“Exigimos un proceso electoral apegado a la legalidad” y una #FiscalíaQueSirva: Coparmex
"La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política", indicó.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que “eviten todo comportamiento o actuación que de sospecha, indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal” en el proceso electoral.

A través de un comunicado, señaló que “las reformas a los organizadores y árbitros de los procesos electorales parecieran haber sido insuficientes”, ya que en cada uno de ellos se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado para favorecer a partidos y candidatos.

“Múltiples gobiernos de diversa filiación partidista, y de los distintos órdenes de gobierno, han utilizado ilegítimamente a las entidades gubernamentales y sus recursos, como si fueran instrumentos auxiliares de la competencia electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad”, afirmó.

Sin embargo, apuntó, “el desvío de recursos para fines electorales no ha sido la única manifestación aberrante de la captura de las instituciones para fines ajenos a su mandato legal”, pues entidades fundamentales del Estado, responsables de la procuración de justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la inteligencia financiera, “están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares, con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos”.

Observó que en días recientes, “la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos”.

Ante esta situación, la Coparmex exigió a todas las autoridades y los funcionarios públicos, en los distintos órdenes de gobierno, se ajusten a la legalidad y limiten su actuación y uso de recursos públicos, a la función que se les encomendó.

Asimismo, indicó, “toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada”.

La Confederación también urgió a la Presidencia de la República, partidos, coaliciones, y legisladores de las diversas fuerzas políticas, a pronunciarse con claridad y actuar sin dilación, para concretar una reforma al artículo 102 de la Constitución General, que garantice que México cuente con una Fiscalía General autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, con supervisión y controles ciudadanos: una #FiscalíaQueSirva.

“Si hay evidencia de la comisión de un delito, este debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos”, sostuvo.

“Exigimos un proceso electoral apegado a la legalidad. Los gobiernos y sus funcionarios, deben dedicarse a cumplir con sus responsabilidades, sin distracciones. Los partidos y candidatos a presentar propuestas. Queremos escuchar de ellos los qué y también los cómo. Y las autoridades electorales, deben garantizar un proceso ordenado, con certeza y transparencia para todos los participantes”, expresó.






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