Indemnización millonaria, por muerte de la suegra de Ruiz Esparza (Documento)
Negociación atípica. Según el documento en poder de AN, el pago se hace para cubrir “los conceptos de responsabilidad objetiva, en razón de las afectación que se ocasionó”.
(Foto: Archivo Cuartoscuro).

Por Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro

Las empresas responsables por el atropellamiento y muerte de la suegra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pagaron una indemnización de 30 millones de pesos para poner fin a una negociación que sólo duró cuatro meses.

Aristegui Noticias obtuvo copia del convenio de transacción mediante el cual las hermanas María del Rocío y Blanca Paloma Dosal Noriega recibieron 15 millones de pesos, cada una, de las empresas Transportes Lipu y Autotransportes Miguel Meza Sánchez.

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Blanca Elena Noriega García fue atropellada el 12 de febrero de 2014 en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, por un autobús escolar.

La unidad era conducida por Víctor Hugo Aguilar Pérez, quien fue detenido y sometido a proceso bajo la causa penal 21/2014.

Tras cuatro meses de negociación, los familiares de Ruíz Esparza y los transportistas se convocaron para firmar el convenio el 12 de junio de 2014 en la Ciudad de México.

Según el documento, el pago se hace para cubrir “los conceptos de responsabilidad objetiva, en razón de las afectación que se ocasionó” a las hermanas Dosal Noriega por la muerte de su madre.

En la cláusula tercera se acordó que las empresas deberían cubrir el dinero en cuatro entregas, distribuidas entre junio y septiembre de 2014.

Según el documento, este acuerdo quedó elevado a “sentencia ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada”, para terminar cualquier disputa relacionada con este tema.

Al final, se incluyen las firmas de los representantes legales de las hermanas Dosal y las empresas responsables.

Relaciones

Lipu tiene 45 concesiones de la SCT para operar y explotar servicios turísticos mediante autobuses de pasajeros.

Autotransportes Meza tiene otros 25 permisos para su flotilla.

Entre 2013 y 2016, ambas empresas obtuvieron 23 contratos por la suma de 11 millones 657 mil pesos por prestar el servicio de transporte de pasajeros a distintas dependencias gubernamentales, de acuerdo con la plataforma Contratobook que permite realizar búsquedas rápidas de contratos y licitaciones públicas en el sistema Compranet.

Por esa razón, ambas empresas sabían que en este caso no podían arriesgarse a una mala negociación o un enfrentamiento con la máxima autoridad responsable de su sector.

La negociación del socavón: víctimas reciben ofrecimientos 10 veces menor

Esta negociación entre privados, sirve como punto de comparación con la indemnización que se ofrece a los familiares de los dos hombres fallecidos en el Paso Exprés de Cuernavaca.

El 12 de julio de este año, dos hombres fallecieron en un socavón que se abrió en la obra supervisada por la SCT de Ruiz Esparza y cuyos trabajos corrieron a cargo del consorcio Aldesa y Epccor.

El abogado de los familiares, Darío Oscos Coria, ha denunciado que la SCT los ha presionado para aceptar una indemnización de 1.5 millones.

Incluso, el secretario llamó por teléfono a una de las familiares convencerla de aceptar el dinero y evitar un juicio largo, según una nota del diario Reforma.

En su comparecencia ante el Congreso, el secretario dijo que ha ofrecido la gestión para “realizar un camino sencillo”, sin necesidad de juicios y que sea satisfactorio para las partes.

Apoyo institucional

El abogado Abel Huitrón Rosete cuenta con experiencia como servidor público y es propietario de su propio despacho denominado Huitrón, Consultores Jurídicos y Contables.

Entre 1994 y 1997 fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. Cuando concluyó el cargo, regreso a litigar.

En septiembre del 2004 lo invitaron de nuevo al sector público, pero ahora en el Gobierno del Estado de México, donde fungió como Subsecretario para la Región Nororiente de la Secretaría de Gobierno.

En septiembre del 2006 se retiró de la administración pública y regresó a su despacho.

A partir de agosto del 2007, se incorporó a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), primero como asesor y posteriormente como Abogado General.

En esa dependencia de gobierno permaneció hasta mayo del 2011. Su periodo en funciones coincide con un fraude de mil 300 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) investigó al interior de la CFE.

Las indagatorias del caso señalan que una red de abogados que laboraba para esa dependencia se dejaba ganar todos los casos en donde la contraparte reclamaba el pago de indemnizaciones, litigios en los que después cobraban una comisión o moche.

En ese mismo periodo, Abel Huitrón Rosete trabajó de manera coordinada con Luis Gerardo Fonseca Guzmán, actual coordinador de asesores de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, instancia que se encarga de regular a todos los transportistas de carga y pasajeros en territorio nacional.



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