SCJN promueve mejorar sistema jurídico para personas con discapacidad
El magistrado presidente anunció que presentará un Protocolo internacional de protección a discapacitados, basado en los instrumentos elaborados en México, como guía para todos los jueces de América Latina.
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Las personas con discapacidad deben tener el reconocimiento como sujetos plenos ante la ley, lo que hace necesario un “cambio a la cultura jurídica” que tradicionalmente les ha negado el ejercicio de sus derechos por sí mismos, instó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Por ello, dijo, la Corte preparó y puso a disposición de todos los juzgadores del país el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad, presentado este lunes en la sede de la Corte.

El ministro explicó que en un apartado central, el Protocolo detalla los principios rectores a considerar al resolver controversias que involucre a este sector de la población.

Además, una sección que retoma sentencias y buenas prácticas como guía para la mejor protección de los derechos de este grupo vulnerable, a partir de la legislación nacional e internacional aplicable, dijo ante los asistentes.

Las acciones afirmativas que pueden adoptarse desde el Poder Judicial implican actitudes proactivas dirigidas a generar consecuencias diversas y benéficas, como facilitar a los juzgadores el conocimiento de primera mano de las necesidades y el entorno de vida de las personas con discapacidad y sus condiciones específicas.

Incluso, puede propiciarse que los impartidores de justicia busquen apoyo de personal interdisciplinario para resolver adecuadamente litigios concretos, y recordó que a diferencia de lo que sucede con otros grupos discriminados, “todas las personas, todos nosotros podemos estar en situación de discapacidad”.

Para ser congruente con el grupo social al que este protocolo está dirigido, anunció que el documento también estará disponible al público en versiones de audio, electrónica y braille.

Entre los asistentes, estuvieron Agustina Palacios, coordinadora del área de discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Pablo Yanes Rizo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina.

Además de ministros, también estuvieron consejeros de la Judicatura Federal e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a quienes recordó que con el protocolo presentado hoy ya son cinco los elaborados por la Suprema Corte para garantizar la mejor defensa de los derechos de los grupos vulnerables.

Los anteriores fueron a favor de las mujeres, los indígenas, los niños y adolescentes y los migrantes, todos ellos en consonancia con el mandato constitucional de proteger e impulsar los derechos humanos.

El magistrado presidente anunció que en la reunión plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará esta semana en Santiago, Chile, se presentará un Protocolo internacional basado en los instrumentos elaborados en México, como guía para todos los jueces de la región.

Aclaró que el único objetivo es orientar la labor jurisdiccional con absoluto respeto a la autonomía y la independencia judicial de los países de la región, aprobado en una reunión previa en Buenos Aires, donde contó con entusiasta participación de otros países de la región.

“Este esfuerzo iniciado en México tiene ya un impacto internacional y colabora a que los máximos tribunales de la región se desarrolle un sano diálogo jurisprudencial, orientado por la preocupación común de proteger los derechos humanos de las personas de la región, así como de España y Portugal”, apuntó.

Por su parte, la doctora Agustina Palacios, reconoció que el Protocolo recupera el concepto de discapacidad como cuestión de derechos humanos e identifica a quienes la viven como sujetos de derechos, y no más como objetos de políticas asistenciales.

Entre las aportaciones del documento destacó los ocho principios rectores para la actuación del sistema de justicia y la recomendación de que éstos se apliquen en todas las etapas del proceso.

A su vez, el representante de la CEPAL, Pablo Yanes Rizo consideró que el Protocolo contribuye a remontar la discriminación en la que viven las personas con discapacidad y cerrar las brechas de desigualdad, en una lógica de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, de más y mejores políticas pero también de más y mejores accesos a la justicia.

Fuera de programa, y desde su lugar entre el auditorio, la doctora Iris Villarreal Guerra, llegada de Guadalajara y madre de un menor con discapacidad, narró las dificultades jurídicas, económicas y humanas que enfrenta ese sector de la población y sus familias.



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