Venezuela rechaza observaciones de la CIDH mientras aumenta represión
Autoridades bolivarianas rechazaron el documento de la CIDH por difundir sus conclusiones “sin investigar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos”.
(Foto: Reuters)

El gobierno de Venezuela rechazó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusó de emitir juicios tendenciosos, carentes de objetividad y desconocer los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar la paz, mientras aumenta la represión de las protestas que ya han dejado 81 muertos y miles de heridos.

En un comunicado difundido anoche en Caracas, las autoridades bolivarianas rechazaron el documento de la CIDH fechado el martes pasado, por difundir sus conclusiones “sin investigar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos” en la nación suramericana.

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “enérgicamente” los “operativos adelantados” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mayormente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los últimos días en el país, ante la situación de violencia que se ha registrado desde abril y que ha dejado 80 muertos, miles de heridos y miles de personas detenidas.

En opinión del gobierno venezolano, la CIDH “desatiende su función de promoción y protección de los derechos humanos al no emitir un pronunciamiento que llame a los grupos violentos en Venezuela a deponer su actitud”.

“Reiteramos que esta deliberada omisión es una clara transgresión a la legalidad internacional que debe regir el funcionamiento de la CIDH y se constituye en un respaldo a los sectores que intentan socavar la estabilidad democrática en Venezuela a través del uso de la violencia y vandalismo generalizado”, subrayó.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respeta el derecho a la protesta pacífica y sin armas, a la libertad de expresión y reafirma su compromiso con los derechos humanos de todos quienes habitan en su Nación”, puntualizó.

“En razón a ello -añadió el comunicado-, adelanta todas las acciones necesarias, apegadas al debido proceso, para sancionar a los responsables sean estos civiles o pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado”.

En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial” sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.

Por ello, la CIDH urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados”.

“Resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Estado”, expuso el comunicado.

Las protestas contra el gobierno de Maduro, que comenzaron en abril pasado, ya arrojan un saldo de 80 muertos, unos dos mil heridos y cientos de detenidos.

La víspera, tres jóvenes fueron asesinados, dos de ellos con disparos en la cabeza y el tercero arrollado por un camión, informó la Fiscalía General.

Una marcha opositora contra el gobierno de Maduro fue dispersada en Caracas por la Guardia Nacional (policía militarizada), que usó gases lacrimógenos y perdigones.

Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril pasado, cuando la Asamblea Nacional (Congreso) acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe al despojarla de sus funciones legales con dos sentencias.

Las manifestaciones tomaron nuevo impulso con la convocatoria por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que la oposición califica de fraudulenta y advirtió que intentará impedir la elección de sus 545 miembros, en unas votaciones fijadas para el 30 de julio.

La jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, pidió a la Fuerza Armada declarar los centros de votación como “zona de seguridad”, a fin de evitar manifestaciones en sus alrededores. (NTMX)



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