Bosque de Codicia: la defensa de Salazar se paga con cárcel (Parte II)
Cinco hombres y tres mujeres pasaron de víctimas a victimarios por defender una parcela en disputa. Los acusan de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia, pese a las contradicciones del caso.
Hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2016

Defender las tierras que sus antepasados han ocupado por más de cuatro generaciones, ha tenido un costo muy alto para los habitantes de Salazar: ocho comuneros, cinco hombres y tres mujeres, están encarcelados desde hace seis meses por la imputación de tres delitos: lesiones, robo con violencia y privación ilegal de la libertad.

Los detenidos incluyen a uno de sus principales líderes, el representante de bienes comunales, Cutberto Vilchis García, un adulto mayor de 71 años de edad, así como dos madres solteras, una vendedora de flores, dos obreros, un taquero y un bibliotecario.

Ninguno de los ocho comuneros contaba con antecedentes penales y su proceso penal es considerado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero como un caso más en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha criminalizado la lucha social para favorecer el interés de particulares por encima de los pueblos originarios de la entidad.

La detención de los comuneros ocurrió la madrugada del 31 de agosto del 2017 en un operativo que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza: más de mil elementos de la policía estatal, ministerial y hasta del Ejército Mexicano participaron en la detención de ocho personas vinculadas a un conflicto agrario.

Durante el año que duró la investigación del caso penal, la Fiscalía del Estado de México jamás les notificó de la indagatoria en su contra, negándoles así el derecho de contar y ejercer una defensa adecuada y de presentar pruebas a su favor.

La parcela de la discordia y las irregularidades en el proceso penal

La historia que dio pie al proceso penal en contra de los pobladores de Salazar se remonta al 30 de septiembre del 2016, fecha en la que los comuneros de ese comunidad frenaron el intento de un grupo de personas de cercar uno de los terrenos que disputan con ejidatarios de La Cima San Mateo Atarasquillo.

Ubicada junto al Panteón de Salazar en los límites de la población, la parcela agrícola estaba bajo el resguardo de Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario, actualmente detenido. Eran pasadas las once de la mañana, cuando un grupo de 11 personas ajenas a la comunidad, llegaron a tomar posesión de la milpa, explica el comunero Víctor Hernández Becerril.

El representante legal del Ejido La Cima San Mateo Atarasquillo y de un grupo de 20 particulares que compraron parcelas en la zona de conflicto, Mario Alberto de León Venegas, afirma que estuvo a punto de ser linchado junto con su chofer Juan Carlos Ríos Soto y su secretaría Natalia Miguel Marin.

En entrevista, el abogado pide separar la disputa por los terrenos del proceso penal contra los comuneros, aunque reconoce que sí existe relación entre ambos casos. “Nos privaron de la libertad a mí y a otras personas cerca de siete horas, fuimos rodeados, luego golpeados, nos robaron nuestras pertenencias y nos salvamos de ser linchados porque intervino el Ejército”, afirma.

En un video grabado el día de los hechos, Mario Alberto de León afirmó que era representante legal de Inmobiliaria del Centro y de un particular al que identifica como Ingeniero Pablo Lezama, cuyos nombres no aparecen en la carpeta de investigación 1146/2017 iniciada por el Ministerio Público de Lerma en contra de los comuneros.

De acuerdo con las audiencias del caso, la mayoría de los trabajadores de la inmobiliaria comenzaron a huir tras los primeros reclamos de los pobladores. El abogado Mario Alberto de León Venegas llegó al lugar 25 minutos después de iniciado el conflicto. A partir de este momento, comienzan versiones opuestas del hecho.

Hija del líder comunitario detenido, Cutberto Vilchis, Fabiola Vilchis Rojas narra que durante la huida de los trabajadores, un ex policía municipal de Lerma, identificado como Marcos Hernández Gil, recibió una pistola directamente de las manos de Natalia Miguel Marín, con la que presuntamente disparó contra la multitud para posteriormente darse a la fuga.

