Burda complicidad del fiscal de Veracruz con Los Porkys: Ana Laura Magaloni
Bravo Contreras está ahí sobre todo porque brinda certeza a la élite de Veracruz de que para ninguno de sus miembros, salvo que el gobernador lo quiera, habrá responsabilidades penales, dice la investigadora del CIDE en el diario Reforma.
FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO.COM

Para Ana Laura Magaloni Kerpel, “en México, el papel de cualquier procurador es principalmente político y no está asociado con la defensa de las víctimas ni con la seguridad pública de los ciudadanos. Su cargo es sobre todo ser un buen garante de la impunidad de los poderosos”.

En su artículo sabatino del diario Reforma, la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE alude al caso de la joven Daphne, violada en Veracruz por cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys, y señala que el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, “congeló” la averiguación previa, pues los padres de Los Porkys son miembros de la élite política y económica del estado.

Ante ello, la semana pasada, Javier Fernández, padre de la víctima, decidió hacer pública la burda complicidad entre el fiscal y las cuatro familias de los acusados

Estos son algunos fragmentos del artículo de Magaloni, titulado “Procuración de privilegios“:

En los medios se le conoce como el caso de “los junior violadores de Veracruz”. Se trata de Jorge Cotaita, Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez y Enrique Capitaine, también conocidos como la banda de Los Porkys. La evidencia en su contra por la violación de una joven de 17 años es contundente: la declaración de ella, los testimonios de las amigas que la acompañaban cuando, saliendo de un antro, los cuatro agresores la subieron por la fuerza a un Mercedes Benz; los estudios psicológicos y ginecológicos de la víctima y los cuatro videos de cada uno de ellos admitiendo su culpabilidad y pidiendo una disculpa a la joven.

Según cuenta el padre de la víctima, Javier Fernández, él solicitó dichos videos a los padres de los agresores para que su hija pudiese constatar que éstos estaban arrepentidos. En ese momento, Fernández no estaba pensando en presentar una denuncia penal, sino en la recuperación emocional y psicológica de la menor. Sin embargo, los padres de los agresores, incómodos con el asunto, iniciaron una campaña de difamación contra Fernández y su hija. Ello motivó que, el 16 de mayo de 2015, Fernández presentara una denuncia penal en contra de los cuatro agresores. El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, “congeló” la averiguación previa…

Duarte, como la mayoría de los gobernadores, eligió a Bravo Contreras como fiscal no por sus habilidades en la investigación de los delitos ni por su sagacidad en el litigio penal. Bravo Contreras está ahí sobre todo porque brinda certeza a la élite de Veracruz de que para ninguno de sus miembros, salvo que el gobernador lo quiera, habrá responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos. Los escándalos de corrupción de la entidad están blindados por el fiscal. No habrá consecuencias penales para nadie. En México, el papel de cualquier procurador es principalmente político y no está asociado con la defensa de las víctimas ni con la seguridad pública de los ciudadanos. Su cargo es sobre todo ser un buen garante de la impunidad de los poderosos. Consignar la averiguación previa de los cuatro Porkys, por lo tanto, si bien le podría generar algún tipo de reconocimiento social, en realidad para Bravo Contreras significa no cumplir con su “verdadero” trabajo. Su futuro profesional y su patrimonio dependen centralmente de los “favores” que su cargo le permite llevar a cabo a ese club selecto de los privilegiados de Veracruz.






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