México no apoya resolución en la OEA que exige elecciones, liberación de presos y libertades en Nicaragua

El representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, informó que México no acompaña la resolución aprobada este viernes que exige elecciones en Nicaragua y la liberación de presos.

En particular, México señaló que está en contra de considerar a Nicaragua como un asunto que pone en riesgo la seguridad hemisférica. La postura oficial indica que no apoyará ningún proceso que pueda convertir un asunto de derechos humanos en un tema de seguridad.

Encinas también se manifestó en contra de cualquier intento de intervención extranjera en Nicaragua y se pronunció por buscar el diálogo, promover el desarrollo y la cooperación.

¿Qué aprobó la OEA?

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”. El documento oficial exige a las autoridades nicaragüenses el restablecimiento del orden democrático, la liberación incondicional de los presos políticos y la creación de condiciones para la celebración de elecciones libres e inclusivas.

El texto de la resolución urge a las autoridades de Nicaragua a implementar medidas inmediatas, concretas y verificables en materia de derechos humanos y gobernanza democrática en los siguiente asuntos:

-Liberación de presos políticos y desaparecidos: Exige la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y la divulgación inmediata del paradero y estado de las personas sujetas a desaparición forzada.
-Restitución de la nacionalidad: Solicita restaurar la nacionalidad y los derechos civiles a todos los ciudadanos despojados arbitrariamente de ella —incluidos líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos—, garantizando su retorno seguro y voluntario.
-Restablecimiento de libertades y espacio cívico: Reclama el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. Asimismo, pide permitir la reanudación de actividades y la devolución de activos a medios de comunicación independientes, universidades y organizaciones de la sociedad civil disueltas.
-Separación de poderes e institucionalidad: Demanda el restablecimiento de la independencia institucional y del pluralismo político, mediante la revocación de reformas constitucionales y legales (especialmente las adoptadas en 2025 y 2026) que atentan contra la división de poderes.
-Garantías electorales: Insta a establecer las condiciones para comicios libres, justos, inclusivos y genuinamente competitivos, respaldados por una administración electoral independiente y observación internacional creíble.
-Restitución de propiedades confiscadas: Requiere proporcionar recursos efectivos y compensación por bienes y propiedades incautados de manera arbitraria a individuos, empresas y entidades académicas o religiosas.
-Cese de vigilancia e interferencia externa: Llama a interrumpir el uso de tecnologías, servicios de seguridad e intercambio de información con apoyo internacional destinados a la vigilancia o la represión interna.

Para dar seguimiento a la crisis nicaragüense, la resolución establece un conjunto de herramientas diplomáticas y multilaterales, incluyendo la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento. Este grupo buscará entablar un diálogo directo tanto con las autoridades nicaragüenses como con la oposición, la sociedad civil y los exiliados.

En un plazo máximo de 60 días desde su aprobación, el Grupo Ministerial entregará recomendaciones para acciones diplomáticas y jurídicas concretas (que no impliquen el uso de la fuerza) para la consideración de la Reunión de Consulta.

El proyecto de resolución contó con el copatrocinio de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. La adopción del texto ocurre en respuesta al desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, las reformas constitucionales restrictivas impulsadas por el Ejecutivo nicaragüense y la cancelación previa de comicios en el país.

Resolutivos*

1. Urgir a las autoridades nicaragüenses que adopten medidas inmediatas, concretas y verificables para:

Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.

Poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos y divulgar el paradero y el estado de todas las personas desaparecidas de forma forzada;

Restaurar la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y todos los derechos relacionados a todas las personas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y permitir su regreso seguro y voluntario sin temor a represalias incluidos, entre otros a líderes religiosos, clérigos y laicos, periodistas, y defensores de derechos humanos.

Restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica; permitir que los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las personas empresarias y otras organizaciones del sector privado disueltas reanuden sus actividades; restablecer su estatuto jurídico y recuperar sus instalaciones, bienes y otros activos;

Restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político incluyendo mediante la revocación de aquellas disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente en 2025 y 2026, que subviertan la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes, el pluralismo político o los derechos protegidos internacionalmente, y la toma de medidas concretas para restaurar esas garantías.
 
Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble.

Proporcionar recursos efectivos, de acuerdo con el debido proceso, respecto a propiedad y bienes confiscados arbitrariamente a individuos, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras priorizando la restitución o, cuando no sea posible, proporcionando una compensación adecuada y efectiva.

Interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad.

*Resolutivos incluidos en el proyecto aprobado. Faltan las notas de cada uno de los países.