opinión*
Borrar en Donceles la historia de la transición en la CdMx, un despropósito (Artículo)
por Rogelio Muñiz Toledo
Cuartoscuro / Archivo

Rogelio Muñiz Toledo

Esta Constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática: Constitución Política de la Ciudad de México.

 

El diputado Ricardo Ruiz Suárez, coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para inscribir en letras de oro la leyenda “Constitución Política de la Ciudad de México 2017” -lo cual es plausible- e, inexplicablemente, retirar la inscripción que dice “Reforma Política de la Ciudad de México 2016”, en el recinto legislativo de Donceles.

La propuesta de retirar la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016” carece de lógica jurídica, política e histórica porque es un planteamiento de contenido exclusivamente ideológico. El proponente olvida que el producto de esa reforma son las disposiciones vigentes de la Constitución Federal que reconocen la autonomía de la Ciudad de México y garantizan el ejercicio efectivo de la soberanía popular de sus habitantes.

Eliminar por razones ideológicas la referencia a un proceso histórico fundamental para la transición política en la Ciudad de México es contrario al carácter democrático del cambio político en la ciudad. Borrar de los anales de la historia del recinto de Donceles la referencia a un proceso político, por el hecho de que en él participaron actores a los que se descalifica solo por estar en la oposición, es contrario al pluralismo y a la democracia, e implica la negación del otro, del que no pertenece a la corriente política o ideológica del censor, algo que solo cabe en la lógica del totalitarismo.

Suponer que la historia comienza cuando un grupo gobernante llega al poder, lleva al absurdo de que, al negar un proceso histórico porque en él participaron los opositores, se desconocen también las aportaciones a la transición política de muchos de sus ahora correligionarios que también fueron parte de aquel proceso político e implica incluso la negación del pasado del propio proponente.
Una de los argumentos para proponer el retiro de la leyenda relativa a la Reforma Política de la Ciudad de México es que, “además del reconocimiento al proceso político, es también la evocación a un acuerdo político entre partidos de distinta ideología, el Pacto por México”.

Conviene recordarle al proponente que en esa reforma política no solo participaron actores políticos que ahora están de la oposición, como los legisladores federales y locales que aprobaron la reforma constitucional de 2016 y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal -cuya participación fue decisiva para que la reforma fuera posible-, sino también legisladores que ahora son afines a Morena,  como lo es él.

Afirmar, como lo hace el proponente, que la reforma política de 2016 tuvo como consecuencia “restringir la liberta (sic) de las y los ciudadanos, imponiendo la designación de asambleístas constituyentes (sic), con la clara finalidad de limitar la libertad de quienes viven en la ciudad para elegir su forma de organización política”, es un sinsentido.

Es verdad que la forma en la que se integró la Asamblea Constituyente supuso un déficit de legitimidad para esta, pero la supuesta restricción a la libertad de los habitantes de la ciudad por la existencia de los constituyentes designados es un afirmación dogmática del diputado Ruiz, ya que en su iniciativa no aporta ningún elemento para probarla.

Lo que es incontrovertible, y para comprobarlo basta con revisar los archivos de la Asamblea Constituyente, es que la inmensa mayoría de las y los constituyentes designados -a los que el diputado Ruiz considera una imposición de la Reforma Política de la Ciudad de México- fueron mujeres y hombres que hicieron aportaciones decisivas para que la Ciudad de México cuente con una de las constituciones más avanzadas de América Latina.

Conviene recordarle al diputado Ricardo Ruiz que cuatro constituyentes, cuya designación él califica de imposición y de cuyo extraordinario trabajo en la Asamblea Constituyente fue testigo presencial, son ahora, dos ellos, importantes integrantes del gabinete del presidente López Obrador, la Secretaria de Gobernación y el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la misma dependencia, y los otros dos, legisladores de Morena y presidente y vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Tres de ellos fueron designados por el Jefe de Gobierno y uno, de quien el diputado Ruiz es suplente en el Congreso de la Ciudad de México y cuya curul ocupa él actualmente, tuvo una participación destacada y decisiva en la Reforma Política de la Ciudad de México -esa reforma cuya referencia histórica quiere borrar del recinto de Donceles el diputado Ruiz- y presidió exitosamente la Asamblea Constituyente, con el reconocimiento unánime de todos sus integrantes.

El último argumento falaz del proponente es que, según su versión del proceso constituyente, lo mejor de la Constitución Política de la Ciudad de México es exclusivamente obra de una opción política, en la que él milita actualmente, por supuesto. Afirmación que no solo es inexacta, sino contraria al carácter plural y democrático de la transición política en la ciudad, reconocido en el preámbulo de la Constitución.

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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