opinión
“(In)justicia cotidiana y abuso de poder”, artículo de Miguel Pulido
Alegatos por Miguel Pulido
Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro

En el poder judicial la justicia nos llega por goteo y la injusticia a chorros.

Un riguroso informe realizado por el CIDE puso en manos del presidente Peña Nieto evidencia de lo que millones de mexicanos llevan años gritando sin ser escuchados. Sin ir más lejos, en el estudio sobre la llamada justicia cotidiana describen el panorama como preocupante, aunque bien podrían haberlo calificado como intolerable o insoportable.

Si a algo tienen acceso las y los mexicanos es a un drama judicial o a una historia cercana que confirma los hallazgos de los especialistas del CIDE y de otras 17 universidades: la justicia es lenta, inaccesible, deja a las personas en estado de desprotección y genera alicientes para la impunidad. En cinco palabras: la justicia no es justicia.

Pero el sistema tampoco es neutral en su desastre. Un sector saca raja de esto dejando una amplia gama de agraviados. Hay algo que el CIDE dejó fuera y que el Presidente no mencionó: las injusticias cometidas al amparo del poder político.

¿Conoce usted algún caso en el que la justicia operó descaradamente a favor de los poderosos o de su entorno más cercano? ¿Conoce usted un caso en el que ese poderoso es además una figura política?

La historia que a continuación le cuento puede resultarle cercana. Sustituyendo nombres y fechas, es altamente probable que algo similar haya sido de su conocimiento. Humberto Zavaleta Gutiérrez estuvo hasta hace 3 días preso injustamente en un penal de la ciudad de Orizaba. Como muchas otras personas Humberto no estuvo en la cárcel porque haya cometido un delito. Humberto estuvo preso por un conflicto legal que involucra de diversas formas al diputado federal Juan Bueno Torio, del PAN, y porque en su contra se usó cínica y abusivamente el derecho penal. Humberto estuvo preso por las asimetrías de poder y porque impunemente el abogado y la propia familia Bueno Torio trataron como criminal a quien tiene adeudos de carácter civil y mercantil.

Hace casi 4 meses escribí en El Universal (http://goo.gl/ocHSam) que:

“Esta historia condensa la crítica situación de descomposición de nuestras instituciones, particularmente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Involucra a uno de los hombres más poderesos de Veracruz, quien -con una polémica y agitada carrera política- mantiene un público interés por ser Gobernador del Estado.”

“Las hipótesis son pocas y todas críticas. La incompetencia del Ministerio Público y del Juez los llevó a confundir morosidad en un pago con un delito. Si ésta fuera cierta, su conocimiento jurídico es tan primitivo que los veracruzanos deben sentirse en riesgo.”

Conozco el caso a detalle y debo aclarar que mi interés se debe a una investigación más amplia sobre poder simbólico, élites políticas y abuso de poder. Por esa misma razón tuve una entrevista personal con el Diputado Bueno. Para escribir esta columna he leído con atención, entre otros apuntes, la transcripción de los 45 minutos de entrevista que grabé con su autorización. En ella le hice saber que mis preocupaciones eran extremas, que el desarrollo del juicio estaba plagado de anomalías, incluidas advertencias por parte de la Justicia Federal a David Molina -abogado de la familia Bueno Torio- por su comportamiento tramposo en los tribunales y que de acuerdo a entrevistas, ese mismo abogado traficaba con su nombre.

En sus respuestas el diputado aseguró no estar involucrado en los negocios de su familia pero que Humberto “le chingó la lana” a él, que el abogado hizo “las cosas que hacen los abogados” y que “no responde ni mete las manos al fuego” por la ética del abogado que representa a las empresas de las que él es dueño. A pregunta expresa de qué haría si se demostraba que la acusación penal contra Humberto era absurda y un montaje, me dijo que en ese caso hablaría con su familia “para que ya le pararan”.

Hoy Humberto está libre porque se confirmó lo absurda y ridícula de la acusación penal en su contra. Pero su libertad no es un acto de justicia, sino apenas el final tardío de una injusticia cometida por largo tiempo bajo la sombra, o al menos la cercanía, del poder político. De esas se cometen muchas y todos los días y de ellas, aunque los especialistas y el presidente Peña no hayan dicho nada, la sociedad ya está cansada.

*Analista político

@nomus77

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

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