Balance sexenal: favoritismo y concentracion en telecomunicaciones
Negativo resulta el balance de la administración de Felipe Calderón relacionado con su política en radiodifusión y telecomunicaciones, durante la cual el Estado mexicano fue incapaz de atemperar el crecimientos de los poderes fácticos.
En octubre del 2001 el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, asistió a la comida por el 15 Aniversario del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico), donde estuvo acompañado por Emilio Azcarraga Jean, entre otros. (Foto: Proceso)

Por Tanius Karam.

(Texto publicado en la edición de Noviembre de la Revista Zócalo)

Terminarán en breve los seis años del periodo de Felipe Calderón, de lo que hasta él mismo reconoce será centralmente recordado por su in­fortunada lucha contra el narco­tráfico y sus inevitables secuelas y consecuencias en muchos órdenes, algunos de ellos, no suficientemen­te señalados o explorados, como ese efecto desolador en comunidades y ciudades pequeñas que ha gene­rado un abandono; o la migración, producto justamente de la imposibi­lidad de “pagar piso”, o convivir en una comunidad copada, extorsionada por el crimen organizado. Resulta difícil tener un ánimo optimista, por ejemplo, de los cacareados indi­cadores macroeconómicos, cuando a ras de sueldo se percibe un tufo agrio caracterizado por la sensación de inseguridad y desconfianza.

En el caso de las comunicaciones sociales, medios públicos y teleco­municaciones, sin duda una de las mayores consecuencias contra la democracia es el estancamiento en materia de legislación de los medios. ¿Por qué es algo tan importante?, por­que en la creciente mediatización de la vida social y sobre todo política. La información, los cables, las bandas y la conectividad adquieren un valor es­tratégico para audiencias, mercados, negocios y naturalmente, votantes. La ‘informativización’ de la vida pú­blica confiere un valor medular a los medios y las mediatizaciones. En ese sentido, sin duda la mayor contribu­ción del movimiento #YoSoy132 fue recordar y subrayar la importancia de la inequidad mediática dentro de las campañas y la democracia mexicana. Creo que ésta tendría que ser su prin­cipal vocación, una cruzada a favor de la sensibilidad de grupos más amplios con respecto a lo que se pone en juego en torno al mundo de los medios, las mediaciones y la mediatización.

Nuestro recordado Granados Cha­pa —que cómo nos hace falta en su comentario y su indefectible vocación por la palabra aguda y precisa— se­ñalaba que los medios son los espe­jos de la sociedad; son los medios (sus contenidos, sus opciones) uno de los indicadores más claros que hoy tenemos para medir la demo­cracia, que apenas alcanza un grado (siempre cuestionable) en lo electoral y apenas se asoma en la posibilidad de esa democracia social, anhelada por mucho. Justo en ese proceso, los medios y las bandas son estratégicos y centrales, al grado que no es conce­bible pensar en una democracia más integral y consolidada sin la corres­pondiente apertura y equidad en el campo de las telecomunicaciones.

La historiografía reciente de la his­toria de medios y telecomunicaciones apunta algunos conflictos y situacio­nes que ahora que intentamos una especie de balance (no sé si esta pala­bra es eufemística) cabe la pena tener en mente como parte de ese recuento, que como hemos anotado, nos deja ciertamente un sabor muy agridul­ce con relación a las promesas de la alternancia que parecían asomar­se al iniciar el siglo XXI. No tenemos mucho espacio, pero intentemos un mapeo de esos asuntos nodales, que igualmente dentro de una agenda en materia de medios, democracia, de­rechos humanos y telecomunicacio­nes, forman parte de la agenda para el análisis y también para la proyección.
En torno a los problemas en liber­tad de expresión y seguridad

