Detienen a síndico y regidor en Oaxaca por retener a alcaldesa y forzar su renuncia
La agresión ocurrió durante una reunión comunitaria en junio; la alcaldesa fue liberada un día después de firmar el documento.
- Redacción AN / KC

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención del síndico municipal y al regidor de Hacienda de Santiago Choápam, por presunta violencia política agravada contra la alcaldesa, Dolores Luciana Valadez, además de retenerla y obligarla a firmar un acta para renunciar al cargo.
Los detenidos fueron identificados como Jorge Méndez Martínez y Abelino Bartolo Cruz, quienes se desempeñaban como regidor de Hacienda y síndico municipal, respectivamente.
Ambos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2026 en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani, perteneciente a Santiago Choápam, durante una reunión con habitantes, autoridades municipales y comunitarias.
En ese encuentro, la alcaldesa habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones y posteriormente amenazada e intimidada.
La Fiscalía señaló en un comunicado que además fue retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta con la que pretendían hacerla renunciar al cargo y desconocerla como autoridad municipal.
La alcaldesa fue liberada un día después de firmar el documento.
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A partir de la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició las investigaciones con perspectiva de género y obtuvo las órdenes de aprehensión contra los dos funcionarios municipales, quienes fueron detenidos como probables responsables del delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género.
La FGEO sostuvo que este tipo de agresiones buscan “limitar, menoscabar o impedir” el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente cuando ocupan cargos de representación pública.
La Fiscalía afirmó que el ejercicio de un cargo público no puede ser utilizado como motivo de violencia, intimidación o exclusión por razones de género y señaló que continuará con las investigaciones para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública en condiciones de igualdad y seguridad.







