Exigen a CNDH no estigmatizar a organizaciones civiles
El organismo acusó a la CNDH de basar parte de su recomendación en interpretaciones ideológicas.
- Redacción AN / KC
El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abstenerse de emitir señalamientos que estigmaticen a organizaciones civiles.
Esto, al considerar que podrían incrementar el riesgo para quienes defienden los derechos humanos en el país.
El posicionamiento fue difundido este martes como respuesta a la Recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH el pasado 9 de julio sobre el caso Ayotzinapa, en el que concluyó que 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Sin embargo, el Consejo Consultivo del Mecanismo aclaró que su preocupación no está relacionada con esas conclusiones, si no con el apartado “II.2. Incidencia de las organizaciones civiles”, tras considerar que contradice la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Consejo consideró que ese capítulo utiliza un tono de crítica, estigmatización y criminalización hacia organizaciones defensoras de derechos humanos.
También sostuvo que el texto diluye la responsabilidad del Estado en el caso Ayotzinapa y formula acusaciones que podrían poner en riesgo a quienes acompañan a víctimas y familiares.
Realiza acusaciones que descalifican su trabajo y podrían eventualmente colocarles en riesgo.
Además, el Consejo afirmó que la metodología empleada por la CNDH para elaborar ese apartado no parte de un análisis sustentado en los estándares internacionales de derechos humanos ni en el principio de solidaridad internacional.
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En cambio, sostuvo que presenta interpretaciones ideológicas sobre el trabajo de organizaciones y redes nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
El Consejo también expresó preocupación por la propuesta de utilizar mecanismos de transparencia fiscal para revisar a las organizaciones civiles.
Advirtió que recurrir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ese propósito “podría representar una persecución fiscal excesiva” y un uso indebido del poder público.
De manera particular, manifestó inquietud por las referencias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
También, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y otras organizaciones que actualmente son beneficiarias del propio Mecanismo de Protección.
Por ello, llamó a las instituciones que integran la Junta de Gobierno del Mecanismo, incluida la propia CNDH, para cumplir con la Ley de Protección y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, exigió a la presidencia de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, hacer pública la metodología utilizada para elaborar el apartado sobre la incidencia de las organizaciones civiles incluido en la Recomendación 208VG/2026.
También solicitó al Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Comisión emitir un deslinde respecto de una eventual campaña de desprestigio o del uso indebido del poder público contra las organizaciones mencionadas.
De igual forma, pidió a la CNDH abstenerse de realizar señalamientos que puedan aumentar el nivel de riesgo para esas organizaciones, en cumplimiento de las obligaciones previstas en la Constitución, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su propio mandato legal.
Finalmente, el Consejo recordó que en abril de este año ya había solicitado a la CNDH evitar la estigmatización de organizaciones civiles y cumplir con su responsabilidad de promover y reconocer la labor que realizan en la defensa de los derechos humanos.
Cabe resaltar que entre las violaciones a derechos humanos que refirió la CNDH, documentó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, señaló que esos hechos fueron cometidos por autoridades de distintos órdenes de gobierno en colusión con un grupo delictivo, lo que, a su juicio, configuró un patrón sistemático de violencia institucional que favoreció la impunidad.
