Desiste FGR de presentar ante juez testimonios que vinculan a Peña Nieto con corrupción de García Luna

Por Juan Omar Fierro

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de las audiencias que había solicitado a un juez federal para presentar el criterio de oportunidad que un Ministerio Público Federal había concedido a Samuel y Alexis Weinberg, así como a su socio Natan Wancier, en el proceso penal que se le sigue al ex secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, su esposa y cinco familiares más por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero por un monto de 5 mil 112 millones de pesos.

El Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, notificó a los 61 imputados en este caso que la FGR presentó un oficio para desistirse de las audiencias que estaban programadas para los días 29 y 30 de octubre en la causa penal 43/2023, en las cuales se iban a presentar las declaraciones de los exsocios de García Luna que vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con una trama de presunta corrupción en la construcción y operación de varios penales federales.

La autoridad judicial advirtió que el desistimiento de las pruebas referidas se hace “al más entero perjuicio” de la propia Fiscalía General, por lo que las consecuencias de esta decisión no son responsabilidad de los jueces federales adscritos al Órgano de Administración Judicial (OAJ).

En la notificación enviada por el Centro de Justicia a las partes involucradas se señala que la fiscalía se desistió de presentar las declaraciones de Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub como prueba anticipada dentro del proceso penal, por lo que dichos testimonios ya no se van a desahogar para poder validar su legalidad de forma previa al juicio oral.

Fuentes federales afirmaron que el desistimiento de la FGR estaría relacionado con la falta de un acuerdo entre la fiscalía y los representantes legales de la familia Weinberg y Natan Wancier para cubrir la reparación del daño en México, uno de los requisitos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para otorgar este beneficio procesal a una persona imputada por un delito.

Las declaraciones de Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y Natan Wancier fueron reveladas por primera vez durante una audiencia celebrada el viernes 23 de mayo de 2025, con el fin de presentar las declaraciones de los exsocios de García Luna como prueba anticipada, para el desahogo de las declaraciones antes del juicio.

“Conforme a lo solicitado por la Fiscalía de la Federación, toda vez que el artículo 131, fracción V (del Código Nacional de Procedimientos Penales), refiere de las obligaciones que tiene el Ministerio Público en la conducción de la investigación, se le tiene por desistido del desahogo anticipado de las pruebas de referencia a su más entero perjuicio”, señala el acuerdo judicial.

Beneficios sin reparación de daño

En la solicitud del criterio de oportunidad presentada ante la FGR, los propios Weinberg y su socio afirman que, pese a los desvíos de recursos cometidos en agravio de las finanzas públicas, no ofrecerán reparación del daño en México, debido a que previamente llegaron a un acuerdo con las autoridades mexicanas en un litigio de carácter civil en Estados Unidos.

“Los beneficios que obtuvimos con la adjudicación de los contratos antes señalados son materia de reparación del daño, según lo convenido en la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial, Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, por lo que al solicitar el Criterio de Oportunidad con la información veraz, eficaz y esencial que he manifestado y que podré ampliar oportunamente, solicito se tenga por reparado el daño ocasionado”, señala la última manifestación en las declaraciones ministeriales de los Weinberg y su socio en Nunvav INC y Nunvav Technologies.

En la causa penal que se sigue contra Genaro García Luna y que pretendía vincular por primera vez al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con la trama de corrupción en la construcción y operación de los penales federales, también aparecen como imputadas la esposa del ex secretario de seguridad pública federal, Linda Cristina Pereyra Gálvez, y sus hermanas Esperanza, Luz y María, todas de apellidos García Luna, su hermano Humberto García Luna y su sobrino Oswaldo Luna Valderrabano.

Samuel y Alexis Weinberg, así como su socio Natan Wancier Taub entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas de transferencias y depósitos bancarios que presuntamente entregaron a dos empresarios, identificados como Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Aramburu, para el pago de presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A cambio, los tres accionistas de la empresa Nunvav Technologies, beneficiada por el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, habrían logrado la continuidad de sus contratos en materia de seguridad pública con el gobierno mexicano, de acuerdo con una carpeta de investigación que llevó a la detención de una hermana y un sobrino del propio García Luna.

No obstante, los tres imputados en el proceso penal que se sigue contra 61 personas, incluyendo a ex servidores públicos, no ofrecen una reparación del daño en la trama que implica un desvío de más de 5 mil millones de pesos, argumentando que ya lo hicieron en Estados Unidos.

Pruebas que vinculan al expresidente EPN 

Aristegui Noticias tuvo acceso a registros judiciales que confirman el criterio de oportunidad que la FGR concedió a padre e hijo de la familia Weinberg y a su socio a cambio de revelar la trama de presunta corrupción que presuntamente sirvió para beneficiar a García Luna en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, así como a Peña Nieto y Osorio Chong, a partir del 2011.

Además de las pruebas testimoniales, los empresarios de la comunidad israelí entregaron 18 anexos de información financiera para documentar sus dichos, incluyendo fichas de depósito y comprobantes de transferencias, así como actas constitutivas de empresas y registros públicos de inmuebles que también “regalaron” a ex servidores públicos.

Los Weinberg y su socio no se reunieron nunca con Osorio y Peña ni les entregaron dinero de forma directa, sino que todo lo habrían hecho a través de Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la relación del empresario Jorge Fernández Moreno con Enrique Peña Nieto era muy estrecha, ya que la esposa de Fernández también era muy cercana a la actriz Angélica Rivera.

Los tres empresarios explicaron que buscaron el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto con el fin de “evitar dificultades para obtener contratos adicionales debido a los cambios en los cargos oficiales que controlaban las entidades del sector de la seguridad pública”.

“A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Bulltick (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Genaro García Luna dirigía una organización criminal desde que fungía como Secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, en la cual participaban funcionarios de otros organismos de seguridad como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Aprovechando su cargo, García Luna presuntamente “conformó una extensa red de socios comerciales” para obtener contratos ilegales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)”, obteniendo así cientos de millones de dólares en “ganancias”.

Acuerdo en Estados Unidos

A la par que en México negociaban su “criterio de oportunidad” con la FGR, los Weinberg y su socio buscan llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano en los tribunales de Estados Unidos.

Por lo anterior, este 27 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano dio a conocer que había retirado de forma voluntaria la demanda civil contra Samuel y Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier para tratar de recuperar alrededor de 600 millones de dólares.

Sin embargo, la UIF advirtió que si el acuerdo no logra concretarse, reanudará la demanda civil que está en manos de la jueza Lisa Walsh, la misma que condenó a Genaro García Luna y su esposa al pago de 2 mil 488 millones de dólares, es decir, casi 50 mil mil millones de pasos.

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Según la UIF, la jueza Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo del presente año.

Debido a que no se logró un acuerdo en la fecha límite del pasado 23 de mayo, la UIF y la defensa de los Weinberg solicitaron retirar la demanda de forma voluntaria para que en un nuevo plazo de 30 días se llegue a un acuerdo, el cual incluye la colaboración con la FGR en México.

“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, concluyó la UIF.