Merodio, una más a lo EPN: poner a quién sea y cómo sea
El nombramiento de Paloma Merodio como vicepresidenta en el INEGI, se une a los constantes conflictos de intereses que han caracterizado el sexenio de Peña Nieto.
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Por Miguel Pulido

Una vez más, como si fueran piñatas, el Presidente intenta rellenar las instituciones con lo que tiene a la mano. La pasada comparecencia (30 de marzo) de Paloma Merodio ante comisiones en el Senado de la República sirvió para probar de nueva cuenta que los currículos de los peñanietistas, aunque sean frágiles y chipotudos, sí son leales al Presidente jalan parejo.

Inmediatamente después de haber sido propuesta por Peña Nieto para ocupar una Vicepresidencia en el INEGI, Paloma Merodio recibió duras críticas y documentados cuestionamientos. La polémica sobre sus antecedentes y su falta de credenciales, no es menor. Especialistas y destacados académicos han mostrado con datos que no tiene los años de experiencia profesional ni los antecedentes en puestos de alto nivel que la Ley exige. Adicionalmente, su designación tiene serios problemas de conflicto de interés y resulta delicada por sus lazos políticos.

Desde la perspectiva del interés público, Merodio es una candidata no idónea. Si lo vemos en términos legales, es inviable. Si añadimos la dimensión política, es conflictiva. Entonces ¿por qué proponerla? Para entender el lance peñanietista con Merodio, hay que ubicar su nombramiento en el cruce de dos tendencias de este gobierno.

1.- Si no pueden cambiar la realidad, apañen los datos

Lleva poco más de dos años la ofensiva en contra de cualquier institución que muestre cifras contra la pobreza que no sean alegres. Para este gobierno, sus resultados (es un decir) quedan diluidos por asuntos metodológicos. Entonces, la batalla que dan por mejores condiciones de vida para la población (también es un decir) tiene una primera parada política: capturar la “fórmula” que evalúa la realidad.

Recordemos, por ejemplo, las escaramuzas que encarnó la SEDESOL entonces a cargo de José Antonio Meade contra la CEPAL. En aquella ocasión, en respuesta al informe Panorama Social de América Latina que afirmaba que en México había crecido la pobreza, funcionarios de dicha secretaría dijeron que con las metodologías del Banco Mundial y del CONEVAL, los resultados eran otros.

Pero, sorpresa, poco antes de que iniciaran los trabajos del CONEVAL para evaluar la pobreza, el INEGI cambió sin previo aviso aspectos metodológicos que impidieron tener dicha medición. ¿El resultado? Un cruce de acusaciones, descalificaciones y aclaraciones entre los titulares de estas dos instituciones de alto prestigio en México.

A la luz de la designación de Merodio, este sainete tiene un ilustrativo detalle que también ha sido denunciado por académicos y especialistas. Los cambios metodológicos en el INEGI (que reportaron sustanciales incrementos en los ingresos de las familias mexicanas) fueron resultado de las decisiones de Julio Santaella Castell, quien no sólo fue designado por Peña Nieto sino es identificable claramente como cercano a integrantes del grupo del Presidente, en especial a Luis Videgaray.

2.- Puestos importantes, son para los compadres

Hay otro dato de contexto en la pretendida designación de Merodio. Entre otras características, el de Peña Nieto es un gobierno de maltrato a las instituciones por la vía de las designaciones. En especial a las que se encargan de asuntos técnicos y jurídicos delicados.

Las pruebas están ahí. La Secretaría de la Función Pública, que es la institución responsable del tema de corrupción en el gobierno federal, estuvo sin titular la friolera cantidad de 26 meses. Tuvo que estallar el conflicto de interés por las casas en Malinalco y las Lomas, para que Peña Nieto decidiera nombrar un secretario en la Función Pública. ¿Qué hizo? Nombró a un amigo personal sin credenciales ni mérito para el cargo: Virgilio Andrade.

El tema de Andrade se ha abordado hasta el cansancio. Renunció no sin antes dejar tras de sí un par de escándalos por abuso de autoridad y gastos suntuarios con cargo al presupuesto. Después llegó a conducir ese remedo de institución Arely Gómez, quien puede presumir en su currículum que desde la PGR estiró la simulación sobre el caso Ayotzinapa y visitó el túnel por el que escapó el Chapo.

Con el país inmerso desde hace casi una década en una crisis de violencia y seguridad, le tomó cinco meses a Peña Nieto nombrar a un Subsecretario de Prevención del Delito. Cuando lo hizo eligió a Arturo Escobar, cuyos escándalos en el manejo de recursos públicos y actividades electorales ilícitas, tienen amplia documentación. Tan es así que, apenas asumió el cargo, Escobar se vio forzado a renunciar por las acusaciones en su contra.

La lista de instituciones que no quede maltrecha en su prestigio con el envío de sus compadres se reduce. Ahí está Humberto Castillo, que un día amanece de Procurador Federal del Consumidor, otro de Comisionado en Michoacán o de titular del deporte nacional. O Bazbaz en la Unidad de Inteligencia Financiera. Virgilio Andrade en donde sea.

Cuando hubo que nombrar el pleno del INAI, Peña Nieto echo mano del inventario de mexiquenses incondicionales. A la Suprema Corte le agarró coraje y se empeñó en filtrarle amigos. Primero Medina Mora y –a pesar de los costos que esto tuvo para la legitimidad del Máximo Tribunal- después se atrevió a intentar designar a Alejandro Gómez Sánchez.

Como se aprecia, el asunto no puede verse aislado. Esos son el tipo de nombramientos, designaciones y postulaciones que anteceden la de Paloma Merodio.

Así que el INEGI parece ser la siguiente víctima de esta práctica, en las instituciones: poner a quién sea y cómo sea.



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