“Al sentirse presionada por la comunidad de Salazar, Natalia Miguel le da un arma a Marcos Hernández Gil, quien la detona a quemarropa contra los pobladores que estaban frente a él, pero afortunadamente se tropieza y los tiros salen hacia arriba, por lo que huye y tira su placa. En ese momento, es cuando la gente se da cuenta de que Juan Carlos Ríos traía un arma y procede a desarmarlo”, detalla.

En el expediente del Juez de Control sobre este caso, se señala que un joven originario de Salazar, Saúl Ceballos, fue la persona que logró desarmar a Juan Carlos Ríos Soto durante la trifulca.

El sometimiento de Ríos Soto no fue pacífico: los pobladores lo tundieron a golpes, provoćandole lesiones que tardan en sanar hasta 15 días, según el certificado médico que obra en el expediente.

Policías municipales en activo… al servicio de particulares

Dentro de la carpeta que ya se judicializó, hay constancias de que la propia Natalia Miguel Marín y Juan Carlos Ríos Soto, eran policías municipales en activo al momento de los hechos. Esto implica que el día del incidente, ambos estaban armados y que actuaron fuera de su jurisdicción.

Fabiola Vilchis agrega que otra contradicción del caso, presentada durante la audiencia de vinculación a proceso y desestimada en ese instante por un Juez de Control, son las declaraciones del abogado Mario Alberto de León sobre los golpes que recibió.

Durante su entrevista ministerial, el litigante afirmó que fue agredido durante más de una hora, pero el certificado médico anexado al expediente señala que no presentaba lesiones. Fabiola Vilchis agrega que se acusó a su padre, Cutberto Vilchis de patear al abogado con ambas piernas, pese a que tiene una discapacidad que le impide utilizar una de sus piernas.

La guerra de los videos entre defensa y presuntas víctimas

El abogado Mario Alberto de León también denunció el robo de un celular con valor de 24 mil pesos durante la agresión, por lo que cuantificó la reparación del daño, sumando las lesiones que no se acreditaron y el hurto de su aparato, en 395 mil pesos.

Las divergencias del caso también incluyen el delito de privación de la libertad: mientras el abogado y sus acompañantes señalan que todo el tiempo estuvieron amarrados y retenidos contra su voluntad, los comuneros cuentan con una serie de videos en los que se advierte la presencia de policías estatales y municipales en el lugar de los hechos.

El diálogo entre las partes es áspero, pero no se observa a ninguna persona sujetando a las tres víctimas. El video no abarca la totalidad del evento que según la carpeta de investigación se extendió entre las 11:30 de la mañana y las 15:30 horas, es decir, alrededor de cuatro horas.

Sin embargo, la defensa de las presuntas víctimas presentó un video de un minuto en el que se observa que al menos Natalia Miguel Marín si estuvo amarrada. La mujer policía afirmó que la rociaron con gasolina y que fue agredida constantemente, pero nuevamente el examen médico concluye que no presenta lesiones en muñecas o pies y además se omite cualquier tipo de lesión, olor o irritación dejada por el combustible.

En su descargo, los comuneros afirman que fue por temor a que portara más armas y que se le soltó casi de inmediato, puesto que gente de la propia comunidad se opuso a esta medida. Incluso, Fabiola Vilchis considera que sí la privación ilegal de la libertad fuera cierta, las autoridades que estaban en el lugar podrían haber detenido a los comuneros en flagrancia en lugar de “sembrarle delitos”

Vinculados a proceso con las pruebas de la defensa

A pesar de que el proceso penal presenta múltiples irregularidades, los ocho comuneros fueron vinculados a proceso desde septiembre del 2017. Durante la audiencia inicial, el Juez de Control solicitó a los abogados de la defensa dejar el caso, con el argumento de que no estaban preparados para litigar en el nuevo sistema de justicia penal.

