Esta es la versión íntegra de la entrevista de Carmen Aristegui a Jan Jarab
La periodista conversó con el representante de la ONU-DH en México quien apuntó que la Ley de Seguridad Interior se debe discutir con la sociedad y criticó la premura en su aprobación.

Este viernes, en entrevista con Carmen Aristegui, el representante de la ONU-DH en México Jan Jarab, resaltó la importancia de llevar el modelo de seguridad a una discusión pública, abierta e inclusiva para conocer lo que el país necesita y lo que los mexicanos merecen. Además detalló que “el combate al crimen no corresponde a las Fuerzas Armadas” por lo que el ideal sería “una transición hacia un modelo de seguridad ciudadana que proteja principalmente las vidas humanas“.

Esta es la versión íntegra de la entrevista de Carmen Aristegui a Jan Jarab:

C: ¿Qué dice la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas?

JJ: Primero es muy preocupante que se pretende no sólo mantener sino también aumentar el carácter militarizado de la política de seguridad en México. Es también preocupante cómo se adopta un proceso tan precipitado y aún más preocupantes son los detalles de esta ley como los hemos analizado en el último día. Hay muchas cosas en esta ley que pensábamos lo mismo en nuestra oficina que va a ser distinto y que va a tener un poco de carácter transformativo de ruta de salida desde el paradigma militar y no lo hay

C: Es decir, ¿no se plantea el regreso o la revisión de cómo volver a los militares a los cuarteles de forma ordenada sino todo lo contrario porque al final es dotar de legalidad a lo que ha ocurrido en más de 11 años?

JJ: Sí, es todo lo contrario. Una ley, una propuesta de ley que verdaderamente alentamos al senado para que no apruebe este proyecto de ley y lo alentamos a que se impulse una discusión pública, abierta, inclusiva sobre el modelo de seguridad que el país necesita, que el país quiere, que los mexicanos merecen porque eso va sólo a petrificar el status quo y, además, dar las tareas a los militares, legalizar el uso de las Fuerzas Armadas. (aún más que) Hemos pensado, por ejemplo, se ve que va a ser sometida la autoridad civil al mando militar que cuando intervengan las fuerzas armadas corresponderá a los secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante para que dirija los grupos interinstitucionales. Entonces no será una autoridad civil será una autoridad militar.

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C: Es decir, la autoridad civil que según nuestra Constitución está por encima de la autoridad militar, en este caso estás diciendo que la ley que se acaba de aprobar plantea en algún punto que la autoridad civil será sometida por la militar. ¿En qué tipo de circunstancias?

JJ: La propuesta de ley dice que cuando intervengan las fuerzas armadas los Secretarios de Defensa y Marina va a proponer a un comandante y un protocolo de actuación elaborado por un comandante, eso es un integrante de las fuerzas armadas. También quiero destacar que hay mucha ambigüedad en la ley, por ejemplo, se menciona una declaratoria de protección a la seguridad interior pero ésta podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades civiles competentes sino también cuando éstas se comprometan. Además, otros artículos de la ley o del proyecto dicen que pueden actuar las fuerzas armadas en actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita esta declaratoria de protección a la seguridad interior.

Entonces uno se pregunta para qué sirve la declaratoria en el artículo 20 del proyecto si pueden actuar sin esto. Además, hay este tema de protesta sucia. La primer lectura bueno que excluye la protesta social del ámbito de la ley pero después se ve que la excluye parcialmente porque dice que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior y no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior pero la misma ley tiene otra figura de riesgo a la seguridad interior que supuestamente se puede aplicar en esta cosa. Entonces lo mismo una manifestación pacífica puede ser declarada un riesgo a la seguridad interior entonces se pueden utilizar las fuerzas armadas. Además si no es pacífico, según nuestra opinión, compete a los policías de intervenir, como por ejemplo en el caso Nochixtlán, y no a las Fuerzas Armadas. Entonces sí es muy grave, es mucho más grave de lo que hemos pensado.

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C: Jan Jarab esto que estás diciendo es sumamente importante porque hemos conversado a lo largo de las últimas horas intensamente con todas las voces posibles: hablamos con el Presidente de la Mesa Directiva del PRI, ayer, Jorge Carlos Ramírez Marín. Le preguntamos esto. Hablamos hace unos minutos con César Camacho del PRI también, hemos oído a las voces críticas pero también a quienes defienden este marco legal. Y este punto en particular cuando se le preguntó a los legisladores sobre lo que había generado una gran preocupación del dictamen respecto al tema de las manifestaciones sociales han insistido en que se modificó el dictamen y que eso ya está resuelto pero con lo que tú estás diciendo JJ estás planteando algo sumamente delicado porque efectivamente al plantear que las protestas sociales o las movilizaciones sociales pacíficas no estarán en el marco de esta regulación.

Si nos ponemos a pensar qué es pacífico y qué no es y quién va a interpretar lo que es y lo que no es pacífico en un país en donde hemos visto en los último años que manifestaciones pacíficas son violentadas con halcones o personas que van directamente a generar actos de violencia para reventar las manifestaciones pacíficas, ¿quién nos dice que eso no volverá a ocurrir una y mil veces y la interpretación de qué es pacífico como manifestación social o no es pacífico quedará en manos de quién para la actuación del ejército o no en manifestaciones sociales?

