opinión*
El cambio político en el país es propuesta, pero en la Ciudad de México es ley (Artículo)
por Rogelio Muñiz Toledo
Victoria Valtierra / Cuartoscuro

Rogelio Muñiz Toledo

La Ciudad de México … Aspira a construir un Estado social y democrático: Constitución Política de la Ciudad.

El cambio político en la Ciudad de México está en marcha. La Constitución establece su orientación, las acciones y los tiempos para llevarlo a cabo. Es un mandato constitucional para quienes detentan el poder público.

A diferencia de lo que sucede con la Cuarta Transformación propuesta por el Presidente de la República, que requerirá de reformas a la Constitución federal, el cambio político en la Ciudad de México no es una propuesta del gobierno, es un proceso político-jurídico establecido en la Constitución de la Ciudad, con base en un amplio consenso alcanzado en la Asamblea Constituyente y, en consecuencia, no depende de una decisión política del nuevo gobierno.

En el país, el cambio deberá tener como presupuestos la negociación y la formación de consensos para reformar la Constitución federal. En la Ciudad de México, las bases constitucionales para el cambio ya están establecidas y su observancia es obligatoria; a la Jefa de gobierno y al Congreso local les corresponderá conducir el proceso de cambio, con estricta observancia de la Constitución local.

En ambos procesos de cambio hay un eje fundamental: la erradicación de la pobreza y de las desigualdades estructurales y el logro progresivo de una más justa distribución de la riqueza y del ingreso. En lo inmediato, esto se traduce en la reorientación del presupuesto para favorecer al gasto social; en el mediano plazo, significará el establecimiento de un Estado de Bienestar, que permita contar con una auténtica política social de Estado.

La reconfiguración del Presupuesto de Egresos de la Federación, para reorientarlo al gasto social, es una decisión política del Gobierno de la República que deberá procesar con su mayoría en la Cámara de Diputados.

En la Ciudad de México existen disposiciones constitucionales que obligan a la Jefa de gobierno y al Congreso local a elaborar y aprobar un presupuesto orientado al cumplimiento efectivo de los derechos, con metas y partidas presupuestales para ello y con un mandato para la ampliación progresiva de los recursos para el gasto social. Incluso hay montos presupuestales garantizados constitucionalmente, como en el caso del desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyo presupuesto no podrá ser inferior al dos por ciento del presupuesto de la Ciudad.

En su discurso de toma de posesión, el Presidente de la República anunció el establecimiento de un Estado de Bienestar en el país y dijo que presentará las iniciativas de reforma a la Constitución para ello y para garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y la seguridad social.

Crear las bases de un Estado de Bienestar en la Ciudad de México a partir de 2019, con un sistema de derechos sociales que permita elevar los niveles de bienestar, lograr una distribución más justa del ingreso, cerrar las brechas de desigualdad y erradicar la pobreza, es posible porque la Constitución local contiene las normas y las bases de un sistema de derechos y la definición de la política económica y la política social de la Ciudad con esos objetivos: aumentar los niveles de bienestar de la población y la creación de un sistema general de bienestar social para el desarrollo redistributivo.

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, los sistemas que se deberán crear para garantizar el ejercicio de todos los derechos deberán estar integrados a más tardar en junio de 2020 y el cambio en la Ciudad de México deberá estar concluido, en su etapa legislativa, a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año.

En el cumplimiento puntual de lo dispuesto por la Constitución en materia de derechos y de bienestar social, la nueva Jefa de gobierno tiene una extraordinaria oportunidad para establecer en la Ciudad de México un Estado de Bienestar que garantice la justicia social, permita alcanzar la igualdad sustantiva y logre que la dignidad humana sea efectivamente el sustento de los derechos humanos de todos sus habitantes.

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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