Ordena juez ratificar o rechazar nombramientos de 18 magistrados anticorrupción
Fernando Silva García concedió un amparo en el que ordena al Senado, o en su defecto a la Comisión Permanente, transparentar y concluir el proceso de ratificación.
(Foto: Captura de pantalla/Youtube).

Aunque las impugnaciones podrían obligar a postergar el acatamiento,  un juez federal ordenó este miércoles al Presidente y al Senado transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), congelado desde abril de 2017. Estos magistrados serán los encargados de imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción

De acuerdo con Reforma.com, Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió un amparo en el que ordena al Senado, o en su defecto a la Comisión Permanente del Congreso, que “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) designados en abril de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto.

La sentencia del juez puede ser impugnada por ambos poderes en un plazo de 10 días, y por ahora no tiene que ser acatada, y la revisión, por un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia, podría tomar varios meses.

Es probable que, a partir de septiembre, el Senado controlado por Morena rechazaría los nombramientos que hizo Enrique Peña Nieto, para esperar a los que envíe, a partir de diciembre, Andrés Manuel López Obrador.

Otra opción sería que Presidencia y Senado acaten el amparo desde ahora e intenten sacar adelante los nombramientos en la Comisión Permanente, aunque se tendría que garantizar “la publicidad y transparencia” en el desarrollo de las ratificaciones, aclaró el juez.

Además de la orden al Legislativo, Silva determinó que el Ejecutivo “transparente y justifique” los nombramientos que hizo, duramente criticados por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, que fue el que promovió el amparo respectivo.

Lo anterior, ya que las 18 plazas fueron asignadas a personal de carrera del propio TFJA y abogados que han sido funcionarios públicos o son cercanos a los partidos políticos.

 








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