Denuncian la detención de 14 periodistas en Venezuela
El decreto por el que se declaró el estado de conmoción exterior en Venezuela incluyó una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocionó o apoyó el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses.
- Redacción AN/ SBH
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que hasta 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos durante la jornada del lunes, en coincidencia con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.
“Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales”, informó el sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.
De los detenidos, 13 ya fueron liberados y uno fue deportado, según la actualización del SNTP poco después de las 19:00 horas.
El sindicato aseguró que durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional no se permitió a los periodistas transmitir en directo, grabar o tomar fotografías.
“Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, denunció.
El SNTP mencionó en particular el caso de Daniel Álvarez, periodista de Televen, a quien le fue incautado su teléfono durante un tiempo.
“Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”, advirtió el sindicato.
Decreto de conmoción ordena detener a cualquier venezolano que apoye el ataque de EEUU
El decreto por el que se declaró el estado de conmoción exterior incluyó una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocionó o apoyó el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela del pasado 3 de enero, en el que fue apresado Nicolás Maduro.
“Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”, explicó el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes.
Los detenidos por este precepto debieron ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con miras a su enjuiciamiento, “con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
El texto, con una duración de 90 días prorrogables por otros 90, previó además un refuerzo de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera “y demás industrias básicas del Estado”.
El estado de conmoción incluyó, además, poderes extraordinarios para el jefe del Estado —Delcy Rodríguez, en este caso—, tales como la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
También permitió a Rodríguez ordenar la requisa de los bienes necesarios para la defensa del país, restringir el acceso al territorio nacional o cerrar las fronteras.
Te puede interesar > Maduro se declara no culpable en corte de EE.UU. por caso de narcoterrorismo
Asimismo, capacitó a la presidenta encargada para “restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional”, “dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población”, y adoptar “cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo venezolano, la integridad del territorio y la soberanía venezolana”.
El decreto debió ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días desde su emisión para su consideración y aprobación, explicó el propio texto.
Información: Europa Press.
