El camino del 68 a Ayotzinapa
La periodista Laura Castellanos presentó esta ponencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Foto: Cuartoscuro/ Diego Simón Sánchez

El 2 de octubre de 1968 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz arrojó al ejército contra un pueblo inerme en una plaza pública de la capital mexicana. A la luz del día.

La masacre de Tlatelolco partió al Siglo XX en dos: es el hito de la represión del aparato de Estado contra los movimientos sociales de oposición y marcó la lucha democrática y revolucionaria del México moderno.

El ataque militar contra el movimiento estudiantil tuvo como marco la Guerra Fría, como se llamó al largo periodo acontecido después de la Segunda Guerra Mundial, tras el cual Estados Unidos le disputó el orden mundial a la Unión Soviética.

El gobierno de Estados Unidos impuso su poderío y su concepto de seguridad a México y a Latinoamérica. Es así que todos los movimientos sociales de oposición fueron vistos como amenazas comunistas “rojas”, de injerencia soviética, que debían ser sofocadas.

En México, antes de la masacre del 68, fue reprimida la lucha agraria de Rubén Jaramillo en Morelos, la del luchador Salvador Nava en San Luis Potosí, así como los combativos movimientos magisterial, el ferrocarrilero y el médico mientras la militancia del Partido Comunista Mexicano era perseguida y se le negaba su registro electoral.

El sofocamiento de viejos luchadores originó que en los sesenta emergiera un nuevo protagonista social: un estudiantado que acogió las tesis revolucionarias de Occidente, especialmente en las universidades y en las normales rurales.

Este estudiantado fue influenciado también por la Revolución Cubana. Desde la pequeña isla del caribe un grupo armado de jóvenes había tomado el poder en 1959 desafiando al imperio estadounidense.

El gobierno vio al estudiantado mexicano como un foco amenazante para la seguridad del país. Jóvenes de universidades y de normales rurales comenzaron a mostrar inconformidad por conflictos de orden académico, se unieron a la militancia de la Juventud Comunista, o se sumaron a causas sociales y la respuesta fue la represión.

En 1960 el ejército sitió la Universidad de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y agredió al plantón estudiantil solidario con la lucha popular que se manifestaba contra los cacicazgos agrarios y los atropellos del gobernador Raúl Caballero Aburto.

En 1966 los militares ocuparon la Universidad Nicolaíta en Michoacán y un año después la de Sonora por conflictos internos. Y en 1968, como sabemos, el ejército ocupó las instalaciones de Ciudad Universitaria y la del Campo de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional.

En los sesenta, antes del 68, una parte del estudiantado ya había comenzado un proceso de radicalización ante la imposibilidad de derrocar al gobierno por la vía política y electoral y se decidió por la vía de las armas.

Así fue como en 1965, en Chihuahua, surgió el primer foco guerrillero influenciado por la Revolución cubana. Estaba liderado por Arturo Gámiz, un normalista que enfrentó la violencia caciquil y los latifundios protegidos por las autoridades locales.

Y en Guerrero, los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas agotaban su activismo por los medios legales contra los cacicazgos, la miseria, y la violencia institucional.

Esos atropellos se repetían en el territorio nacional, pero Guerrero, sin duda alguna, fue el estado más violentado a lo largo del siglo XX.

Antes de la masacre de Tlatelolco, y salvando proporciones, ataques armados por parte de militares, policías y paramilitares, ya habían tenido lugar en plazas públicas de la entidad.

La primera matanza ocurrió el citado diciembre de 1960. El ejército abrió fuego contra una manifestación popular en la alameda de Chilpancingo que protestaba contra el mencionado gobernador Raúl Caballero Aburto. El pueblo contó 16 muertos, entre ellos mujeres y niñas.

Este movimiento era liderado por la Coalición de Organizaciones del Pueblo a la que pertenecía la Asociación Cívica Guerrerense, en la que militaba el profesor Genaro Vázquez Rojas.

En la Coalición también participaban alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, liderados por Lucio Cabañas, al frente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. La Normal era un espacio muy politizado que había sido creado como parte del programa socialista de Lázaro Cárdenas.

Dos años después ocurrió otra matanza, esta vez en la plaza de Iguala. En 1962 paramilitares reprimieron un mitin electoral de oposición con un saldo de 8 muertos. Genaro Vázquez había sido uno de los convocantes y entró en la clandestinidad para salvarse.

En 1967 otra masacre, cometida por policías contra una manifestación de maestros en Atoyac, en la que participó Lucio Cabañas, tuvo como saldo 5 muertos, entre ellos una mujer embarazada. Tras los hechos Cabañas, de igual manera, entró en la clandestinidad para resguardar su integridad.

Un año después ocurrió la masacre del 2 de octubre.

A cincuenta años de los hechos en Tlatelolco el número de muertes a manos de militares es indeterminado. Las cifras varían de 71 a 265 casos, según la fuente.
Aunque el número de muertes pudo ser mayor, como lo documentó Homero Campa en la revista Proceso.

Hay testimonios de que el ministerio público alteró un número incierto de actas de defunción para eliminar evidencias de que las víctimas habían sido acribilladas.

Tampoco es claro si hubo o no casos de desaparición forzada. La historiadora Susana Zavala de la UNAM registró que hubo 31 casos reportados por el Consejo Nacional de Huelga (CGH), pero dice que esas personas después aparecieron. Se ignora si hubo otros casos que no fueron registrados por el Consejo.

