Autoridades omisas y falta de rigor jurídico, en caso San Jerónimo: ONGs
Mireya Agraz Cortés y sus hijos fueron víctimas de la figura jurídica de alienación parental, frente a la que la CDHDF se inconformó, dijeron organizaciones.
(Foto: Twitter/@Cencos).

“Las omisiones de las autoridades y la falta de rigor jurídico” inhibieron la procuración de justicia en la disputa legal por la custodia de sus hijos que sostuvieron Leopoldo Olvera  y Mireya Agraz, quien se suicidó y quitó la vida a los niños el pasado 7 de junio, declararon organizaciones sociales.

Integrantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado este martes, para exigir la destitución inmediata de los “operadores encargados de la supuesta impartición de justicia involucrados en el caso” y la apertura de nuevas líneas de investigación que “observen actuaciones que constituyan hechos de violencia institucional”.

Las organizaciones también pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva la acción de inconstitucionalidad 19-2014, declarando la derogación de la figura jurídica de “alienación parental”.

Afirmaron que Mireya Agraz Cortés y sus hijos fueron víctimas de dicha figura jurídica, sobre la que deberá pronunciarse la SCJN y que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró inconstitucional.

El llamado síndrome de alienación parental está descrito en el Código Civil del Distrito Federal como “violencia familiar” que comete el integrante que “transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”.

Pero sus críticos, como la senadora perredista Angélica de la Peña, han señalado que no ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y que su aplicación en juicios familiares “genera condiciones que reproducen estereotipos de género en contra de las mujeres”, de acuerdo con un boletín del Senado emitido el 14 de junio pasado.

Las organizaciones firmantes del comunicado relativo al caso de suicidio y homicidio ocurrido en San Jerónimo Lídice el 7 de junio incluyeron una cronología de la disputa legal entre Mireya Agraz y Leopoldo Olvera.

Mencionaron la existencia de cuatro peritajes, uno realizado por la psicóloga y docente de la UNAM Leticia Abrego, otro realizado por el psicólogo Omar Isidro Asiain, del DIF de la Ciudad de México, otro efectuado por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y uno más de la perito Rocío Estela López Orozco, del Incifo.

Los primeros tres revelaron signos de abuso sexual en uno de los hijos de Mireya y Leopoldo a manos de éste último, mientras que el estudio realizado por la perito López Orozco lo descartó y afirmó la existencia del síndrome de alienación parental.

Con base en dicho peritaje, la jueza Cristina Roselló, del Juzgado Décimo de Lo Familiar ordenó el restablecimiento de la relación padre e hijo en diciembre de 2012.

 






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