Asesinato del alcalde de Uruapan muestra poder del crimen y crisis institucional: Expertos 
Para Miguel Ontiveros, la participación coordinada entre instituciones mexicanas y socios internacionales es inevitable y Ernesto López Portillo, la prioridad es reconstruir la legitimidad estatal y eliminar los obstáculos políticos que impiden una supervisión civil efectiva.
- Redacción AN / KC
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es una evidencia del avance del crimen organizado y de la descomposición de las instituciones de seguridad en México, advirtieron Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, y Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
En la mesa de análisis en Aristegui en Vivo, ambos alertaron que se trata de un “punto de quiebre” que obliga a replantear la política de seguridad del país y su relación con Estados Unidos.
López Portillo sostuvo que el origen del problema es político y que existe una crisis de control del propio Estado sobre quienes deben combatir al crimen.
Señaló que “no se puede controlar la criminalidad si no se puede controlar o no se quiere o no se sabe controlar a las instituciones responsables de investigar, perseguir, juzgar” a los grupos delictivos.
Consideró que el homicidio del alcalde es “durísimo”, sobre todo porque ocurrió en un espacio público pese a que contaba con escoltas de la policía municipal y de la Guardia Nacional.
Afirmó que ese hecho muestra “el tamaño del poder del crimen” al enfrentar y asesinar a una autoridad protegida y a plena luz del día.
El especialista recordó que alrededor de 195 alcaldes han sido asesinados por delincuencia organizada desde 2006, cifra divulgada este lunes en Animal Político, y que la precariedad policial persiste en el país.
Mencionó el estudio Policía Desprotegida, de México Evalúa, el cual identificó cuatro mil policías municipales sin sueldo fijo y 650 municipios sin corporaciones de seguridad propias, a pesar de ello, dijo que en Uruapan se habían realizado esfuerzos de profesionalización.
Sin embargo, apuntó que la capacidad del crimen organizado para actuar se mantiene porque el país no ha logrado “un saneamiento institucional” debido a lo que describió como una “barrera político-criminal”.
López Portillo advirtió que la transición democrática en México no derivó en una reforma estructural sostenida en seguridad y justicia; además, alertó que la sociedad y expertos no pueden verificar la gestión del Estado porque no se han permitido mecanismos de supervisión externa.
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“Nosotros podemos seguir haciendo propuestas, pero si la barrera política es una barrera político-criminal no podemos salir”, expresó al señalar que la falta de transparencia impide conocer si la investigación del asesinato de Manzo será adecuada.
Miguel Ontiveros coincidió en que el homicidio del alcalde muestra el control criminal en partes del país y aseguró que es urgente una respuesta nacional conjunta.
La Academia Mexicana de Ciencias Penales, que preside, lamentó el hecho y propuso una jornada de trabajo con instituciones gubernamentales, colegios de abogados, universidades y organizaciones civiles para delinear una estrategia anticrimen.
En el texto que difundió la organización se afirma que “no hay marcha atrás, solo el trabajo conjunto con las instituciones de la República librará a México de la violencia, el dolor y el crimen”.
Ontiveros señaló que la delincuencia opera con fuerza gracias al tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y que resolver el problema requiere una coordinación regional con ese país y Canadá.
Afirmó que “México no puede solo”, no porque sus instituciones carezcan de capacidad, sino porque el fenómeno es compartido y dijo que el poder de los grupos criminales se sostiene por las armas que cruzan la frontera norte y que permiten traficar fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Mencionó que “ocho de cada diez armas que matan a un mexicano” provienen de territorio estadounidense.
El presidente de la Academia sostuvo que el desafío de seguridad debe resolverse con herramientas comunes en América del Norte y recordó que han presentado modelos de cooperación internacional que buscan armonizar políticas, fortalecer el intercambio de inteligencia y proteger de forma integral a las víctimas.
Aseguró que la coyuntura representa una “gran oportunidad” para la colaboración bilateral y trinacional, al señalar también que el aumento del turismo por la Copa del Mundo de 2026 puede elevar los riesgos criminales si no se actúa de inmediato.
López Portillo planteó que el fortalecimiento de las instituciones mexicanas también debe ser una condición para enfrentar al gobierno de Estados Unidos, especialmente ante reportes recientes de la cadena NBC sobre la posible realización de ataques militares en México contra cárteles sin anuencia del Estado mexicano.
Advirtió que México llega a esa discusión con “una condición de debilidad crónica” derivada de décadas de desconfianza social en las autoridades y de complicidades que han permitido el crecimiento del crimen organizado incrustado en el propio Estado.
Ambos especialistas concluyeron que la respuesta al asesinato del alcalde Carlos Manzo requerirá decisiones inmediatas y de largo plazo.
