Riesgo de nuevo derrame tóxico en Sonora pone en alerta a pobladores: abogado
Para los pobladores de Bacanuchi, Sonora, la construcción de una presa que contiene residuos tóxicos de la minera Grupo México los pone en riesgo de un nuevo derrame contaminante. Exigen informes a Semarnat.

A cinco años del peor derrame de la historia de la minería en México, residentes de Bacanuchi, Sonora, exigen a la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat) que se les informe y se les permita opinar sobre una nueva presa de jales que construye Grupo México, a 27 kilómetros de la población.

Los jales son cúmulos de rocas molidas que contienen residuos de plomo, zinc, cobre, plata y otros minerales que les fueron extraídos, y que requieren ser confinados en presas para evitar la contaminación del subsuelo y de cuerpos de agua, como sucedió en 2014 en Cananea, Sonora.

A pesar de la cercanía con la zona contaminada hace media década, y las afectaciones aún presentes en la comunidad, los residentes de Bacanuchi interpusieron, y se les fue otorgado, un amparo ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se les informe sobre la construcción de la presa de jales y se les permita manifestar sus sugerencias.

“La tranquilidad no ha vuelto para la comunidad, la economía sigue colapsada y los daños se siguen viviendo todos los días, pero para la empresa no ha significado nada, pues siguió con sus planes de expansión”, declaró Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER.

En entrevista en Aristegui en Vivo, el abogado denunció que un año antes del derrame de Cananea, la Semarnat autorizó la construcción de la presa. Dos años después del derrame se empezó a construir y a operar, un procedimiento irregular, pero tan común, que parecería una regla para operar.

“Así es la forma en cómo opera el gobierno con las empresas, sin tomar en cuenta a las personas, como si fueran parte del paisaje”.

A raíz del amparo concedido, la mañana del viernes funcionarios de la Semarnat se reunirán con los habitantes de este poblado de 200 personas. Para Cano, estos agricultores y ganaderos “están enfrentando al gigante”.

“La gente claramente tiene preocupaciones y tiene derecho a expresarlas, se han documentado, se han informado, y le va a decir a la autoridad que lo tomen en serio porque esto no es cualquier cosa”.



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