El gobierno está negociando con bandas de secuestradores, lo cual probablemente genere una polémica, ya que esa decisión tiene por lo menos dos características:

a)   Facilita la protección de la vida de los secuestrados.

b)   Incentiva la comisión de plagios.

El caso aceptado oficialmente por el gobierno es el de los atletas secuestrados en el Ajusco. Fue una operación de la Policía Federal que implicó el pago de un rescate de 250 mil pesos y permitió la liberación de siete personas, seis de ellas atletas.

En su comunicado de prensa 222, fechado el 31 de octubre,el Consejo Nacional de Seguridad informó:

El diario Reforma informó que las autoridades indagan si el secuestro fue operado por la banda conocida como “Los Camacho”, algunos de cuyos integrantes habían sido apresados pero fueron liberados por un juez. “Los Camacho” cometieron en esa zona al menos 10 secuestros en 2013.

Según fuentes federales de seguridad, la liberación de las víctimas fue rápida -15 horas después del plagio- debido a que se dispuso un fuerte operativo alrededor de la zona, lo cual presionó a los delincuentes.

Las víctimas fueron:

• Fabiola Corona, triatleta olímpica; Carlos Probert, triatleta y entrenador, quien, según las fuentes, era el principal objetivo del plagio.

• Esperanza Raya, Georgina Brusser, Alejandra Brusser y Jorge Luis Fuentes, todos deportistas y Alejandro Ibarrola, el chofer que escoltaba al pelotón de ciclistas a bordo de una camioneta.