¿A qué poderes fácticos se refiere el Pacto por México?
El acuerdo entre partidos políticos y el gobierno federal busca someter los intereses particulares que obstruyan el interés nacional, aseveró Miguel Ángel Osorio Chong.
Líderes sindicales y empresariales podrían verse afectados si se aplican los puntos que incluye el "Pacto por México". (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el Pacto por México combatirá a los poderes fácticos que, indicó, retan al Estado.

“La creciente influencia de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica, el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad”, mencionó al presentar el documento firmado por el PRI, PAN, PRD y el presidente Enrique Peña Nieto.

“La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”, agregó.

Antes de firmar el pacto, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, mencionó que los gobiernos panistas no contaron con un apoyo mayoritario para la aprobación de las grandes reformas estructurales y esa falta de respaldo derivó en la “preservación del status quo y de los intereses de los poderes fácticos”.

“La falta de estas reformas (que propone el acuerdo) afecta a los más débiles, a los más necesitados, y favorece a los intereses de los poderes fácticos, que no pueden sometidos más que por un Estado democrático, fuerte y soberano”, refirió el panista en su discurso.

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que “indigna que los poderes fácticos de todo tipo, hayan doblegado una y otra vez a los gobiernos de uno y otro partido“.

¿A qué poderes se refieren? 

Aristegui Noticias presenta una lista de algunos poderes que combatiría el pacto:

-La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, resultarían perjudicada con una reforma educativa, que es parte del acuerdo político. El pacto busca que “el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional“, con lo que se relegaría al gremio de “La Maestra”.

En el compromiso 12 se establece el impulso a un “sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres”, lo que terminaría con las plazas hereditarias y los puestos vitalicios.

“Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores”, agrega el documento.

El pacto propone cambios con el fin de mejorar la calidad de la educación, como dotar de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), para que encabece un sistema de examinación integral, equitativa y comprehensiva. También se plantea consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Otro líder sindical que también podría resultar afectado sería Carlos Romero Deschamps. Al dirigente del sindicato petrolero lo señalaron de enriquecimiento con dinero público, lo cual sería combatido por un “sistema nacional contra la corrupción“, que tendría facultades de prevención, investigación y sanción administrativa por actos de corrupción.

“Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE”, menciona el pacto.

Duopolio televisivo

Televisa y Azteca también se verían perjudicadas con el pacto, porque su condición como cadenas únicas de televisión nacional abierta, terminaría al licitar otras más.

“Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales”, apunta el compromiso 43.

Incluso, se habla de dotar a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de mayores herramientas legales para determinar y sancionar “posiciones dominantes de mercado en todos los sectores dela economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios”.

El acuerdo especifica que se impondrían “límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión”.

Por el mismo aspecto, el empresario Carlos Slim podría verse afectado en sus negocios.

“Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración,conforme a las mejores prácticas internacionales”, se puntualiza.

Narcotráfico y crimen organizado

El poder del crimen organizado se afectaría con el Pacto por México. Decisiones como un nuevo esquema de coordinación policiaca menguarían la posible penetración de la delincuencia o incluso la corrupción policiaca.

“Las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades“, establece el documento.

No obstante, el combate directo al crimen competería a la Gendarmería Nacional, que el pacto define como un cuerpo de control territorial “que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad”.

Debido a los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los Derechos Humanos y de periodistas, plantea la creación de una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se enfoque a establecer los mecanismos de protección que mejoren a los existentes.

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