Ley de Extorsión abre riesgos para la libertad de expresión, advierte Artículo 19

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, afirmó que tras la aprobación y publicación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión se hallaron definiciones “ambiguas” y agravantes que podrían ser utilizadas en contra de periodistas, medios de comunicación y personas que participan en el debate público.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Maldonado recordó que la ley —aprobada por diputados y senadores tras varias modificaciones y publicada el 28 de noviembre— armoniza criterios en distintas normativas, incluido el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Sin embargo, dijo que el problema central radica en cómo quedó redactado el delito de extorsión.

La redacción como quedó, en términos de la definición del delito de extorsión en el artículo 15, es sumamente amplia.

Explicó que la norma considera extorsión el hecho de “obligar a otro a dar, hacer, dejar hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o un lucro para sí o para otro, o causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico”.

Según dijo, esta formulación “es mala técnica legislativa en materia penal”, pues permite márgenes amplios de interpretación.

El director de Artículo 19 señaló que la preocupación crece al revisar el artículo 17, donde se establece una agravante de entre cinco y doce años de prisión cuando la extorsión se comete utilizando dispositivos, medios, servicios o plataformas para emitir o transmitir información.

Originalmente, dijo, la Cámara de Diputados había incluido la referencia explícita a “medios de comunicación”, y aunque el Senado modificó la redacción, el riesgo persiste.

Una definición ambigua en el artículo 15 y una agravante que tiene que ver con tecnologías de la información, en conjunto, nos preocupan.

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Alertó que bajo esta redacción, cualquier medio o creador de contenidos podría ser acusado de extorsión si una persona alega haber sufrido un daño moral o patrimonial derivado de una publicación.

“El lucro no tiene nada de malo”, señaló, pero recordó que algunos tribunales han interpretado el “beneficio” incluso como la simple fama pública obtenida al difundir información.

Como ejemplo citó el caso del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fue acusado de obtener un “beneficio indebido” por publicar información relacionada con Ayotzinapa.

La definición de beneficio y de lucro se puede empatar perfectamente con lo que hacen los medios de comunicación.

Maldonado afirmó que esta ley no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto de “regresión autoritaria” que ha incluido iniciativas para restringir la expresión en ámbitos como redes sociales o el uso de inteligencia artificial.

“Cuidado, porque este proyecto político se ha mostrado refractario a la libertad de expresión, nos coloca en 2025 como el peor año en términos de acoso judicial”, señaló.

También mencionó casos como la tipificación del “ciberasedio” en Puebla, la propuesta para castigar penalmente la manipulación de inteligencia artificial en San Luis Potosí y el intento en Tamaulipas de reintroducir delitos contra el honor bajo el prefijo “ciber”.

Aunque algunas iniciativas siguen en proceso, dijo, representan un patrón preocupante para el ejercicio periodístico.

A ello se suma la fragilidad institucional, porque “tenemos un Poder Judicial capturado o en vías de captura, y fiscalías que de autónomas no tienen nada”, alertó.

En este contexto, advirtió Maldonado, la ambigüedad en la ley abre la puerta a su uso discrecional y a eventuales procesos penales contra periodistas, usuarios de redes sociales o personas críticas del poder.

Está tan abierto todo y estamos en un contexto de regresión autoritaria tan claro que no hay que dejar esos cabos sueltos.

Maldonado reiteró que la organización mantendrá su llamado a revisar la legislación y establecer definiciones precisas que impidan interpretaciones expansivas que pongan en riesgo la libertad de expresión.