representan un retroceso estructural; se trata de un debilitamiento del entramado institucional que permite que las personas ejerzan su derecho constitucional de acceso a la cultura.

El artículo 4º de la Constitución mexicana reconoce explícitamente este derecho, en igualdad de condiciones para todas las personas. Reducir el presupuesto implica dejar en letra muerta esta disposición, y trasladar la responsabilidad de sostener la vida cultural a los sectores privados o a los esfuerzos comunitarios aislados. Esto refuerza las desigualdades: quienes ya tienen acceso, seguirán disfrutando de la cultura; quienes no lo tienen, se verán aún más marginados.

Es cierto que la cultura, por sí sola, no erradica la violencia ni la corrupción u otros complejos fenómenos. Sin embargo, sí contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a construir sociedades más cohesionadas. La asistencia a eventos culturales ofrece experiencias compartidas que fortalecen los lazos comunitarios, generan identidad colectiva y abren espacios de diálogo y reflexión crítica.

En un país donde la violencia cotidiana erosiona los vínculos sociales y genera desconfianza, los espacios culturales se convierten en refugios simbólicos y materiales. Museos, teatros, casas de cultura y festivales locales permiten que la ciudadanía se reconozca como parte de una comunidad con historia, memoria y creatividad compartida. Esta cohesión, aunque intangible, es fundamental para resistir los embates de la violencia y la fragmentación social.

Desde la perspectiva de la política social, invertir en cultura también puede considerarse una estrategia de prevención. En efecto, los programas de seguridad y de justicia, pueden ser complementados o fortalecidos desde otra lógica: ofrecer alternativas de sentido, especialmente a niñas, niños y jóvenes. Las estadísticas muestran que la falta de espacios de recreación, cultura y deporte es un factor de riesgo en la generación de conductas antisociales. Un concierto comunitario, una exposición itinerante o un taller en una casa de cultura no sustituyen la política de seguridad, pero sí brindan oportunidades para canalizar energías, construir proyectos colectivos y ofrecer horizontes de vida distintos a la violencia. En este sentido, la cultura es una herramienta de resiliencia comunitaria.

Resulta paradójico que en un momento donde más se requiere reconstruir la cohesión social, se planteen recortes a la cultura; en efecto, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se prevé un recorte de casi dos mil millones de pesos, lo que representa alrededor de un -17% respecto de los casi 15 mil 100 millones de pesos aprobados para el 2025. Es importante considerar que ese  monto es incluso menor que el asignado en 2017 cuando se llegó a casi 17 mil millones de pesos, lo que en términos reales representa una severa caída presupuestal.

Mientras se destinan crecientes recursos a la seguridad y al aparato coercitivo, se desatiende aquello que fortalece las raíces comunitarias y los vínculos de confianza. Esta visión olvida que la seguridad y la gobernabilidad no dependen únicamente de la fuerza del Estado, sino también de su capacidad para generar confianza, sentido y legitimidad. La cultura es, en ese sentido, un pilar de la gobernabilidad democrática. Un pueblo que accede a la cultura no solo se enriquece espiritualmente: también desarrolla herramientas para la deliberación crítica, para la participación ciudadana y para exigir rendición de cuentas a sus autoridades. Al reducir el presupuesto cultural, se debilita también la base de una ciudadanía activa y consciente.

El debate en la Cámara de Diputados sobre el PPEF 2026 debería ser una oportunidad para replantear la visión del Estado frente a la cultura, la cual debería reconocerse como inversión social estratégica. Si se aspira a un país más justo, menos violento y con mayor cohesión social, fortalecer la cultura es inaplazable. Ello implica garantizar infraestructura cultural en todos los territorios, apoyar a creadores y artistas, llevar eventos a comunidades marginadas y fomentar el acceso universal. No hacerlo equivale a aceptar un modelo de desarrollo donde la cultura se convierte en un lujo para unos cuantos, y no en un derecho para todas y todos.

En medio de la violencia, la corrupción y la incertidumbre social, la cultura no es un adorno ni un accesorio: es uno de los pocos caminos posibles para reconstruir la esperanza y la cohesión del tejido social mexicano.

Investigador del PUED-UNAM