CEO's de EE. UU. piden proteger inversiones en México en T-MEC ante riesgo de politización judicial

Líderes de las principales compañías de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que se renueve en 2026 el T-MEC y que se proteja a las empresas frente al riesgo de una judicatura politizada, tras la reforma judicial que derivó en la elección de una buena parte los jueces y magistrados por voto popular.

En un documento dirigido a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los directivos agrupados en la Business Roundtable (BRT) -que reúne a unos 200 CEOs, entre ellos Tim Cook (Apple), Jamie Dimon (JPMorganChase), Mary Barra (GM) y Raj Subramaniam (FedEx)- señalaron que algunas políticas mexicanas generan discriminación hacia empresas extranjeras en sectores como energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

El documento de 29 páginas fue remitido a Daniel Watson, subrepresentante Comercial de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, en respuesta a la solicitud de la propia USTR para aportar opiniones públicas sobre la operación del T-MEC.

La Roundtable considera que durante la negociación del T-MEC, el presidente Donald Trump aseguró durante su primer mandato “compromisos importantes” que protegen empleos estadounidenses, fortalecen la manufactura nacional y promueven el crecimiento de la economía de EE. UU. Estos compromisos incluyen: propiedad intelectual, comercio digital, servicios financieros, barreras técnicas al comercio y sectoriales, servicios de telecomunicaciones, acceso a mercados agrícolas, reglas de origen automotriz y energía.

Advirtió que México ha impuesto precios de referencia artificiales para ciertos productos, lo que obliga a los importadores a declarar valores aduaneros más altos que los reales, por lo que instó al representante comercial a exigir que México restablezca los métodos de valoración estándar y trate cualquier presunto dumping mediante investigaciones apropiadas, garantizando debido proceso y transparencia en los procedimientos.

Señaló también que los frecuentes cambios poco transparentes en el sistema de adquisiciones públicas de México han generado barreras de acceso al mercado y problemas en las cadenas de suministro. Según la BRT, “el sistema se ha vuelto confuso y carece de debido proceso, creando desventajas para las empresas estadounidenses”.

La organización instó a la USTR a garantizar que México mantenga un proceso de contratación gubernamental transparente y no discriminatorio, sin requisitos de contenido local, inversión o transferencia tecnológica que afecten a las compañías de Estados Unidos.

En el sector energético, criticaron que se favorezca a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en telecomunicaciones, señalaron que se privilegia a Telmex; en aviación, que se protege a Mexicana y se limita el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y en paquetería, que se obliga a empresas extranjeras a obtener licencias postales mientras se protege al Servicio Postal Mexicano.

Se refirió a que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) debe priorizar la electricidad de la CFE, y los usuarios de gas natural deben dar preferencia a CFE o Pemex, lo que limita la competencia del sector privado. La BRT pidió a la USTR intervenir para garantizar que las empresas de Estados Unidos reciban un trato equitativo y sin discriminación, en cumplimiento del T-MEC.

En el caso de las telecomunicaciones, apuntó que las reformas realizadas favorecen a las empresas estatales y dificultan la competencia de empresas estadounidenses. Según la BRT, “esa politización ya es evidente”, ya que la eliminación del regulador de de las telecomunicaciones (IFT) y la creación de una nueva superagencia permiten que empresas estatales actúen como monopolios y reciban subsidios públicos mientras compiten en el mercado.

Sobre la aviación, pidió a la USTR que México restaure los slots a las aerolíneas estadounidenses de pasajeros y permita nuevamente el acceso de las aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

La BRT expresó “serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del T-MEC y obstaculizan el comercio transfronterizo en sectores clave”.

El grupo advirtió que los cambios legislativos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que continuaron durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, podrían afectar la inversión privada.

“Las recientes reformas judiciales de México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el país. Bajo estas reformas, México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”.

Para enfrentar este riesgo, la BRT recomendó que la USTR considere restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS) con México dentro del T-MEC.

Destaca que, a diferencia del TLCAN, el T-MEC redujo los tipos de reclamos que inversionistas estadounidenses podían presentar ante el Estado mexicano.

“Si el Mecanismo ISDS con México es restaurado (en el T-MEC), los inversionistas de Estados Unidos tendrán la opción de resolver sus quejas a través de árbitros independientes. La mera existencia del Mecanismo ISDS probablemente haría reflexionar a aquellas figuras políticas que estén considerando la expropiación o presionando a los tribunales para que cedan a los caprichos políticos”, señalaron los directivos en el  documento.

Además, la BRT advirtió que la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación, que permite suspender a plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales, podría afectar injustamente a empresas extranjeras, incluidas las estadounidenses. La organización pidió a la USTR intervenir para asegurar que las disposiciones del T-MEC se respeten y que las compañías de Estados Unidos reciban el mismo trato que las mexicanas.

La Business Roundtable también advirtió que las normas mexicanas sobre servicios en la nube “imponen barreras injustificadas al comercio digital y discriminan a los proveedores extranjeros”. La organización pidió a la USTR abordar el tema en la próxima revisión conjunta con México, al considerar que la regulación contraviene el Capítulo de Servicios Financieros del T-MEC.

Además, la BRT recordó que en los últimos cinco años México ha tomado medidas que consideran preocupantes, como “la expropiación de una cantera propiedad de una empresa estadounidense y la imposición de impuestos retroactivos a las aseguradoras”, y cuestionaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por tener normas regulatorias “inconsistentes” que afectarían a productos médicos y biológicos estadounidenses.

“En particular, Cofepris debería contar con un proceso de aprobación acelerada para los productos estadounidenses que ya hayan recibido la aprobación regulatoria en Estados Unidos, como los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Es fundamental que cualquier vía expedita para la autorización de comercialización refleje las obligaciones de trato nacional de México en virtud del T-MEC, las cuales parecen estar en riesgo”, dice el texto.

Señala que México es libre de desarrollar procedimientos regulatorios para la salud pública, pero “debe tratar a las empresas estadounidenses en condiciones de igualdad”.