Propuesta de Ley General de Archivos, regresiva y violatoria de derechos: historiadores, académicos y ONG’s
Artículo 19, FUNDAR, la Escuela Mexicana de Archivos, el Colegio de México y 80 instituciones más alertan sobre los riesgos en la aprobación del proyecto de ley presentado por senadores de PRI, PAN y PRD. Es regresivo y violatorio de derechos fundamentales, aseguran.

Este martes, más de 80 organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y académicas “comprometidas con el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas”, entre las que destaca Artículo 19, FUNDAR, el Colegio de México, la Escuela Mexicana de Archivos y la Red por la Rendición de Cuentas presentaron un posicionamiento para alertar sobre los riesgos de la iniciativa de la Ley General de Archivos.

Aseguran que el texto propuesto el pasado 17 de noviembre por los senadores del PRI, Cristina Díaz, del PAN, Laura Rojas y del PRD, Zoé Robledo, contiene elementos que, de aprobarse, constituirían un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información.

Las organizaciones apuntan que sus observaciones ya fueron hechas del conocimiento de los legisladores el pasado lunes durante un ciclo de audiencias públicas y que, aunque se reconoció la viabilidad de algunas propuesta de carácter técnico, “este nivel de acuerdo no se hizo evidente en otras cuestiones de mayor envergadura” y que “constituyen un auténtico retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales conquistados en los últimos años”.

Señalan dos principales:

La naturaleza política del Consejo nacional de Archivos y del Archivo General de la nación. “Desvincular la política pública nacional en materia archivística del control político de la Secretaría de Gobernación, que pretende legitimar la Ley”, reza el documento.

Y la segunda tiene que ver con “la adecuada valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley no puede permitir regresiones en estas materias”.

Para ambos puntos piden que los responsables sean perfiles especializados en disciplinas de archivos, historia y gestión documental, pues “sólo así se asegura una política archivística formulada en clave con las necesidades administrativas y no con los impulsos autoritarios del control político (…) No tiene ningún sentido legislar si sólo se busca formalizar las condiciones materiales vigentes de los archivos”.

Las organizaciones e instituciones que agrupan historiadores y académicos del país hicieron “un extrañamiento público hacia la directora del AGN, Mercedes Vega, quien lejos de solidarizarse con las preocupaciones de los historiadores y los actores de la sociedad civil involucrados ha avalado públicamente las disposiciones contenidas en la iniciativa”.

Por último, convocan a no “permitir que existan trabas en la labor de los historiadores. Las disposiciones contempladas en la iniciativa significan cuellos de botella que impedirían a los documentos llegar a los archivos históricos. Por ello, debe armonizarse la triada de leyes generales (de transparencia, de protección de Datos Personales aún en discusión y de Archivos)”.

“En conclusión queremos advertir que de no atender este conjunto de preocupaciones, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernación legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los Sistemas Nacionales de Transparencia y de combate a la corrupción”.





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