Durante el periodo de Fox se abrieron algunos espacios que permitieron experimentar una libertad de carac­terísticas distintas, como se vio por ejemplo en una nueva hondeada de chistes y actitudes de la institución presidencial. Paradójicamente, como todo sabemos, la actitud de Fox hacia los medios fue de distancia, de des­confianza y de poca sensibilidad con respecto al valor de la prensa crítica en la democracia. Durante el periodo de Calderón, el político michoacano fue más cauto en sus expresiones contra los medios, pero de hecho más que propiamente discursiva su políti­ca de seguridad ha contraído algo de las libertades públicas alcanzadas por la primera parte del sexenio, en el sen­tido que ahora los llamados poderes fácticos hacen las veces de lo que el otrora impenetrable sistema nacional revolucionario hacía o generaba en los comunicadores. Es decir, vemos ahora una sustracción de la libertad de ex­presión por vías distintas, donde el principal perpetrador no es el Estado autoritario, sino estos “poderes fácti­cos”, o dicho de otra manera, institu­ciones, sindicatos, crimen organizado, televisoras que en sus propias áreas e intereses amedrentan los poderes locales, regionales o nacionales para manipular la procuración de la justi­fica a su favor.

A nivel ecológico de expresiones, secuela mediática de la neoviolen­cia y la narcocultura, podemos citar, aparte de la omnipresencia que han construido las agendas mediáticas, una verdadera red de discursos vi­suales, auditivos, canciones que hacen contrapunto a esa ecología macabra de películas, narcovideos, narcomantas¸ canciones, blogs (como el celebérrimo blogdelnarco.com), por no señalar por ejemplo la foto­grafía periodística, como el realizado por el fotógrafo sinaloense Fernando Brito y su exposición Tus Pasos se Perdieron con el Paisaje (ver zone­zero.com), que nos ofrece una es­trategia que contrapone el horror, a la quietud, dentro de esos recursos que las artes visuales nos dan para sobrellevar el dolor referencial.

Uno de los temas más sensibles, agudizado a lo largo del sexenio, fue la inseguridad de medios y periodistas, que refleja los significados. En 2011, Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, señaló que en México habían asesinado a 66 periodistas, y 12 permanecían desaparecidos en Méxi­co entre 2000 y 2010, lo que convierte a nuestro país en el más peligroso de Amé­rica Latina en el ejercicio de este oficio. Un componente de este escenario es la falta de voluntad política por par­te de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, ya que si bien esta Fiscalía se creó al inicio de este sexenio, todavía no sanciona a un solo responsable, y sólo ha consigna­do a involucrados en cuatro casos. En el documento emitido entonces por la ONU, se señala la ausencia de una política pública integral que ayudara a garantizar la libertad de buscar, así como recibir y difundir, información a través, de cualquier medio, que tie­ne como contexto la imposibilidad de combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, para que ejerza un control activo e infor­mado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

La guerra de las televisoras, o los poderes fácticos contraatacan

En el periodo de Fox los momentos cla­ves son “decretazo de octubre 2002”, “conflicto en el Chiquihuite” (la irrupción violenta de un grupo afín a Tv Azteca al transmisor de Ca­nal 40, para cobrarse a ‘lo chino’ un pleito que iban ganando en lo le­gal) y Ley Televisa o reforma de ley que reforzó el poder de los conce­sionarios más fuertes, propiciando las asimetrías en un mercado, en un espacio que es algo más que un simple mercado o licitación de ban­das y frecuencias. Para el caso del pe­riodo actual sin duda la lucha de las telecomunicaciones en uno de cuyos capítulos se ubica eso que a falta de mejor nombre pudiéramos llamar el “affaire Aristegui” sintetiza muy bien esas liviandades y jaloneos en­tre el campo periodístico, el poder político y el mediático.

Los distintos momentos de esta lucha mediática entre grupos ha sido ampliamente documentada por Zócalo (por ejemplo, N° 133). Hace unos meses la disputa emergió un nuevo capítulo a propósito del fuego cruzado de declaraciones entre el exsecretario del Trabajo, hoy senador del PAN, Javier Loza­no, y el presidente del Consejo de Administración de MVS, Joaquín Vargas, a propósito del intento del gobierno por “rescatar” la banda ancha de 2.5 GHz. Fruto de este nuevo capítulo con acalorado de­bate verbal (por usar un eufemis­mo), se ventilaron conversaciones privadas sobre lo que en febrero 2011 se presentó a propósito del presunto despido de la comuni­cadora, “moneda de cambio” para obtener la anhelada licitación de la citada banda.

