Desestima juez cargos contra otro acusado por la Estafa Maestra; apelará FGR
La semana pasada, el mismo juez, Fernando Payá Ayala, determinó también no vincular a proceso a otro involucrado en el caso.
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Fernando Payá Ayala, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, resolvió no vincular a proceso a otro involucrado en la llamada Estafa Maestra.

De ese modo, Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, se convirtió en el segundo imputado del mismo caso que libra el proceso penal.

De acuerdo con Reforma, el pasado 26 de marzo, el mismo juez Payá determinó no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por una presunta contratación indebida de 185 millones de pesos a la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero.

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la determinación del juez Payá Ayala, quien desestimó la acusación por uso indebido de atribuciones y facultades contra De León Mojarro.

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La FGR señaló que, conforme a la investigación, el servidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador argumentó como legítimo.

De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía General de la República hizo saber al juez, en su momento, que la operación efectuada entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, fue utilizada para otorgar un contrato por 124 millones 100 mil pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

La FGR acreditó que la CUIS no fue realizada de manera directa por la Universidad, en virtud de no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que la institución educativa subcontrató a dos empresas para estas tareas.

De tal forma, del contrato otorgado por 124 millones 100 mil pesos, la Universidad pagó a esas dos empresas 61 millones 222 mil 808 pesos, sin acreditar el destino del monto restante, equivalente a 62 millones 877 mil 192 pesos.

 

 








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