opinión*
El Congreso y el Gobierno de la CDMX aplazan nuevamente el ejercicio de derechos (Artículo)
por Rogelio Muñiz Toledo

Por Rogelio Muñiz Toledo

Las constituciones … también son instrumentos de poder que los

políticos utilizan para obtener ventajas sobre sus contrincantes

y satisfacer sus intereses partidarios de corto plazo

Gabriel L. Negretto *

El Congreso y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México han incumplido de manera contumaz su obligación de reglamentar e implementar la Constitución. Han dejado de hacer uso de competencias de ejercicio obligatorio y al no expedir o reformar leyes, no integrar órganos del poder público y no desarrollar políticas en los términos que establece la Constitución, la contravienen.

Han sido omisos en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales; el Congreso, al no expedir la Ley de la Fiscalía General de Justicia -que debió entrar en vigor el 5 de diciembre pasado- y la legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas -que debió estar aprobada hace tres meses-, y la Jefa de Gobierno, al no publicar oportunamente la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, para que iniciara su vigencia el 1 de febrero, a pesar de que el Congreso se la remitió en tiempo.

Esta semana el Congreso ha incurrido nuevamente en varias omisiones legislativas. Por mandato constitucional, una decena de leyes relacionadas con derechos humanos, planeación y organismos autónomos debieron ser expedidas o reformadas a más tardar el 30 de abril.

En lugar de cumplir con su obligación de legislar, el 10 de abril las y los diputados de Morena, con el apoyo de algunas de las oposiciones, aprobaron la segunda reforma a los artículos transitorios de la Constitución para aplazar una vez más su reglamentación e implementación, lo que afecta el ejercicio de derechos y el diseño institucional de contrapesos al poder. La reforma se publicó el 2 de mayo y entró en vigor ayer, cuando las omisiones ya se habían consumado.

En menos de un mes el Congreso ha aprobado dos reformas constitucionales, ambas para aplazar el ejercicio de derechos y el desarrollo institucional de la Ciudad de México. Los dos decretos contienen graves deficiencias que provocan interpretaciones ambiguas o contradictorias y, en consecuencia, podrían ser impugnados.**

Desde más de un año antes de ser electos, la Jefa de Gobierno y las y los diputados conocían los plazos que estableció la Asamblea Constituyente para reglamentar e implementar la Constitución y han tenido un semestre para ejercer sus competencias y cumplir con ese mandato.

Consumadas las omisiones legislativas -o ante la inminencia de incurrir en ellas- y actualizadas las violaciones constitucionales derivadas de las omisiones, la Jefa de Gobierno y la mayoría parlamentaria de Morena debieron subsanarlas de inmediato para evitar que se continuaran vulnerando los derechos de los habitantes de la Ciudad de México.

La única vía constitucional y éticamente incuestionable para subsanar las omisiones y restituir a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos, era establecer una agenda legislativa, basada en el texto constitucional, para que en este periodo de sesiones se expidieran las leyes y se integraran los órganos que ordena la Constitución. Dicho en pocas palabras, trazar una ruta para que el Congreso hiciera su trabajo.

En lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales, las y los diputados de Morena -con la complacencia de la Jefa de Gobierno, quien no solo no utilizó su facultad de iniciativa para hacer cumplir la Constitución sino que apoyó las reformas a los transitorios propuestas por Morena- han optado por atender exclusivamente a su interés político: ejercer el poder sin tener que ajustarse al nuevo orden constitucional.

Un claro ejemplo de esto es la elaboración y aprobación del Programa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin tener atribuciones para hacerlo así, la Jefa de Gobierno remitió al Congreso el Programa de Gobierno para el periodo 2019-2024, con lo que contraviene la Constitución, pues su artículo décimo quinto transitorio establece lo siguiente: “La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018 elaborará un programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Gobernar con una amplia mayoría en el Congreso implica asumir la responsabilidad plena de garantizar el desarrollo legislativo y la implementación de la Constitución y ni la Jefa de Gobierno ni el Grupo Parlamentario de Morena lo han hecho.

Reformar los transitorios de la Constitución para aplazar la expedición de leyes y la integración de órganos del poder público permitirá a los diputados sostener, con una cierta dosis de cinismo, que han cesado las omisiones legislativas en las que incurrieron, al tiempo que se otorgan un nuevo plazo -lo que resta del año- para intentar hacer su trabajo y cumplir con lo que dispone la Constitución; pero la reforma no subsana la vulneración de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, pues aquella solo cesará cuando se restablezca el pleno ejercicio de estos.

Ante esta situación, es oportuno recordar uno de los desafíos a la Constitución de la Ciudad de México que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, apuntó hace casi dos años: “… crear todos los dispositivos necesarios para que la Constitución se cumpla y no haya grandes brechas de implementación entre lo acordado y lo que efectivamente se traduzca en políticas, programas y acciones públicas.”

A juzgar por la ruta que han tomado el Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México para la reglamentación e implementación de la Constitución, parece que ni la Jefa de Gobierno ni las y los diputados de Morena están a la altura de ese desafío.

* Abogado y doctor en ciencia política

Especialista en política constitucional comparada y diseño institucional

** Ambos decretos contienen errores de forma y falta de coherencia y carecen de plena concordancia con los textos reformados.

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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