JJ: Yo diría que el problema es un poco distinto. El problema es que primero si no es pacífico compete a las corporaciones policíacas de hacer algo y no a las Fuerzas Armadas. Además, la ambigüedad del texto nos preocupa porque dice que no serán, las pacíficas, no serán calificadas si tienen tal o cual motivo. No sé quién va a evaluar el motivo. Que no serán evaluadas como algo que puede ser materia de declaratoria de protección pero ya hemos visto en otro artículo que no se necesita declaratoria de protección a la seguridad interior para la actuación de las fuerzas armadas. Entonces me parece, no quiero decirlo tanto, pero es una simulación de una garantía. No es una garantía. Es algo que parece garantía pero de hecho, no lo es porque otras partes de la ley contemplan la
actuación de fuerzas armadas sin esta declaración.

No van a identificar las pacíficas como amenazas a la seguridad interior, bueno, pero existe esta otra figura de riesgo a la seguridad interior y aquí no se excluye que se van a identificar mismo las pacíficas como riesgo a la seguridad interior y en esto también pueden intervenir las fuerzas armadas. Entonces me parece que no son verdaderas garantías y hay además, en todo este proyecto, una fuerte ausencia de control. Control de las acciones en materia de seguridad interior que se reduce a mantener informado al presidente por conducto del Secretario de Gobernación e informar a la comisión bicameral. La ley no contempla medidas excepcionales para ser desplegadas por los organismos públicos de derechos humanos, por ejemplo, la CNDH, las entidades federativas o áreas geográficas en las que se desarrollan las acciones de seguridad interior. Y, además, puede complicar la actuación de la CNDH porque dice que organismos autónomos deberán proporcionar la información que requieran las autoridades. Entendemos, entonces que también nuestros colegas de la CNDH están muy preocupados por esta propuesta y estamos en un consenso amplio con ellos, con la sociedad civil nacional e internacional, con la academia que es preocupante.

C: Lo que dices es fundamental, las observaciones que estás haciendo como representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos en cualquier momento para un país, pero sobre todo, por lo que acabas de explicar, en un momento donde México está viviendo y vivirá con mayor intensidad un proceso político electoral que no sabemos cómo se va a desarrollar pero que por las características de una contienda político-electoral que está por venir o ya se está desarrollando podría en algún punto generar manifestaciones sociales, expresiones de protesta… No sabemos lo que pueda venir en 2018 y si esta legislación se aprueba en estos términos deja abierta una gran preocupación respecto al tipo de manejo que se pueda tener en México del tipo de cosas que pudieran ocurrir en materia político-electoral y social en los próximos meses.

JJ: Además me parece importante el combate al crimen y entiendo que eso es la intención del proyecto. El combate al crimen no corresponde a las Fuerzas Armadas, lo han dicho tres altos comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas: (inaudible) algo, el actual alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita en octubre de 2015 después en sus recomendaciones publicadas en octubre 2016. Se necesita una transmisión hacia un modelo de seguridad ciudadana que proteja principalmente las vidas humanas. Necesita una discusión, entendemos que la delincuencia organizada es un gran problema no lo estamos (inaudible) pero sí se necesita una discusión societal y no un proceso de un día en una cámara para resolver y buscar de manera conjunta la salida de la situación que México enfrenta hoy.

Eso es importante para que no estemos sólo enfocados en el riesgo hipotético en el ámbito de protesta porque lo principal es la lógica de adopción de este proyecto es el combate al crimen organizado. Nosotros, no sólo nosotros, hay un gran consenso que las Fuerzas Armadas no son las idóneas para el combate al crimen organizado y hay varias preocupaciones en este contexto. Por ejemplo, esta ausencia de controles. El hecho de que el ejecutivo podrá ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad. Entonces de forma indefinida esté sujeta a una declaratoria de protección a la seguridad interior, eso es lo problemático. Por eso es que da mucho espacio para arbitrariedad en este combate al crimen porque se propone como tema central en la necesidad de la ley. Demasiado arbitrario, los controles son pocos y no hay finalmente una política de fortalecimiento de las instituciones civiles, las corporaciones civiles entonces no hay una ruta de salida de esto, ese es el problema.

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C: Jan Jarab, en tu calidad de representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos dime, un marco legal como el que se está impulsando en México es atípico en el mundo de hoy, en el mundo democrático de hoy, ¿qué prevalece, si pudieras hacer una referencia internacional, en los modelos de combate al crimen y de seguridad en los países más desarrollados, más democráticos en el mundo de hoy? ¿Este camino que está tomando México es atípico en un tiempo como 2017 ya?

JJ: En nuestra oficina siempre intentamos evitar comparar a los países pero sí es atípico.

C: Un llamado al Senado de la República qué es lo que debería el Senado tomar como eje de una discusión y tomar la ruta de salida a una problemática tan grave como la que tiene México.






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