Narcobradorato boyante | Artículo de Héctor Tajonar

‘El Mencho’ ha muerto, pero la impunidad de la narcopolítica ostenta una pasmosa vitalidad. Mientras no haya resultados concretos contra políticos y militares de alto nivel coludidos con el crimen organizado, cualquier avance en materia de seguridad palidece.

El éxito del operativo ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional que condujo a la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debe ser reconocido. Los militares mexicanos mostraron su valor y capacidad para realizar con eficacia una operación de gran complejidad en el que perdieron la vida 25 efectivos. Su valentía y patriotismo contrasta cruelmente con el deleznable contubernio de mandos superiores castrenses con los delincuentes.

Dicho dispositivo fue propiciado por el gobierno estadounidense, aunado a un apoyo indispensable en materia de inteligencia, tecnología y estrategia militar.

Al tiempo de valorar el logro del ejército y el gobierno mexicano es necesario analizar el contexto y los antecedentes del acontecimiento; así como sus consecuencias inmediatas, los escenarios ante la sucesión dentro del CJNG, además de las previsibles represalias del grupo criminal por la eliminación de su jefe supremo.

Las deficiencias u ocultamiento de la información oficial han despertado justificadas dudas y suspicacias sobre el operativo. El acta de defunción de Nemesio Oseguera indica que murió de disparos en el pecho abdomen y piernas a las 10:30 horas en Tapalapa Jalisco. El ejército había informado que el fallecimiento se produjo en el traslado hacia la Ciudad de México. Oficialmente se descarta que se haya tratado de una ejecución extrajudicial.

El gobierno de Trump lo hubiera preferido vivo para interrogarlo en una prisión de Estados Unidos, donde ya están detenidos el único hijo varón y heredero elegido, condenado a cadena perpetua; así como un hermano del Mencho.

Por el contrario, para el gobierno mexicano el testimonio del delincuente hubiera tenido efectos letales para los narcopolíticos cuatroteístas y de otros partidos cooptados por el capo.

EL MUNDIAL EN RIESGO

La respuesta violenta del CJNG por la muerte de Nemesio Oseguera sembró pánico entre la población. Se demostró la presencia armada del cartel en más de cien ciudades de 22 estados del país, así como su capacidad de fuego y estratégica para causar terror. Las escenas de caos y brutalidad se vieron en todo el mundo.

Es posible que dicha fuerza criminal y táctica se manifieste en una confrontación interna por el liderazgo del cártel, que podría dar lugar a una situación de violencia similar a la que padece Sinaloa, pero en un territorio más extenso.

Aun más preocupante es el panorama violento y de inseguridad a tres meses de la inauguración del Mundial de Futbol. No puede descartarse la posibilidad de que las represalias del CJNG tras la muerte del Mencho creen una situación de terror en Jalisco parecida a la del pasado domingo 22: bloqueos carreteros y urbanos, incendio de tráilers y automóviles, así como destrucción de comercios y ataques a bancos, aeropuertos o estaciones de camiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que las condiciones de seguridad para la celebración del Mundial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están garantizadas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha respaldado a la mandataria. Todos esperamos que así sea, aunque la amenaza está latente y no será fácil borrarla por completo, especialmente en Guadalajara. ¿Se negociará una paz narca?

El contexto del descabezamiento del CJNG tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los numerosos e indiscutibles logros de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch; en abierta contraposición a la política omisa y corrupta de López Obrador para facilitar la actividad delictiva.

Segundo, la ascendente presión del gobierno estadounidense para tener resultados contundentes en el combate narcotráfico, al que consideran terrorismo y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. A pesar de que Trump se adjudicó el éxito del operativo contra el líder del CJNG, en realidad se trató de un triunfo para la Presidenta de México, sobre todo si se considera que el ataque contra el Mencho pudiera haber sido ejecutado de manera unilateral por fuerzas estadounidenses.

El tercer aspecto es el más grave y oprobioso. La impunidad transexenal otorgada por el actual gobierno a la narcopolítica impuesta por López Obrador tras haber abdicado de la responsabilidad del Estado de ejercer el monopolio de la violencia legítima contra la delincuencia organizada. En lugar de ello, los apapachó con cálido humanismo macuspano para coludirse con ellos.

IMPUNIDAD DEL NARCOBRADORATO

La opacidad y el ocultamiento por parte del gobierno actual es patente e insostenible. Frente al aumento de evidencias incontrovertibles del contubernio entre el crimen organizado y la élite del narcobradorato; la Presidencia y la Fiscalía General de la República están incurriendo en los delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Durante el gobierno de López Obrador el CJNG se convirtió en el cartel más poderoso de México por su importancia empresarial y financiera, su capacidad armada; así como por su expansión territorial en México, además de su presencia en más de 40 países del mundo. El ex mandatario les brindó todas las facilidades para hacerlo posible.

