Morena acelera relevo en FGR con 'hipermayorías' y favorece a Godoy: Claudia Anaya

La senadora del PRI, Claudia Anaya acusó que Morena utilizó sus “hipermayorías” en el Senado para acelerar y controlar el proceso de designación de la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR), desde la definición de los aspirantes hasta la eliminación de pasos formales previstos en la ley.

En entrevista para Aristegui en Vivo, advirtió que la nominación de Ernestina Godoy —encargada del despacho de la FGR, exfiscal de la Ciudad de México, consejera jurídica del gobierno federal y senadora con licencia— consolidaría un modelo de subordinación de la Fiscalía al poder político y cancelaría cualquier posibilidad de autonomía real.

La senadora sostuvo que el punto de partida fue la proporción de votos que Morena y sus aliados tienen en la Cámara alta, un número que supera por sí solo los dos tercios necesarios para aprobar nombramientos constitucionales.

Dijo que esa ventaja anuló la búsqueda de consensos y permitió al oficialismo manejar el proceso sin contrapesos. “Cuando el proceso constitucional te marca que necesitas dos terceras partes, pero tú tienes ya como grupo político más de dos terceras partes del pleno, pues ya no te interesa tener consensos, ya es lo que se te pega la regalada gana”, declaró.

Señaló que esta misma lógica se ha repetido en reformas constitucionales, nombramientos de organismos autónomos y cambios en el Poder Judicial.

Según Anaya, el control político del proceso se evidenció desde que el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, llegó a la Junta de Coordinación Política con una lista ya integrada de diez aspirantes, sin consulta ni participación de las bancadas opositoras.

Afirmó que esa decisión rompió con el diseño establecido en la reforma de 2014, que creó la FGR como órgano constitucional autónomo e introdujo mecanismos de evaluación técnica, dictámenes previos, comparecencias y revisiones plurales destinadas a impedir nombramientos estrictamente partidistas.

La legisladora agregó que el procedimiento avanzó con una velocidad inusual y dijo que el exfiscal Gertz Manero fue presionado para dejar su cargo “a cambio de una embajada” y que, en menos de una semana, el Senado se colocó al borde de votar a su sucesora.

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Recordó que, en 2019, la Comisión de Justicia evaluó a los finalistas y emitió un dictamen con base en criterios técnicos, algo que ahora no ocurrió.

Aseguró que la Mesa Directiva decidió llamar directamente a comparecencias en cuanto reciba la terna presidencial y proceder a una votación por cédula, eliminando el turno a comisiones y cualquier revisión intermedia, lo que para Anaya, ese recorte evidencia que la definición ya está tomada.

En el centro de su crítica situó a Ernestina Godoy, sobre quien afirmó que su papel como encargada del despacho —posición que le permite acceso inmediato a expedientes, decisiones internas y líneas de investigación— confirman que el oficialismo busca colocar en la FGR a una figura estrechamente vinculada con el proyecto político del Ejecutivo.

Aseguró que el debate no gira sobre su perfil técnico, sino sobre su cercanía con el poder.

Es un perfil cercano, claro, todos lo sabemos.

Mencionó que existen “confiltraciones” sobre su participación en expedientes relevantes y que incluso se le habría dado calidad de colaborante en investigaciones sensibles, algo que, dijo, genera dudas sobre la imparcialidad de casos abiertos.

Anaya advirtió que, con un liderazgo tan próximo al gobierno, investigaciones de alto impacto podrían quedarse sin avance y recordó que la Fiscalía mantiene pendientes expedientes sobre el huachicol fiscal desde 2019, cuyo alcance involucra a empresarios y actores políticos de distintas regiones.

Asimismo, señaló que esas carpetas no han llegado a tribunales y que la falta de autonomía inhibe cualquier posibilidad de procesar responsabilidades.

Sobre las versiones de reuniones entre Adán Augusto López Hernández y la bancada del PRI, la senadora dijo no haber estado presente y afirmó que desconoce si se discutieron acuerdos o intentos de negociación.

“Yo le preguntaría a mi coordinador porque no lo sé”, comentó, al insistir en que la oposición no ha sido incluida en ninguna fase del proceso.

Para la legisladora, la escena actual representa un retroceso institucional y mencionó que desde 1994 se buscó fortalecer la participación del Senado en el nombramiento del fiscal o procurador como un contrapeso al Ejecutivo, y que la reforma de 2014 avanzó en ese sentido al eliminar la dependencia de la Procuraduría respecto del gobierno federal.

Finalmente, Anaya expuso que la combinación entre hipermayorías, procesos acelerados y perfiles con vínculos directos al poder presidencial deja a la Fiscalía en riesgo de consolidarse como un instrumento político y no como una institución autónoma, capaz de investigar y sancionar sin presiones.