Además, avaló una a una las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público y desechó todos los argumentos que esgrimió de la defensa a favor de sus clientes. Incluso, los videos y testimonios presentados por la defensa fueron utilizados en contra de los comuneros.

La actuación del Juez de Control en este caso, corresponde con exactitud a un diagnóstico de la organización México Evalúa sobre la operación del sistema de justicia acusatorio en esa entidad federativa. “Los jueces en el Estado de México ejercen poca supervisión sobre la calidad y legalidad del trabajo de fiscales y policías. A pesar de observar detenciones que parecen haber violado reglas esenciales de la detención (como los plazos y notificación de derechos básicos), los jueces tienden a ratificar dichas detenciones”.

Sólo en un 11.1 por ciento de los casos, los jueces del Estado de México corrigen el trabajo de la Fiscalía Estatal y rechazan dictar la vinculación a proceso de los imputados.

Operativo excesivo contra comuneros

La captura de los comuneros se realizó la madrugada del 31 de agosto del 2017 durante un operativo que se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza, robo y rapiña en las viviendas de los afectados, vandalización de las casas y amenazas contra las familias. Incluso, hubo disparos al aire para intimidar al resto de los pobladores.

El despliegue policial fue superior a los mil elementos de diferentes corporaciones, incluyendo a integrantes de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y hasta de la Marina-Armada de México, cómo se puede constatar en diferentes videos de estos hechos.

Sin embargo, los militares optaron por hacerse a un lado cuando fueron advertidos por los pobladores de que no se trataba de una acción contra secuestradores, sino de una detención derivada de un conflicto agrario.

Los excesos cometidos por policías estatales y ministeriales de la fiscalía mexiquense incluyeron el allanamiento de más de una decena de casas sin órdenes de cateo.

La desproporción para la detención de los comuneros se puede comparar con el operativo para capturar al conocido narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, que se realizó en esa misma zona, en la comunidad de Cañada de Alférez.

La carretera y el paso hacia ese lugar es la comunidad de Salazar. La gente del pueblo considera que el operativo realizado el 30 de agosto del 2010 estuvo integrado por un grupo de 100 a 150 elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano.

Con el expediente en mano, el periodista José Reveles confirmó que solo participaron 150 elementos policiacos para detener a uno de los principales lugartenientes del Cártel de los Beltrán Leyva. Es decir, la cantidad de policías para detener a “La Barbie” fue seis veces menor a la fuerza pública que se usó contra los campesinos de Salazar.

Libertad negada a personas sin antecedentes penales

A los ocho comuneros de Salazar que están sujetos a proceso penal se les imputan los delitos privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, estos actos ilícitos no se consideran de prisión oficiosa, es decir, no se consideran graves y se castigan con penas de prisión cuya media aritmética no rebasa los cinco años, por lo que podrían llevar su proceso en libertad.

Sin embargo, a estos cinco hombres y tres mujeres sin ningún tipo de antecedentes penales, se les ha mantenido en la cárcel para presionarlos y obligarlos a que vendan sus tierras.

Primero, se les negó la libertad bajo caución como medida cautelar y apenas el pasado 22 de febrero, un Juez de Control del fuero común se negó a suspender el proceso penal en contra de dos comuneros que habían ofrecido pagar 100 mil pesos para reparar los daños que les imputan tras los hechos del 30 de septiembre del 2016. Esta cifra, era la cantidad proporcional que les correspondía, si se toma en cuenta que hay ocho procesados.

La defensa de las presuntas víctimas, así como el Ministerio Público rechazaron la oferta, con el argumento de que no cubren la totalidad de la reparación del daño que el abogado Mario Alberto de León Venegas calculó en 395 mil pesos.

De acuerdo con los familiares, la parte ofendida les ha advertido que el único acuerdo posible es que entreguen el terreno agrícola que los particulares intentaron cercar en septiembre del 2016, una milpa que vale de 18 a 24 millones de pesos si se toman como referencia los precios más baratos que ofrece el portal propiedades.com para un predio en la zona.








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