A partir de 2020, el dueño vitalicio de la 4T le otorgó el control de puertos y aduanas a la Secretaría de Marina con el argumento de acabar con la corrupción. El huachicol fiscal se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso del CJNG con el beneplácito, abrazos y la presunta complicidad del jefe máximo del cochupo nacional y mandos de la Secretaría de Marina. Engaño, robo y traición.

#El AudioDeLaMarina

La grabación #El AudioDeLaMarina publicada el 17 de febrero en el portal de Aristegui Noticias y transmitida en el noticiero al día siguiente, constituye una prueba irrebatible de que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, tuvo conocimiento de la trama del huachicol fiscal a través del testimonio voluntario del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

Más aún, de propia voz, el almirante Ojeda le propone a su interlocutor dos opciones que se podrían tomar ante la red de corrupción denunciada por el contralmirante Guerrero: O se inicia una investigación hasta sus últimas consecuencias, “o tratamos de cerrarlo aquí nosotros…”.

Claramente, ello implica una confesión expresa del ex secretario de Marina de ocultar el problema, lo cual significa estar dispuesto a incurrir en los delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

La conversación tuvo lugar en la oficina del almirante secretario Ojeda en julio de 2024, tres meses antes de abandonar su cargo por el fin del sexenio de López Obrador. El 10 de octubre de 2024, el contralmirante Guerrero Alcántar también se reunió con el actual secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La gravedad del caso se complica debido a que, como se sabe, el contralmirante Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2025.

La grabación #ElAudioDeLaMarina coincide con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso, cuyo contenido fue presentado en el noticiero Loret, transmitido por Latinus en junio de 2024.

Hasta ahora, la FGR actual no ha dado información acerca de los avances de dicha investigación. La presidenta Sheinbaum ha dicho en viarias ocasiones que el ex secretario de Marina no será llamado a declarar porque no está implicado en el caso. Ante la evidencia irrebatible de la grabación con la voz del almirante Rafael Ojeda es patente que al tratar de eximirlo a priori de toda responsabilidad, ni siquiera para declarar sobre lo que le oímos decir, la mandataria incurre en un encubrimiento expreso.

La determinación presidencial de evitar que el ex secretario de Marina declare es insostenible a la luz de la contundencia de la prueba auditiva. Al parecer, la Presidenta está determinada a defender la impunidad de la élite de Morena y, sobre todo la de su antecesor, hasta la ignominia.

Resulta penoso constatar que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar la investigación judicial sobre el huachicol fiscal “hasta donde tope”, se ha difuminado. Al parecer, ya se alcanzó ese tope.

Como sabemos, la trama macro criminal del huachicol fiscal constituye el mayor acto acto de corrupción en la historia de México. El monto del mega desfalco al erario se calcula en 600 mil millones de pesos. Además, hay asesinatos y muertes relacionados con el caso. La red de macrocriminalidad incluye a políticos y miembros de las fuerzas armadas de la mayor jerarquía, así como a empresarios, que deben ser investigados, procesados y, en su caso, sancionados. Sin excepciones.

Otro ejemplo vergonzoso de encubrimiento, entre muchos otros, es el de la (presunta y evidente) corrupción de Adán Augusto López, hermano elegido, de López Obrador, vinculada con el cartel de La Barredora, sucursal del CJNG en Tabasco, que dirigía Hernán Bermúdez Requena, nombrado secretario de seguridad del estado por el entonces gobernador Adán Augusto López.

Como lo han explicado Edgardo Buscaglia y Jacobo Dayán en el noticiero de Carmen Aristegui, la única manera de combatir las redes de macro criminalidad en México sería mediante maxi procesos como los que se han realizado en Italia y Colombia. Ello resulta impensable en un país como el nuestro donde no existe un estado de Derecho ni instituciones de justicia medianamente respetables y funcionales. Aunque se diga que “México es el país más democrático del mundo”.

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025, México ocupa el primer lugar en mercados criminales mundiales. El documento puede consultarse en este link.

En el Índice del World Justice Project 2025, México se ubica entre los top ten, la lista de los 10 países más corruptos y con el peor sistema de justicia penal del mundo. En el rubro de Ausencia de Corrupción ocupa el lugar 134 y en Justicia Penal el 135, entre los 143 países investigados.

Ante esa penosa realidad, aunada a la imposibilidad de realizar un maxi proceso en México, el sabio sarcasmo de Gabriel Zaid es digno de ser considerado:

“Un atropello con menor costo político y diplomático sería secuestrar a Andrés Manuel López Obrador, de manera rápida y “quirúrgica”, sin anunciarlo ni reconocerlo después, como se hizo con ‘El Mayo’ Zambada.” (Gabriel Zaid, Reforma, 22-02-2026).

Acaso esa sería la única posibilidad de superar la ominosa condición de narco gobierno camuflado que padece la estoica nación mexicana.