Uber anuncia regreso a Cancún; es servicio público y requiere concesión: juez federal
El sindicato de taxistas advirtió que la "grave y abierta provocación de Uber" puede generar violencia.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz).

Uber anunció su regreso a Cancún, Quintana Roo, para este jueves 6 de junio, luego de más de año y medio de haber suspendido sus operaciones, pese a que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo no ha concedido su registro a la empresa y un juez federal concluyó que debe obtener una concesión pues es un servicio público.

Saúl Crespo, gerente de Comunicación de Uber México, informó que a partir del jueves 6 la empresa ofrecerá viajes de Cancún hacia cualquier parte del estado, pero aclaró que los viajes no podrán iniciar en cualquier otro municipio de Quintana Roo. Por ejemplo, será posible para los usuarios de la aplicación pedir viajes de Cancún a Playa del Carmen, pero no de Playa del Carmen a Cancún.

“Estamos felices de volver a casa. El día de mañana a primera hora comenzaremos a brindar servicio a más de 500,000 cancunenses. Nuestro regreso consolida el compromiso que tenemos con Cancún y sus ciudadanos”, expresó en un comunicado la empresa, que espera generar más de cinco mil fuentes de autoempleo en la ciudad.

De acuerdo con Uber, un juez federal concedió una suspensión definitiva a la empresa, en la que ordenó al Instituto de Movilidad que le permita “operar y llevar a cabo su actividad comercial en el Estado de Quintana Roo”. Derivado de lo anterior, explicó Uber, la empresa presentó su solicitud de registro como Empresa de Red de Transporte (ERT) ante el Instituto de Movilidad, la cual no ha sido resuelta.

Sin embargo, la sentencia publicada este miércoles por el juez cuarto de distrito con sede en Quintana Roo negó la protección de la justicia federal a Uber para casi todos sus reclamos, excepto en cuanto a la prohibición de recibir pagos en efectivo establecida en la Ley de Movilidad local.

El 25 de octubre de 2018 Uber presentó una demanda de juicio de amparo en contra de las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, particularmente contra del artículo 149 que dice: “el servicio de transporte contratado a plataformas tecnológicas o digitales tiene el carácter de servicio público y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión“.

En su sentencia, el juez federal concluyó que aunque Uber no se presenta como una empresa dedicada al transporte sino como un intermediario, “materialmente presta un servicio de transporte” y además “reúne los perfiles jurídicos esenciales que constituyen un servicio público“.

“El servicio de transporte que se contrata a través de plataformas electrónicas no es un servicio privado, como lo pretende hacer notar la quejosa (Uber), ya que la plataforma electrónica va dirigida a toda la población que desee contactarla y hacer uso de ella por lo general a través de un dispositivo de telefonía móvil, por lo que los destinatarios no son propiamente cierto grupo de personas que tengan una relación personal”, indicó el juez.

“No es posible afirmar que el servicio que se proporciona en una plataforma electrónica no es un servicio público de transporte, en tanto transportan pasajeros dentro del público general, mediante la utilización de las vías y carreteras del Estado de Quintana Roo; perciben una remuneración económica y cubren las necesidades en materia de autotransporte de esta entidad, con la única diferencia de usar una aplicación electrónica para lograrlo”, añadió.

Aunque, como dijo Uber, el pasado 4 de diciembre el juez federal concedió una suspensión definitiva a la empresa, este miércoles dejó sin efectos los apercibimientos contra el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

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El Sindicato de Choferes Taxistas y Similares del Caribe afirmó que el anuncio del regreso de Uber tiene “el único fin de generar confusión y conflictos entre taxistas, gobierno y sociedad en general, pisoteando una vez más el estado de derecho”.

En un comunicado, el sindicato describió el regreso de Uber como un acto desesperado luego del fallo del juez cuarto de distrito y representa una “grave y abierta provocación hacia los socios concesionarios y operadores de este gremio, alentando situaciones que pudieran generar violencia por la disputa en el pasaje”.








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