'No hay persecución política': Sansores defiende expropiación de terrenos ligados a 'Alito' Moreno

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió la reciente expropiación de terrenos de personas vinculadas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador del estado, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, asegurando que la decisión responde a un motivo de utilidad pública, y que el proceso se ha realizado conforme a derecho.

Negó que se trate de una persecución política y afirmó que la medida busca atender una necesidad urgente en el estado, aunque consideró que tienen la sospecha de que los terrenos en cuestión fueron registrados por prestanombres del dirigente priista.

“Nosotros los estamos tomando como si fueran legales. Todo esto huele, tiene un tufo, huele mal”, dijo.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Sansores explicó que los terrenos, localizados en el fraccionamiento Lomas del Castillo, serán destinados a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, la cual calificó como “urgente para Campeche”, debido a la alta demanda y la escasa oferta educativa en la entidad.

Sansores detalló que el espacio seleccionado consta de aproximadamente 8 hectáreas (80,000 m²) y que fue elegido tras un proceso técnico que incluyó estudios de movilidad y cercanía a instalaciones educativas y de salud.

“Se hicieron todos los estudios, los dictámenes y fueron aprobados. No fue nada más el capricho de que es de él”, subrayó la gobernadora, quien insistió en que la decisión se basó en criterios técnicos, no políticos.

Según Sansores, los terrenos “estaban prácticamente abandonados” y eran utilizados como espacios recreativos privados, pese a estar en una de las zonas más exclusivas de Campeche. Afirmó que el lugar contaba con campo de golf, cancha de pádel, una pista para correr y un jardín con pasto artificial para eventos personales.

“Estaba enfrente y se cruzaba la calle, y esta era su jardín. Su jardín de amenidades, lo cual me parece también aberrante en un estado pobre”, dijo.

En respuesta a los señalamientos de Alejandro Moreno, quien afirmó que su patrimonio es lícito y transparente, y que ello ha sido respaldado por resoluciones judiciales, la gobernadora rechazó que exista tal validación generalizada. “El único amparo que ha ganado, el que puede decir que la ley lo dio a su favor, es el del cateo de su casa”, señaló Sansores.

La mandataria agregó que el gobierno estatal integró un expediente sobre el patrimonio del dirigente priista, que calificó de “muy grande”, y cuestionó la celeridad con la que algunos jueces han resuelto casos a su favor. “Hicimos un expediente. Hay un juez, porque aquí también hay que ver qué jueces, que en dos días solucionan aquí las cosas. Y ya tenemos el nombre: el juez Cristian, que en esta elección ya no salió electo, gracias a Dios, digo yo”, expresó.

Vínculos familiares y presuntos prestanombres

La mandataria sostuvo que hasta el momento se han identificado 38 propiedades que estarían relacionadas con Moreno. De los cuatro predios expropiados, dos pertenecen a particulares, y los otros estarían ligados a familiares directos, como su madre, su hermana y su hermano.

Sansores aseguró que varios de los terrenos aparecen registrados a nombre de terceros, como su arquitecto o su abogado, y cuestionó la veracidad de estos registros.

“¿Cómo vas a construir tu casa en 17 terrenos de personas diferentes? ¿A quién quiere engañar?”, preguntó en referencia a la residencia del priista, supuestamente edificada sobre múltiples predios distribuidos entre allegados.

Legalidad del proceso y modificación a la ley

Sobre la legalidad del procedimiento, Sansores explicó que el gobierno estatal reformó la legislación local para asegurar que el proceso de expropiación fuera constitucional y contemplara el derecho de audiencia e indemnización justa para los propietarios.

“Antes te podían expropiar un terreno en Campeche sin avisarte, sin indemnizarte. Hoy, sin embargo, lo estamos haciendo de la manera más justa”, afirmó. Agregó que se realizarán avalúos con base en los precios de compra reportados por los propietarios, y que el pago compensatorio será determinado por la Secretaría de Finanzas o una institución bancaria.

Sansores recalcó que el proceso no está dirigido exclusivamente contra Moreno, y que los otros dos propietarios incluidos en el polígono no tienen relación con el dirigente priista. Según dijo, incluso están de acuerdo con la expropiación.

Sospechas de irregularidades y posible extinción de dominio

Aunque el proceso actual es de expropiación, la gobernadora no descartó que, tras las investigaciones, algunos de los terrenos pudieran ser objeto de un proceso de extinción de dominio, en caso de comprobarse un origen ilícito.

“Podría ser más grave, porque entonces ya no cae en el término de expropiación, sino de extinción de dominio”, advirtió.

Sansores también cuestionó los precios de adquisición reportados por Moreno y su entorno. Aseguró que algunos terrenos fueron comprados a 74 pesos el metro cuadrado, mientras que otros, similares, se adquirieron en la misma zona a más de 300 pesos. Incluso mencionó un predio en Champotón supuestamente adquirido a 30 centavos el metro cuadrado.

“No tenemos otro terreno”

La gobernadora afirmó que no se trata de una persecución política, y reiteró que la decisión se basa en las necesidades del estado y la escasez de terrenos disponibles en zonas estratégicas de la ciudad.

“No fue fácil encontrar un terreno porque no tenemos ya prácticamente en Campeche”, dijo. “Lo hicimos porque es de utilidad pública. Ah, pero que tocaron de ‘Alito’, pues no deja de darme gusto, ¿eh?”, añadió.

Posibilidad de nuevas investigaciones

Sobre las recientes investigaciones reportadas en medios nacionales, que refieren al menos 34 propiedades presuntamente ligadas a Moreno, Sansores indicó que muchas de ellas fueron registradas a nombre de familiares o supuestos prestanombres.

“Todo el mundo aquí en Campeche sabe quién es quién. Así que no me digan que es su casita”, dijo. “Tan solo su enorme casa la hizo en 17 predios, de un arquitecto, de un licenciado […] Eso nadie se lo cree”.

Sansores sostuvo que el gobierno estatal actuó con apego a la ley, y que las propiedades se indemnizarán conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, insistió en que si se comprueba que hay un origen ilícito en los terrenos, la vía adecuada sería la extinción de dominio.