Programas sociales impulsados por AMLO carecen de reglas claras y mecanismos de focalización: IMCO
El Instituto condenó la eliminación de los programas Prospera, Coinversión Social y Estancias Infantiles, a pesar de sus buenos resultados en evaluaciones.

Las modificaciones emprendidas por la actual Administración en diversos programas sociales no generan certeza de disminuir la desigualdad, pues carecen de reglas claras y de mecanismos de focalización, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). 

En un comunicado, recordó que durante su toma de protesta, el 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a “disminuir las desigualdades sociales” y anunció cambios en varios programas sociales para reducir la corrupción y eficientar este tipo de gasto.

Sin embargo, el Imco señaló que tras analizar 10 programas sociales, encontró que cuatro de ellos no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados.

Más aún, apuntó, “no hay mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan… En las modificaciones no hay pruebas de que se contemplaron las sugerencias del Consejo Nacional de Evaluación, la Auditoría Superior de la Federación y Gestión Social y Cooperación A.C. Esto sugiere que los cambios no están basados en evidencia, lo que pone en riesgo los resultados esperados”.

El Instituto condenó la eliminación de los programas Prospera, Coinversión Social y  Estancias Infantiles, a pesar de sus buenos resultados en evaluaciones, y criticó los cambios en el apoyo destinado a personas con discapacidad.

“Una pensión para las personas con discapacidad compensa el ingreso, pero no elimina las barreras que enfrentan en su vida diaria. Si bien, las evaluaciones anteriores mostraron que el programa tenía retos por la falta de un plan estratégico y de un registro de productos, es necesario contar con una estrategia para sumar la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas”, abundó.

El Imco expuso que la mayoría de los cambios a las reglas de operación se determinaron después de definir el presupuesto para 2019, por lo que ocho de los 10 programas analizados tienen recursos asignados. Sin embargo, no todos cuentan con reglas o lineamientos claros, lo que genera incertidumbre en el uso de los recursos presupuestados, así como retos para sus evaluaciones posteriores.

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Por otra parte, el Instituto también criticó los apoyos no son excluyentes, por lo que una familia con varios miembros considerados dentro de la población objetivo de los programas que se analizaron podría recibir hasta  6 mil 225 pesos al mes, cifra equiparable a la que gana una persona empleada ocho horas.

Ante este contexto, el Imco propuso:

  • Establecer con máxima transparencia los criterios, procesos y evaluaciones con los que operarán los programas donde existe incertidumbre.
  • Garantizar que las políticas ofrezcan protección contra riesgos sociales y no solo redistribución de ingreso. Las transferencias no condicionadas no aseguran que se cubran las necesidades de los grupos vulnerados. Además, se debe incluir a todos los grupos vulnerados definidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en la política social.
  • Evaluar la efectividad de los programas con base en metodologías bien definidas y transparentes.
  • Continuar con los esfuerzos del Sistema de Información Integral para consolidar un padrón único de beneficiarios de los programas de desarrollo social.








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