De lo que sí hay evidencias testimoniales, registradas por Homero Campa, es que jóvenes del movimiento estudiantil fueron torturados en el Campo Militar Número Uno, el centro castrense más importante y grande del país.

La matanza de Tlatelolco y las represiones en plazas las públicas de Atoyac, Iguala y Chilpancingo, no fueron juzgadas.

La juventud de los sesenta atestiguó además que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz nombró como su sucesor a Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación, señalado como el responsable de tramar la matanza de Tlatelolco.

En 1969 se dio el repliegue estudiantil en el país. Comenzaron a gestarse varios grupos guerrileros de carácter urbano cuando Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, cada uno por su lado, saltaron a cuadro. El gobierno respondió abriendo el más oscuro episodio del México moderno: en Coyuca de Catalán el campesino Epifanio Avilés Rojas, vinculado al grupo de Genaro, se convirtió en el primer caso de desaparición forzada.

La asunción de Echeverría a la presidencia provocó que en círculos estudiantiles urbanos se manifestaran dos expresiones contrapuestas: una abanderó la causa de la democratización educativa. La otra vio en las acciones revolucionarias la única vía para derrocar a un Estado que reprimía cualquier expresión disidente.

El mismo mes que Echeverría tomó el poder, en diciembre de 1970, se realizó el tercer Congreso nacional de la Juventud Comunista en Monterrey. Ahí, una fracción rompió con el Partido Comunista por considerar que su dirigencia había actuado con tibieza tras el genocidio de Tlatelolco y optó por el camino armado.

La matanza del 10 de junio de 1971 acaeció cuando ya irrumpían guerrillas juveniles en distintas partes del país.

Durante el gobierno de Echeverría una veintena de organizaciones subversivas hicieron aparición. Sus principales semilleros fueron conflictos estudiantiles reprimidos en universidades de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

El gobierno de Echeverría, y el de su sucesor, José López Portillo, las aniquiló con un saldo indeterminado de muertos y alrededor de 1,200 casos de desaparición forzada.

La mayoría de los casos acontecieron en Guerrero. Lucio Cabañas creó un movimiento insurreccional que tuvo control en aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de la costa hacia el municipio de Atoyac.

Diversas campañas militares y una estrategia de exterminio en el estado arrasaron comunidades enteras, e instalaciones militares, policiacas y de empresas privadas se utilizaron como cárceles clandestinas.
Guerrero fue el precursor Latinoamericano de los “vuelos de la muerte”, previo a las dictaduras sudamericanas: a decenas, quizá cientos, de personas, se les arrojó vivas desde aeronaves a mar abierto.

A otros cientos de personas más se les incineró o lanzó a fosas clandestinas.
Una de las comunidades más castigadas de Guerrero fue la de San Juan de Las Flores, en el municipio de Atoyac.

Ahí Felipe Ramos Cabañas fue llevado por el ejército acusado de ser integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas. Felipe, su padre y tres hermanos fueron desaparecidos.

Un ejército doliente de madres, esposas, hijas y hermanas, exigió en vano al gobierno que presentara a sus familiares arrancados de sus vidas. El gobierno no las escuchó y, a diferencia de otros países de América Latina, no juzgó a los victimarios.

Cuando el panista Vicente Fox asumió la presidencia creó la Fiscalía Especial para Los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para investigar las masacres del 68 y la del 71, y el millar de desapariciones forzadas de los sesenta y setenta.

Echeverría fue acusado por esta fiscalía de maquinar esas violaciones de lesa humanidad. Si bien recibió dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio, estuvo en prisión domiciliaria y finalmente fue absuelto en 2009.

La familia de Felipe Ramos Cabañas quedó sin justicia. Sin embargo sus sobrevivientes, con el dolor encajado, enfrentaron la vida.

Cuatro décadas después un muchacho de 20 años de la familia, de nombre Cutberto Ortiz Ramos, nieto de Felipe Ramos Cabañas, ingresó a la normal de Ayotzinapa.

Cutberto vio en las paredes del plantel las figuras pintadas de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas plasmadas como homenaje y recordatorio de las heridas abrasivas del pasado.

Pero Cutberto no pudo egresar como maestro rural. Fue desaparecido el 26 de septiembre de 2014. Es uno de los 43. Su rostro, como el de los otros normalistas desaparecidos, también es difundido en internet como recordatorio de más heridas abrasivas.

La desaparición de Cutberto no debe explicarse de forma circunstancial. La de ninguno de los 43. El caso de Ayotzinapa tampoco debe verse como un hecho policiaco entre un alcalde, policías y criminales contra un grupo de normalistas.

El caso de Ayotzinapa es la acumulación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guerrero y en el resto del país en los últimos 50 años. Entre ellos la masacre del 68, la del 71, y el millar de desapariciones forzadas registradas en los sesenta y setenta. La ausencia de justicia es la razón por la que ese millar de desapariciones se acrecentó a más de 33 mil en 2018.

En el siglo XX la masacre del 68 significó el punto de inflexión de las luchas sociales del México moderno. El caso de Ayotzinapa es ya el punto de inflexión del joven siglo XXI.

La generación del 68 abrió los cauces democráticos que imperan en nuestra actualidad. La generación marcada por el caso de Ayotzinapa tiene por delante el desafío de forjar un México más justo y con memoria: porque el 2 de octubre no se olvida. Porque como decía doña Rosario Ibarra: ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

*Ponencia presentada en las Jornadas conmemorativas 68: Medio siglo después de la UAM-ATZ.








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