Sin duda la agudización de esta guerra de las telecomunicaciones, que lleva ya algunos años, es un rasgo central del sexenio de Calderón, don­de por una parte queda la dificultad del Estado para mediar el conflicto, para ser un garante integral del bien común y del bien público, para legis­lar a favor de la audiencia y no sólo de los propietarios; en suma, para ha­cer un contrapeso a las televisoras. En contrasentido, lo que se observó fue la condescendencia hacia el poder de las televisoras, por lo que resulta difí­cil comprender lo que Calderón pudo haber obtenido de un trato político a todas luces inequitativo, entre la figura presidencial y las televisoras, quienes finalmente no le apoyaron políticamente, correspondiendo a los beneficios y ventajas obtenidas du­rante estos seis años. En la balanza del favor político, sin duda los gru­pos encabezados por Azcárraga y Salinas Pliego recibieron mayores be­neficios a los del CEO del “Grupo Car­so”, Carlos Slim. Dicha disparidad se entiende nuevamente por el cálculo político entre el peso de beneficiar a las instituciones que tanto influyen en modelar la imagen pública.
En su contrainforme, el movimien­to #YoSoy132 resume tres casos, muestra de la política de discreciona­lidad del gobierno de Calderón: la li­citación 21 que favoreció a Televisa y a Nextel; la fusión Televisa-Iusacell, nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas; y el citado caso del “rescate” de la banda de 2.5 Ghz, debido a la presión ejercida por el grupo de Azcárraga.

Las consecuencias que podemos ver a corto plazo son el fortalecimiento de Televisa y Tv Azteca, quienes como socios concentran el 88 por ciento de las concesiones de televisión abierta; el 94.4 por ciento de la audiencia tele­visiva; el 58 por ciento de la inversión publicitaria, lo que lleva a recibir 30 por ciento del gasto de comunicación social federal, según los mismos datos de la Comisión Federal de Telecomu­nicaciones (Cofetel).

Un último apunte, que nos pare­ce importante considerar a la hora de delinear esos grandes ejes de de­bate, está en las consecuencias que ha tenido en el campo del acceso, la calidad de los servicios y el verda­dero avance de una sociedad digital. El gobierno de este sexenio se com­prometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital, así como fomen­tar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso acceso a in­ternet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructu­ra de telecomunicaciones, impide el despliegue de las redes.

La alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior podemos agre­gar el intento de criminalización de los pocos usuarios de internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la infor­mación y a la libre expresión. A estas alturas del sexenio, de los 112 millo­nes de mexicanos, apenas nueve millones tenemos computadora en casa, de los cuales sólo 6.9 millones tienen acceso a internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7 por ciento, colo­cándonos a 2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de menos 8.8 puntos del 39.5 por ciento, que es la media latinoamericana.
En suma, persiste la necesidad de subrayar la importancia señala­da desde 2006 por el Centro de De­rechos Humanos Agustín Pro en su informe anual, donde cita algunos de los pendientes importantes en materia de medios, prensa y tele­comunicaciones: Garantizar espa­cios para las estaciones de radio y televisión comunitarias e indepen­dientes; desarrollar un sistema de te­lecomunicaciones estatal autóno­mo. Además, generar legislaciones que promuevan el carácter público del espectro radio-electrónico que, a su vez, garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación; modifi­car las legislaciones que incorporen acciones penales en el ejercicio del periodismo; regular los supuestos y las modalidades como se debe otor­gar protección especial a periodis­tas y comunicadores en general, y establecer un protocolo para la ade­cuada investigación de amenazas y otros delitos cometidos contra pe­riodistas y comunicadores. Este es­quema general, nos parece, estable­ce una agenda básica en materia de medios y telecomunicaciones, que de alguna forma delinean los deba­tes inconclusos de lo que no parece augurarse algo favorable en el país para el futuro inmediato.

@taniuskaram





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