Uso excesivo de prisión preventiva afecta desproporcionadamente a mujeres: WOLA
El uso excesivo de la prisión preventiva afecta, de manera desproporcionada, a mujeres latinoamericanas detenidas por asuntos relacionados con drogas, reveló un informe de la WOLA.

Las políticas de drogas prohibicionistas en países latinoamericanos, como México, han incentivado el uso excesivo de la prisión preventiva, y han provocado una afectación  desproporcionada en las mujeres, reveló un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

El reporte sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina detalla cómo las mujeres pueden pasar meses, o incluso años, encerradas por delitos no violentos relacionados con las drogas antes de que su caso sea resuelto por un juez.

En países como México, un porcentaje significativo de estas mujeres están encerradas por delitos de drogas no violentos.

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Los datos compilados y analizados por tres organizaciones de defensa de derechos humanos, investigación e incidencia, encontraron que en la mayoría de los países de América Latina hay una proporción mayor de mujeres que de hombres que esperan juicio tras las rejas.

“Las políticas de drogas actuales están llenando las prisiones de América Latina con mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a dedicarse al negocio de drogas porque no tienen otras alternativas para apoyar a sus familias”, dijo la Asociada de Programa de WOLA y autora del informe, Teresa García Castro.

“Estas mujeres a menudo pasan años en prisiones hacinadas, esperando ver a un juez. Ello tiene consecuencias devastadoras para sus vidas, sus familias y para la comunidad en general”.

El informe encontró que, durante 2017 en los centros penitenciarios de 14 entidades en México, más de la mitad de las mujeres encarceladas por delitos del fuero federal no habían sido sentenciadas y el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 por ciento más alto que para los hombres.

Además, el documento destaca que las mujeres en México permanecen proporcionalmente más tiempo en prisión preventiva que los hombres. Según los datos publicados por la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, el 27.4 por ciento de las mujeres esperaban entre uno y dos años para ser sentenciadas, mientras que sólo el 24.7 por ciento de los hombres esperan un plazo tan largo.

“Quienes toman decisiones políticas en América Latina deben reconocer que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas menores y no violentos no crea comunidades más justas o seguras, ni reduce la escala del mercado ilícito de drogas”, afirma Marie Nougier, Directora de Investigación y Comunicaciones del IDPC.

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El informe señala que las últimas reformas legales de justicia penal buscan que la cárcel sea prácticamente la única respuesta a la inseguridad, delincuencia y violencia. Un ejemplo es que, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el Congreso mexicano aprobó una ley para modificar la Constitución que expande el uso de la prisión preventiva.

Esta reforma amplía la lista de delitos que justifican la prisión preventiva automática, incluyendo la corrupción, delitos electorales, robo de combustibles, robo a mano armada, posesión de armas y otros, y por lo tanto incrementará la población en situación de prisión preventiva en México.

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Frente a estos cambios, el informe recomienda que se limite la adopción de restricciones legales solo para casos excepcionales, la promoción de alternativas sin custodia y la eliminación de la obligación de imponer la prisión preventiva por un tipo específico de delito, como los delitos relacionados con las drogas. Todas estas medidas deben incorporar una perspectiva  de género para aliviar el impacto desproporcionado de la prisión preventiva en las mujeres.

“El derecho internacional señala que la prisión preventiva sólo debe usarse como último recurso, pero los sistemas de justicia penal en América Latina continúan empleándola con demasiada frecuencia y de manera arbitraria”, señala Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia.

“Abordar este problema debe implicar la reforma de las leyes punitivas de drogas que incrementan las tasas de encarcelamiento en toda la región, al tiempo que se reconoce que las mujeres son las más afectadas por estas políticas injustas”.

Lee el reporte completo aquí.








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